Una trabajadora de una gasolinera tiene que pagar su bolsillo 320 euros porque unos ladrones se llevaron un distribuidor de combustible

Milena Braga, de 26 años, tuvo que enfrentarse a una difícil situación el pasado mes de junio cuando fue obligada a pagar de su bolsillo una deuda de 320 euros por una fuga de combustible en la gasolinera BP en la que trabajaba, situada en la autopista A21 en Malveira, región de Lisboa. La joven, quien formaba parte del personal de la estación, relató cómo un cliente se fue sin pagar y, a pesar de seguir los protocolos de seguridad, la empresa la responsabilizó del coste del robo. Según declaraciones a la CNN de Portugal, Milena intentó averiguar si la empresa tenía un seguro para este tipo de incidentes, pero le informaron que solo se cubrían los daños internos de la tienda.

El problema se agravó porque, según expertos en derecho laboral consultados por la citada cadena de televisión, este tipo de prácticas podría ser ilegal. Pedro da Quitéria Faria, abogado especializado en derecho laboral, explicó que “para que un trabajador sea obligado a pagar el coste de un siniestro a la empresa, primero debe abrirse un procedimiento disciplinario o dictarse una sentencia por un tribunal”.

Sobre el incidente, Milena Braga comentó a la CNN del país luso que, mientras autorizaba el repostaje, observó cómo uno de los clientes, después de llevar varios bidones, se lanzó al maletero del vehículo y, con la colaboración de otro ocupante que estaba al volante, huyeron rápidamente. La joven trabajadora contactó a su superior y, luego, a la policía. Posteriormente, se descubrió que la matrícula del coche era falsa, lo que dificultó la búsqueda de los culpables. Sin más opciones, Milena tuvo que cubrir la deuda a razón de 40 euros mensuales deducidos de su salario.

No son casos aislados en Portugal

Por desgracia, este tipo de situaciones ocurren más de lo que se esperaría, advirtió Cláudia Pereira, sindicalista del Sindicato Portugués de Comercio, Oficinas y Servicios (CESP), quien afirma que muchos trabajadores en Portugal se enfrentan la presión de sus empleadores para pagar pérdidas derivadas de robos o fugas, incluso sin haber sido sometidos a un procedimiento disciplinario.

Similar fue el caso de André Figueira, de 30 años, quien trabajaba en un establecimiento de Telepizza en Monte da Caparica, Almada. André relató cómo un cliente insatisfecho con unas pizzas, recomendadas por el mismo gerente, se negó a pagar y, posteriormente, el joven trabajador fue presionado para cubrir el coste, unos 20 euros. Al poco tiempo, fue despedido bajo el pretexto de “inadecuación al puesto” durante su periodo de prueba.

Rita García Pereira, otra abogada especialista en derecho laboral, subrayó que “incluso cuando hay hechos fortuitos derivados de la propia responsabilidad del trabajador, la empresa solo puede hacer retenciones una vez que tenga una sentencia judicial que lo confirme”. Esta práctica de pasar el coste de los robos a los empleados también ocurre en empresas de seguridad privada, según comentó Rita.

Después de lo sucedido, Milena decidió denuncia la situación a la Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), consiguiendo, después de unos meses, que la empresa BP le devolviera el dinero. Por su parte, la empresa subrayó que las gasolineras son operadas por socios externos y que se pide investigar situaciones como las de Milena.

Todos estos casos sugieren que hay una tendencia preocupante respecto a cómo algunas empresas trasladan los costes de robos y pérdidas a sus empleados, una práctica que, lógicamente, choca con las leyes y derechos laborales vigentes en el país luso. Por ello, tanto abogados como organizaciones sindicales portuguesas insisten en la necesidad de procedimientos formales para garantizar la justicia y equidad en el tratamiento de los trabajadores.

Luís Gonçalves da Silva, abogado y profesor universitario en Lisboa, comentó que, en situaciones normales, nadie espera que los trabajadores arriesguen su vida para impedir un robo, poniendo en cuestión la legalidad de estas demandas empresariales sin un proceso disciplinario previo.