Tres días para elegir un presidente: el CGPJ busca el acuerdo antes de que comience el nuevo año judicial

Cinco años de bloqueo son difíciles de desterrar. Tras su reciente renovación, el Consejo General del Poder Judicial parece enquistado frente a la votación de su nuevo presidente o presidenta. El pleno tendrá que elegir a uno de entre los siete candidatos, cinco mujeres y dos hombres, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo. El objetivo: hacerlo antes de que empiece el nuevo año judicial, el miércoles 4 de septiembre.

Quien se alce con el cargo necesita el apoyo de tres quintas partes de los vocales, lo que obliga al bloque progresista y conservador a llegar a un acuerdo. Sin embargo, las tres últimas jornadas de votación (el martes 30 de julio, el miércoles 31 y el 5 de agosto) no han conseguido dar con un veredicto final. Este lunes, los vocales vuelven a reunirse para buscar el consenso una vez más.

Las candidaturas progresistas optan por que haya una presidenta por primera vez en la historia del órgano judicial: Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso, como clara favorita del bloque, son las propuestas por los vocales para el puesto. Desde el lado conservador, han traído a la mesa los nombres de Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas como candidato predilecto.

Por un lado, Lucas es conocido por su labor de control judicial dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desde donde emitió las resoluciones relativas a las escuchas de diversos políticos independentistas en el marco del ‘caso Pegasus’. Por el otro, Teso ya fue candidata a la presidencia en 2013. Su carrera judicial le ha llevado a los Juzgados de Parla, Barcelona, Collado-Villalba y Madrid. Como magistrada, ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Los vocales son conscientes de la necesidad de avanzar en la elección y esperan superar el impasse antes del miércoles. Las negociaciones no paran, pero los nombres parecen haberse dejado a un lado ante el evidente bloqueo. Las conversaciones, según han reportado diversos magistrados a EFE, son constantes y se centran en hablar de programas y objetivos de la futura presidencia, pese a no saber quién la ocupará.

La Ley de Paridad, que entró en vigor el pasado 22 de agosto, parece complicar aún más las votaciones: la norma exige una representación paritaria en el gobierno de los jueces. Actualmente, se llega al mínimo de 40% de mujeres exigido (8 de 20). Sin embargo, hay debate en si la figura de la presidencia se ve afectada por este requisito: los conservadores entienden que no, pero los progresistas consideran lo contrario y por ello empujan por una representante femenina. Desde el bloque conservador recuerdan que entre sus candidatas se encuentran dos mujeres, Lamela y Córdoba, pero no convencen a sus compañeros.

Lamela fue instructora en el juicio del procés antes de que pasase a manos del Supremo y llevó la causa contra el exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, absuelto del delito de sedición del que le acusaba la Fiscalía. Fue ella quien decidió enviar a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart al considerar que sus concentraciones frente a la Consejería de Economía no fueron pacíficas, una condena duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional. Por su parte, Córdoba fue letrada del CGPJ. Se encargó del Servicio de Inspección hasta que en el 2020 pasó al Tribunal Supremo