Del caso Begoña Gómez al juicio a Rubiales pasando por la ley de amnistía: así se presenta el nuevo curso en los tribunales

Los avances en la instrucción de las causas que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez marcarán la actualidad en el nuevo año judicial

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Pedro Sánchez saluda a Luis Rubiales durante una recepción en Moncloa. (Reuters)
Pedro Sánchez saluda a Luis Rubiales durante una recepción en Moncloa. (Reuters)

Con la llegada del mes de septiembre, los tribunales vuelven a la plena actividad en un nuevo curso judicial que se avecina convulso. Algunos casos que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez experimentarán importantes avances y otros de notable trascendencia mediática entrarán ya en fase de juicio oral. Todo ello con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado que aún no ha sido capaz -este lunes hay un nuevo pleno- de elegir al que será su presidente y el del Tribunal Supremo.

El caso que ha copado la actualidad judicial en los últimos meses es el que tiene como protagonista a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En el Palacio de La Moncloa tienen todas las expectativas puestas en este mes de septiembre, ya que será el próximo día 30 cuando la Audiencia Provincial de Madrid delibere y resuelva sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Gómez para pedir el archivo de la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado.

Por el momento, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid avanza en su controvertida instrucción y ya tomó declaración esta última semana de agosto a varios testigos, entre ellos los representantes de Reale Seguros y Fundación La Caixa, patrocinadores de la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Avances en el caso Koldo

Otra de las causas que afectan al Ejecutivo de Sánchez y que ha cursado novedades en los últimos días es el denominado caso Koldo. En una reciente resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al Gobierno la auditoría interna del actual Ministerio de Transportes que apunta al exministro José Luis Ábalos como el máximo responsable de la primera compra millonaria de material sanitario a la empresa clave de la trama. La instrucción del caso afecta cada vez más al Ejecutivo y el juez ya ha preguntado a la Fiscalía si llama a declarar a Óscar Puente en calidad de testigo.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
El exministro de Transportes José Luis Ábalos. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Juicio del caso Mascarillas

El otro gran caso sobre compra de material sanitario en la pandemia es el denominado caso Mascarillas, que el próximo año 2025 irá a juicio. En el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid se sentarán los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, a quienes se acusa de una estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid durante el inicio de la pandemia. El fiscal pide 15 años de prisión para Luceño y nueve para Medina.

La Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales por el beso a Jenni Hermoso.

Luis Rubiales, en el banquillo

También llegará a juicio en febrero de 2025 el caso Rubiales. En concreto, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones contra la futbolista Jenni Hermoso por el beso presuntamente no consentido que le dio en la final del Mundial de Australia en agosto de 2023. La Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión para Rubiales, mientras que solicita un año y seis meses de prisión para el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la Selección masculina Albert Luque y el ex responsable de marketing de la RFEF Rubén Rivera.

La ley de amnistía, al Constitucional

En lo que concierne al plano político, cabe esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley de amnistía después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo plantease una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que “establece un desigual tratamiento de los delitos cometidos y sus autores exclusivamente determinado en función de su ideología o de sus propósitos políticos”.

González Amador y García Ortiz

El nuevo curso judicial también traerá consigo avances en las causas cruzadas en las que están investigados la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El primero aún no ha declarado por el fraude fiscal que investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, mientras que el segundo está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su posible imputación por revelación de secretos por el comunicado que emitió la Fiscalía de Madrid para desmentir algunas informaciones sobre el novio de Ayuso.

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