El BOE volverá a traducirse al catalán por 273.000 euros

El acuerdo comenzó a efectuarse en 1998 hasta su extinción el pasado octubre de 2020, después de que se modificara la ley del Régimen Jurídico del Sector Público

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Jesús Hellín/Europa Press)
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Jesús Hellín/Europa Press)

Ya es oficial: el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará las leyes orgánicas y ordinarias estatales, los reales decretos ley y los legislativos y las disposiciones generales estatales en catalán. El convenio, firmado el pasado mes de julio, se publicó este lunes 2 de septiembre. Entre lo acordado por la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, presidida por Salvador Illa, se ha establecido que la vuelta del BOE en catalán costará al Gobierno de España 273.000 euros. El coste por palabra traducida durante el primer año será de 3 céntimos, aunque el precio podrá actualizarse de manera anual.

La traducción será realizada por la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones e incluirá la preparación de los textos a traducir para asegurar su permanente congruencia con la redacción propia del Suplemento del BOE en catalán, un control de la calidad de los textos traducidos y una revisión de los documentos finales en PDF. La publicación se realizará mediante un suplemento exclusivamente en formato electrónico, manteniendo el orden cronológico del BOE y publicando versiones completas o con vínculos a documentos en castellano-

Más de dos décadas de acuerdo, que se retoma tras un parón de casi cuatro años

Este acuerdo no es nuevo. Hace 26 años, en 1998, se estableció la traducción al catalán de las disposiciones estatales publicadas en el BOE, en un acuerdo firmado por Francisco Álvarez-Casco, vicepresidente de José María Aznar, y Xavier Trias, conseller de la Presidencia de Jordi Pujol. Este convenio, que se publicó en el BOE número 99 el 25 de abril de 1998, tenía una vigencia inicial de cinco años, prorrogándose automáticamente por períodos sucesivos de un año, a menos que alguna de las partes decidiera denunciarlo.

Y así fue hasta hace cuatro años. Con la modificación de la ley del Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio quedó extinguido el pasado 2 de octubre de 2020, dejando de publicarse el suplemento en catalán del BOE desde esa fecha. Su disposición adicional octava estableció que los convenios vigentes debían adaptarse a la nueva normativa en un plazo de tres años, a partir de octubre de 2016. Sin embargo, esa adaptación nunca se llevó a cabo. Incluso durante unos siete meses, el Govern asumió los costes en solitario.

El presupuesto asignado para este proyecto asciende a 273.000 euros, lo que permitirá no solo la traducción, sino también la publicación y difusión del BOE en catalán. Este suplemento incluirá todas las disposiciones generales de ámbito estatal que afecten a Cataluña, facilitando así el acceso a la normativa estatal en lengua catalana a los ciudadanos y entidades de esta comunidad. El restablecimiento del “Suplemento en catalán del BOE” se alinea con el objetivo del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, que promueve la utilización de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en la difusión de la legislación estatal. La voluntad de ambas administraciones de retomar esta colaboración responde a la utilidad demostrada por el suplemento en catalán como instrumento para difundir y extender el conocimiento de la legislación estatal en las lenguas cooficiales.

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