Trabajar de más mata: retrasar la jubilación un año aumenta el riesgo de morir antes de los 70 años

“Trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, este lema repetido insistentemente por los psicólogos cobra protagonismo tras la publicación de un nuevo informe de Fedea en el que señala que retrasar un año la jubilación incrementa el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. Para evitar muertes anticipadas, los autores del estudio recomiendan establecer distintas edades de jubilación dependiendo de cada tipo de empleo y potenciar mecanismos de flexibilidad.

Inciden en que el riesgo de morir anticipadamente aumenta en las profesiones que exigen más esfuerzo físico y en las que producen un mayor estrés emocional y mental. Mientras que el riesgo disminuye en aquellos empleos que permiten la jubilación parcial reduciendo horas de trabajo a partir de cierta edad. Para llevar a cabo este informe, sus autores han analizado el impacto que generó una reforma aprobada en 1967 que endureció la jubilación anticipada.

El informe da cifras y establece que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable de 8.564 euros por trabajador. Mientras que retrasar la jubilación genera de media una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros y un ahorró a la Seguridad Social 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Todo ello aporta a la Seguridad Social una ganancia fiscal de 5.213 euros tras la reforma.

Ante estos cálculos, los expertos consideran que “los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”.

Para evitar consecuencias negativas, los autores del estudio demandan diseñar minuciosamente los cambios en las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. Aconsejan tener en cuenta “el grado de exigencia física, emocional y mental” de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos.

Otra medida que, a su juicio, sería positiva es introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.

Las recomendaciones de Fedea contrastan con el impulso de medidas que el Gobierno está llevando a cabo para incentivar la jubilación demorada. La última la propuso el pasado mes de junio al plantear a los agentes sociales la posibilidad de que aquellos que retrasen su retiro voluntariamente más allá de la edad legal ordinaria puedan recibir los incentivos actuales cada seis meses a partir del segundo año de demora.

El objetivo del Gobierno de fomentar la jubilación demorada se reflejó en la reforma de las pensiones llevada a cabo por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que introdujo dos incentivos para animar a retrasar la jubilación consistente en un 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente por cada año completo en que se demora el retiro más allá de la edad legal ordinaria o una cantidad fija a tanto alzado por cada año que se cotice de más, que se abonará en un pago único al pensionista que decida voluntariamente seguir trabajando.