Los acuerdos de migración circular pactados por el Gobierno en África “son un primer paso para luchar contra las mafias”: así funcionan estos programas

En la misma semana en la que se han cumplido 30 años de la llegada del primer cayuco a las islas Canarias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado inmerso en una gira por Mauritania, Gambia y Senegal con el objetivo de reforzar la cooperación policial y económica con estos países para reducir las entradas irregulares de migrantes a España, donde entre el 1 de enero y hasta el 15 de agosto de este año han llegado 31.155 personas. Para ello, el Ejecutivo ha firmado tres “memorandos de entendimiento” en materia de migración circular que permitirán la formación y contratación de trabajadores en origen para que vayan a ejercer una labor concreta en España de forma temporal y, cuando finalice, regresen a sus comunidades.

No se trata de una iniciativa nueva, pues España trabaja con programas de migración circular desde el año 2000, cuando se aprobó la Ley de Extranjería, un mecanismo que se utiliza principalmente en sectores con dificultades de cobertura de vacantes como la agricultura o la construcción y que incorpora el modelo de contrato fijo-discontinuo y autorizaciones de cuatro años, que habilitan a trabajar hasta un máximo de nueve meses al año. “Esto permite que puedan venir todos los años a trabajar y que retornen tras ese periodo con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada”, informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de impulsar estos acuerdos.

En opinión de Daniel Arencibia, abogado experto en migraciones, aunque los programas de migración circular “no resuelven los problemas de las personas que huyen de un país por la falta de oportunidades”, suponen, sin embargo, un primer paso para “poder combatir a las mafias” que trafican con ellas y ponen sus vidas en peligro. “Es una apuesta por las vías legales y seguras, por tomar las riendas de la política migratoria en vez de dejarla en manos de terceros países”, señala a Infobae España. El experto considera que la única manera de “competir con las mafias es ofreciendo a las personas migrantes una alternativa más segura, legal y transparente”, lo que también debe incluir, a su juicio, “un control de identidad”, de forma que, “si hay un comportamiento delictivo, esa persona pueda ser devuelta a su país”.

Desde el Gobierno destacan que los acuerdos de migración circular ofrecen una “triple ganancia”, tanto para el trabajador y el tejido empresarial del país receptor, como para “el país de origen como herramienta de cooperación”, aunque desde las organizaciones humanitarias que trabajan por los derechos de los migrantes prefieren “ser prudentes” y esperar a conocer los detalles de estos nuevos pactos firmados con Mauritania, Gambia y Senegal. Además, las condiciones de trabajo y alojamiento dependen de las empresas, si bien la Organización Internacional de las Migraciones debe después comprobar que esos lugares cumplen una serie de requisitos.

Y a pesar de que este tipo de acuerdos ya se aplican desde hace años en otros países, los que acaba de pactar el Gobierno con Mauritania, Gambia y Senegal han sido criticados por el Partido Popular, al considerar que producirán un “efecto llamada”.

Cabe recordar que con la reforma de la Ley de Extranjería en el 2022 se simplificaron algunos trámites de los programas de migración circular que actualmente funcionan en el país, de forma que ahora se realizan una vez cada cuatro y no anualmente como antes. “Esto reduce de manera muy relevante todas las cargas administrativas para las empresas y las personas que migran”, añaden desde el departamento que dirige Elma Saiz. Además, tras el primer periodo de cuatro años, el trabajador podrá pedir una autorización de residencia y trabajo de dos años en España con la que podrá trabajar por cuenta propia y ajena.

Hasta hace unos años, esta iniciativa se limitaba, principalmente, a mujeres marroquíes que trabajaban en las campañas de recogida de la fresa en Huelva, y con el tiempo se ha ido ampliando el conjunto de países de origen. En 2022, se firmaron convenios con países como Marruecos, Colombia, Honduras y Ecuador, y vinieron 19.100 trabajadores a España, mientras que en 2023 se amplió a otros tres países: Senegal, Argentina y Uruguay, y se beneficiaron de ellos unas 17.200 personas.

En 2024 ya son Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania, Ucrania, Honduras, Senegal, Perú, Guatemala, Uruguay y Argentina, según ha señalado el Ministerio, que asegura que también trabaja con aquellos Estados con los que colabora en esta materia: Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Senegal, Mali, Níger, México, El Salvador, Filipinas y Paraguay. En 2024, hasta la fecha, han venido un total de 20.515 trabajadores.

Según diversos estudios, España necesita unos 300.000 trabajadores migrantes al año para sostener el Estado del Bienestar.