Granada amplía sus restricciones a los pisos turísticos y limitará su número por barrios

El incremento de pisos turísticos continua generando un impacto significativo en el mercado inmobiliario. En febrero de este 2024 había un total de 351.389 apartamentos turísticos en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más alta desde que se tienen registros y ya representan el 1,33% del total de viviendas en territorio español. Las comunidades que más concentran este tipo de alojamientos son Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Por ello, ya son numerosas las regiones que han comenzado a establecer sus límites.

Uno de los municipios que ya tomó cartas en el asunto fue Granada, que optó por suspender temporalmente las nuevas licencias. Sin embargo, sus medidas no se han quedado ahí. Este jueves, el Ayuntamiento granadino ha asegurado que en el último trimestre de este año revisará sus restricciones a los alojamientos turísticos y limitará su número por barrios para garantizar la compatibilidad entre el sector y el día a día de los vecinos.

Su alcaldesa, Marifrán Carazo, ha explicado a los medios de comunicación que la ciudad ya había dado los primeros pasos para abordar un control del sector con la suspensión temporal de nuevas licencias de pisos turísticos -una revisión de la norma aprobada en pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia- y que, para continuar en esta senda, el Ayuntamiento espera los datos de un informe externo encargado para analizar la actualidad de los pisos turísticos. Datos con los que se confía “alumbrar los pasos posteriores”.

A nivel estatal, el Ejecutivo redactará de nuevo la Ley de Propiedad Horizontal, con la que pretender ajustar los términos en los que las comunidades de vecinos pueden permitir o no que se instale un piso turístico en el edificio. Sin embargo, tanto los municipios -a nivel local- como las comunidades autónomas también se han puesto manos a la obra en el último año para afrontar la situación.

El pasado mes de abril, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid decidió suspender el otorgamiento de licencias para viviendas turísticas en la capital, mientras que trabaja en la aprobación de la Modificación del Plan General, prevista para el primer trimestre de 2025.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, anunció el pasado mes de julio que está diseñando un plan para eliminar en un periodo de cinco años (hasta 2029) la totalidad de los pisos turísticos con el objetivo de que pasen a ser de uso residenciales y paliar el problema de vivienda que existe en la Ciudad Condal, según informó su alcalde, Jaume Collboni.

La semana pasada se conocía que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, había propuesto la implementación de una tasa específica por cada pernoctación en una vivienda turística. Este gravamen, que sería aplicado a plataformas como Airbnb y otras similares, tendría como objetivo principal recaudar fondos para subvencionar el alquiler de las familias más vulnerables.

A finales del mes de mayo, el Gobierno de Asturias aprobó una nueva regulación que refuerza el control y endurece los requisitos para las viviendas turísticas en la comunidad, incluyendo sanciones que podrían suponer el desembolso de hasta 100.00 euros para los propietarios y compañías que no cumplan con la normativa.

Castilla-La Mancha fue una de las comunidades más previsoras aprobando un decreto en 2018 por el que “se establece la ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico”.

Una de las consecuencias del cambio de pisos de alquiler permanente a vacacional es la disminución de la oferta de viviendas de alquiler permanente. El objetivo que han perseguido sus propietarios con este movimiento es esquivar la Ley de Vivienda, aprobada el año pasado por el Gobierno, que no regula el alquiler turístico y que les permite establecer el precio de las rentas que consideren oportuno sin ningún tipo de limitación.

Es decir, la alta demanda de viviendas turísticas ha reducido la disponibilidad de alquileres a largo plazo, incrementando los precios y dificultando el acceso a la vivienda para los residentes los locales.