Las autonomías del PP dispondrán de servicios de atención y asesoramiento jurídico para víctimas de ocupación

Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se produjeron 15.290 denuncias por ocupación ilegal en España, lo que equivale al 0,057% del total de viviendas

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alquileres, renta, firma de contratos, edificios, apartamentos, departamentos, compra y venta de inmuebles, inmobiliaria, bienes raíces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha anunciado este viernes que todas las comunidades autónomas gobernadas por su formación pondrán en funcionamiento un servicio de atención y asesoramiento jurídico para personas víctimas de la ocupación.

Martín ha explicado en declaraciones a medios de comunicación que la idea de esta propuesta es que aquellas familias afectadas por la ocupación tengan la posibilidad de disponer de información y orientación jurídica para intentar hallar una solución al problema.

Según ha expuesto Martín desde la madrileña sede de Génova, son entre 15.000 y 17.000 los delitos y faltas que cada año se producen en España en materia de ocupación, y desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa estos delitos se han incrementado en un 39%.

“Frente a esto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a dar una respuesta, van a poner en común servicios para atender a las víctimas de la ocupación, a esas familias que han dedicado el ahorro de toda una vida a comprar un piso para ponerlo en alquiler y que ven que es ocupado o que dejan de pagar los inquilinos el alquiler”, ha argumentado Martín.

Caen las ‘okupaciones’

Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se produjeron 15.290 denuncias por ocupación ilegal en España -es decir, se ocuparon un 0,057% del total de viviendas-, lo que supone un descenso del 8,8% respecto al año anterior, cuando se registraron 16.765 ocupaciones en el país.

En este escenario, Cataluña es la comunidad que concentra el mayor porcentaje de ocupaciones con el 40,9% del total, seguida por Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Frente al descenso de las ocupaciones se ha producido un incremento en el tiempo que el propietario de una vivienda ocupada tarda en echar a los okupas del inmueble. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, se tarda 23,2 meses, si se suma el periodo medio de los procedimientos de los juzgados de primera instancia y, en caso de recurso, los de las audiencias provinciales.

El PP presentará su propia ley de vivienda y suelo en el senado

Asimismo, Paloma Martín ha recordado que el PP presentará su propia ley de suelo y vivienda en el Senado, un texto en el que los de Alberto Núñez Feijóo llevan trabajando julio y agosto y que, subraya la vicesecretaria, es “reformista” y busca dar respuesta “a las necesidades de la vivienda en España”.

“Las decisiones del Gobierno de Sánchez vienen estrangulando el mercado de la vivienda en los últimos años, y esta situación hay que revertirla”, ha argumentado Paloma Martín, para advertir también que la vivienda se está convirtiendo en una “emergencia nacional” ante el incremento de precios y la ocupación que, asegura, han provocado la Ley de Vivienda aprobada en la legislatura pasada.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín. (A. Pérez Meca / Europa Press)

*Con información elaborada por Europa Press

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