El novio de Ayuso emprende acciones legales por difamación contra el director de comunicación del PSOE, la ministra Morant y Rita Maestre

Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido emprender acciones legales, debido a las acusaciones que considera difamaciones persistentes en su contra, por parte de diversas figuras políticas de los partidos de la oposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante los últimos meses. Este martes se ha dado a conocer que ha solicitado a un juzgado madrileño actos de conciliación con varios políticos de la oposición. Esto sería un paso preliminar antes de una posible demanda formal por injurias, calumnias y daños morales, según ha adelantado en exclusiva El Confidencial.

Alberto González Amador ha involucrado en estas acciones legales a diversos políticos: el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el diputado socialista José Zaragoza, y a la concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, según han confirmado fuentes de su equipo de defensa, dirigido por el abogado Gabriel Rodríguez Ramos.

Con la presentación de las papeletas de conciliación, Alberto González Amador busca una retractación y una compensación económica por parte de los denunciados, con cifras que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros, de acuerdo con las fuentes que han adelantado la información. Los textos presentados ante el juzgado se sustentan en las declaraciones públicas de dichos políticos, todos ligados a los partidos de la oposición al Partido Popular, sobre la investigación en curso por fraude fiscal contra el empresario. Alberto González Amador argumenta que estas declaraciones contienen “especulaciones o conjeturas completamente infundadas con las que se pretende instrumentalizar políticamente su figura”.

Para el novio de Isabel Díaz Ayuso, el propósito detrás de estas manifestaciones es “manipular a la opinión pública y desviar la atención mediática de los presuntos casos de corrupción que afectan al actual Gobierno de coalición e incluso a familiares cercanos al presidente”.

Estas acciones legales no son las primeras tomadas por Alberto González Amador en su lucha por defender su honor de las declaraciones públicas de algunos políticos. En julio, un juzgado citó a la vicepresidenta María Jesús Montero para un acto de conciliación similar, donde el empresario reclamó 40.000 euros por unas declaraciones que, según él, revelaban secretos personales y dañaban su imagen pública. La estrategia de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid parece clara: buscar la reparación del daño moral antes de proceder con acciones judiciales más contundentes.

Tal y como han indicado también desde el diario digital citado, estas acciones formales pretenden ser un paso inicial dentro del contexto de una posible futura querella por injurias y calumnias o una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la pareja de la también presidenta del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se espera que estos actos de conciliación puedan derivar en un acuerdo que evite llevar finalmente los casos a juicio.