Ricos, solteros y latinoamericanos, los inquilinos que disparan el precio del alquiler de temporada en España

Los precios del alquiler en España no tocan techo. La escasez de oferta de viviendas ha elevado el coste de las rentas un 9,8% en el último año, hasta colocar el precio del metro cuadrado en máximos históricos de 13,1 euros de media. Este incremento se dispara en las grandes capitales como Madrid, con una escalada del 14,3% en los últimos 12 meses y donde el metro cuadrado se paga a 19,9 euros. Algo menos que en Barcelona, donde la remontada de las rentas ha sido del 11,8% en el mismo periodo, con el coste del metro cuadrado a 21,6 euros, el más caro de España.

La subida del alquiler se ha producido tanto en el permanente como en el de temporada, al que los caseros han desviado una parte importante de los inmuebles en renta para aumentar sus beneficios. Y es que la demanda de arrendamientos temporales no para de subir por parte unos inquilinos cuyo elevado poder adquisitivo les permite pagar los altos precios que exige el mercado.

Se trata, principalmente, de nómadas digitales -profesionales que pueden trabajar en remoto desde cualquier lugar- que representan una tercera parte de la demanda de estas viviendas en renta. Otro tercio son trabajadores de empresas a los que sus compañías trasladan a trabajar a otra ciudad durante un tiempo y la tercera parte se divide entre estudiantes de MBA y particulares en diversas situaciones como divorcios, mudanzas, reformas en su vivienda habitual, entre otros, según recoge un informe elaborado por Homeclub.

Su perfil es similar, tienen entre 35 y 45, con educación superior y un nivel de ingresos alto. Respecto a su estado civil, el 80% son solteros. En cuanto su origen, casi la mitad de estos inquilinos, un 47%, provienen de América Latina, mientras que un 21% son españoles que cambian temporalmente de ciudad o que necesitan una vivienda de manera temporal. Les siguen los inquilinos llegados de otros países de Europa, con el 14% del total; mientras que un 11% proceden de Estados Unidos y Canadá y el 7% los constituyen ciudadanos de otras nacionalidades.

“El perfil del inquilino del alquiler flexible ha evolucionado enormemente a lo largo de los últimos 20 años en España. En su origen, el perfil predominante era el cliente corporativo, mientras que en los últimos años el nómada digital se ha hecho un hueco importante en este segmento”, afirma Daniel Hermoso, cofundador y presidente de Homeclub.

La duración media de la estancia de estos inquilinos es de 3,5 meses, con variaciones estacionales. La temporada alta es de septiembre a diciembre y de finales de febrero a mediados de julio.

Alquilan preferentemente zonas ‘prime’ de las principales capitales como el Barrio de Salamanca, en Madrid, el más demandado, aunque en los últimos años se ha incrementado el interés por zonas de Chamberí y del centro de la capital. En el caso de los nómadas digitales prefieren ciudades costeras que combinan una amplia oferta de servicios y de ocio con una alta calidad de vida, como Barcelona, Valencia y Málaga.

En cuanto al tipo de inmueble, buscan estudios y apartamentos de una o dos habitaciones, que constituyen el 80% de la demanda. Además, buscan propiedades con servicios incluidos, flexibilidad y espacios comunitarios como co-working y gimnasios. El diseño interior también es importante para estos inquilinos.

Estas preferencias se deben a que “cada vez contamos con una fuerza laboral más global y digitalizada que tiene necesidades de alojamiento distintas a las que ofrece el alquiler tradicional, incluyendo una mayor flexibilidad, un servicio integral y la disponibilidad de espacios que les permita compartir tiempo de calidad en comunidad”, explica Daniel Hermoso.

La mayor demanda del alquiler temporal y las rentas más elevadas que genera frente al permanente ha hecho que los caseros opten cada vez más por este tipo de alquiler. Así, en el primer trimestre de este año los alquileres de temporadas han aumentado un 56% respecto al mismo periodo del año anterior, haciendo que su peso en el mercado inmobiliario llegue hasta el 11%. En paralelo, la oferta de alquileres permanentes se desplomó un 15%, según datos de idealista.

Otro de los catalizadores de este traspaso es que los arrendamientos temporales permiten a los arrendadores de escapar a la normativa que regula la Ley de Vivienda, tanto en los precios de las rentas como en los períodos de contrato. Les da más libertad para subir el precio de las rentas a su antojo sin someterse a los topes que establece la normativa sobre los alquileres permanentes.

Otra de sus ventajas es que tampoco deben someterse a las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler, mientras que en el caso de los permanentes el inquilino puede permanecer en el piso hasta cinco años, incluso si en el contrato se ha establecido un plazo inferior.

En definitiva, “el gran atractivo del alquiler temporal radica en que ofrece una mayor rentabilidad y limita algunos de los riesgos asociados al alquiler residencial a largo plazo”, explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Para frenar el coladero de pisos en alquiler permanente al temporal, el Ministerio de Vivienda ha aumentado los requerimientos a los caseros que decidan decantarse por esta opción. Así, los arrendadores que quieran poner su vivienda en alquiler temporal deberán acreditar y justificar la causa que les lleva a realizar esta modalidad de renta al formalizar el contrato. Esta es una de las medidas que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha decidido incluir en el desarrollo del artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

“Esta medida trata de garantizar y proteger el arrendamiento temporal para causas que necesitan este tipo de alquileres”, manifestó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Otros de sus objetivos son que “no se abuse de este tipo de alquiler” y “dar seguridad jurídica a los que necesitan ese tipo de renta”.

Estos contratos, junto a los turísticos y a los de habitaciones, tendrán que registrarse en la plataforma única estatal con la que el Gobierno pretende perseguir posibles fraudes.