Canarias adelanta una batalla judicial con el Gobierno: desde hoy entiende que el menor que llega a sus costas es competencia del Estado

Suenan tambores de guerra en las islas Canarias. Llevaban sonando, en realidad, desde esta mañana, cuando el portavoz del gobierno autonómico, Alfonso Cabello, denunciaba en una rueda de prensa que las ONG recibían “presiones” por parte de los cuerpos policiales y la Fiscalía del Menor para que se hicieran cargo de los niños y adolescentes, como se había evidenciado en los incidentes ocurridos recientemente en la isla de El Hierro.

De este modo, el representante del Ejecutivo canario emplazaba a una nueva postura de las islas respecto a la llegada de menores migrantes una vez terminara la reunión del pacto migratorio, celebrada esta tarde, con el resto de grupos políticos. Tras celebrarse, ha sido el presidente de las islas, Fernando Clavijo, quien ha lanzado a los medios el contundente mensaje: “No es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado”.

De este modo, el político de Coalición Canaria ha asegurado que Canarias no piensa aceptar más menores rescatados frente a sus costas en el seno de las organizaciones humanitarias de las islas. No los considerará, al ser supuestamente competencia estatal, abandonados ni desamparados. “Un migrante que el Estado ha recogido en alta mar y lo ha traído a Canarias lo podía haber llevado a Cádiz. Es más, igual que el menor sale de El Hierro y lo llevan a Tenerife, puede salir de El Hierro e ir a Cataluña”.

Como consecuencia, ha pedido a las ONG que no los acepten sin permiso expreso de la comunidad. “Estamos hablando de un conflicto positivo de competencias”, argumenta Clavijo, “porque la ley del 96 habla de que el menor es competencia de la comunidad autónoma si está abandonado. Pero estando bajo la guardia del Estado, no está ni abandonado ni está, por supuesto, en una situación de desamparo”.

El presidente de la comunidad autónoma también ha explicado el incidente ocurrido en la isla de El Hierro este último fin de semana. La Policía presentaron ante la Fiscalía una denuncia por la negativa de una ONG a acoger a seis menores, alegando que ya no le quedaban plazas ni espacio tras las masivas llegadas a las islas de menores este verano. El Ministerio Público, como consecuencia, envió un requerimiento legal a su Gobierno.

Por ello, en el Consejo de Gobierno se ha acordado renovar la declaración de emergencia migratoria para “impulsar” y “dar máxima prioridad” a aumentar el número de plazas de acogida y contratación de personal. Con todo, Clavijo a insistido en la voluntad del Ejecutivo de “comunicar a las entidades colaboradoras que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”.

Del mismo modo, el presidente ha asegurado haber puesto ya en marcha al equipo jurídico del Gobierno canario para “iniciar estudios y, en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de esta comunidad autónoma”.

Sobre ello, Sebastián Franquis, portavoz del Partido Socialista en las islas, pese a mostrar su apoyo ante la idea de hacer cumplir los protocolos y proteger a las ONG de posibles consecuencias penales, ha mostrado su rechazo ante la idea de comenzar una batalla judicial contra el Gobierno nacional. Franquis, además, ha recordado que fue el PP quien se negó a dar su apoyo para reformar la ley de Extranjería y fomentar la solidaridad entre las comunidades autónomas ante la sobreocupación.