Una pareja de jubilados inquilinos acumula una deuda de 8.000 euros de alquiler y facturas de luz y agua: “No me pagan y no tienen vergüenza”

El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas se sitúa continuamente en el centro del debate público en España. En 2023 se denunciaron 15.290 casos. De momento, no se conocen datos de este 2024. Sin embargo, Teresa es una de las nuevas víctimas de este problema.

Teresa es la propietaria de un piso en Cádiz (Andalucía) y está viviendo una situación desesperante con sus inquilinos, una pareja de jubilados que le ha dejado de pagar el alquiler y los suministros, llegando a acumular una deuda de más de 8.000 euros. Según informó Espejo Público, esta cantidad incluye 3.718 euros correspondientes al alquiler, los gastos de luz y agua, y 5.400 euros en costes legales relacionados con el proceso judicial. La arrendadora explica que esta pareja llegó a pagarles un mes de fianza y dos mensualidades, momento desde el que no volvieron a ver un euro.

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Sin embargo, no es solo la falta de pago lo que la propietaria denuncia, si no también la actitud agresiva de los arrendatarios. Según declaraciones de los vecinos, estos tienen que sufrir “insultos continuos”, especialmente si “no le bailas el agua”.

En una entrevista con Espejo Público, uno de los inquilinos, Emilio, reconoció que no están pagando el alquiler, no obstante, también aseguró a la cadena de televisión que no tardarían en abandonar la vivienda. “Nos vamos ya, la semana que viene”, explicó, aunque la propietaria asegura que les han amenazado con llevarse los muebles: “Me lo dijo en toda mi cara, que cuando se fuera se lo iba a llevar todo. No tiene vergüenza.

Teresa asegura que si la pareja le hubiera dicho que tenían problemas de dinero, esta les hubiera hecho una rebaja en el precio del alquiler, o les hubiera permitido pagar solo los suministros durante un tiempo. De hecho, fueron a negociar con ellos, momento en el que intentaron pegarle con un cenicero en la cabeza a su marido, según expresa la propietaria en el programa.

Por el momento, el proceso judicial sigue su curso. Los propietarios han denunciado la situación, y los arrendatarios ya han recibido una notificación del juzgado.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se produjeron 15.290 denuncias por ocupación ilegal en España -un 0,057% del total de viviendas-, lo que supone un descenso del 8,8% respecto al año anterior, cuando se registraron 16.765 ocupaciones en el país.

En este escenario, Cataluña es la comunidad que concentra el mayor porcentaje de ocupaciones con el 40,9% del total, seguida por Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Frente al descenso de las ocupaciones se ha producido un incremento en el tiempo que el propietario de una vivienda ocupada tarda en echar a los okupas del inmueble. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, se tarda 23,2 meses, si se suma el periodo medio de los procedimientos de los juzgados de primera instancia y, en caso de recurso, los de las audiencias provinciales.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, anunció el pasado viernes que todas las comunidades autónomas gobernadas por su formación pondrán en funcionamiento un servicio de atención y asesoramiento jurídico para personas víctimas de la ocupación.

Martín explicó en declaraciones a medios de comunicación que la idea de esta propuesta es que aquellas familias afectadas por la ocupación tengan la posibilidad de disponer de información y orientación jurídica para intentar hallar una solución al problema.