El pasado 7 de marzo, la compañía húngara Magyar Vagon, por medio del consorcio Ganz-MaVag Europe, anunció su intención de comprar el 100% de la compañía ferroviaria española Talgo a cinco euros por título, por un total de 619,3 millones de euros, en una operación que contaba con el visto bueno de los accionistas y el consejo de administración de Talgo. Un mes más tarde, el 4 de abril, registraba una solicitud ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para adquirir Talgo por esa misma cantidad. Según el consorcio húngaro, este precio representaba una prima del 14,4% con respecto al valor de las acciones de la empresa en ese momento y del 41,4% con respecto a la media de los seis meses previos.
Al mismo tiempo que se conocía la noticia, el grupo opante garantizaba el cumplimiento de una serie de condiciones para preservar la “españolidad” de Talgo, incluyendo la promesa de mantener su cotización en la Bolsa española o de conservar los empleos y los centros de producción que la empresa tiene en Álava y Madrid. Además, aseguraba que esta operación permitiría crecer a Talgo, al contar con varias plantas húngaras de producción y mantenimiento de trenes.
No obstante, aunque Talgo aseguró que la OPA era amistosa y la consideraba una propuesta atractiva -al igual que su principal accionista, Trilantic, que posee un 40% del capital social y manifestó su intención de aceptar la oferta- el Gobierno no termina de verla con buenos ojos y su autorización es requisito indispensable para poder continuar con las negociaciones, en aplicación de un escudo antiopas aprobado durante la crisis de la pandemia.
Por ello, este martes, la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha rechazado la oferta pública de adquisición, haciendo alusión a “razones de seguridad nacional”.
Cuáles son los motivos del Ejecutivo para rechazar la OPA
Desde que se publicara oficialmente la oferta de Magyar Vagon, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido muy claro que haría “todo lo posible” por frenar la operación, según palabras del propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del pasado mes de marzo. El ministro aludía a temores de que detrás de la operación de compra estuviese el Gobierno ruso de Putin y la ultraderecha, ya que Talgo opera en un sector “estratégico”.
Y es que, por un lado, el 45% del consorcio que busca adquirir Talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro dependiente del Ministerio de Economía, y Hungría está actualmente bajo el liderazgo de Viktor Orbán, que ha tenido roces con la Unión Europea debido a su acercamiento a Rusia y su rechazo a aceptar cuotas de refugiados.
Por otro lado, András Tombor, directivo de Magyar Vagon, fue asesor del Gobierno húngaro durante el primer mandato de Orbán como primer ministro entre 1998 y 2002. Además, Magyar Vagon, la compañía ferroviaria involucrada en la adquisición, fue creada en 2020 por Kristóf Szalay-Bobrovniczky, actual ministro de Defensa de Hungría, y ha logrado consolidarse en el sector ferroviario a través de privatizaciones en su país, beneficiándose de su proximidad al Gobierno. Además, podría haber un interés estratégico oculto relacionado con la guerra en Ucrania, ya que los planes de reconstrucción futuros en la región resultan muy atractivos para muchas empresas europeas, que buscan posicionarse rápidamente en este escenario.
Las razones que ha dado la Junta de Inversiones Extranjeras
La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado “razones de seguridad nacional”, un argumento que coincide con el mensaje previamente expresado por el ministro en marzo. Esto indica que el Gobierno ve la OPA como un problema estratégico debido a que Talgo posee tecnología clave para la movilidad militar en Europa, especialmente en la región báltica, por ello que haya alegado riesgos “insalvables” para la protección de los intereses estratégicos y de la seguridad de España, según ha explicado en una nota el Ministerio de Economía.
Además, el Ejecutivo tenía dudas sobre si las fábricas de Magyar Vagon en Hungría tendrían la capacidad necesaria para resolver los problemas de producción que enfrenta Talgo. Por esta razón, representantes del Ministerio visitaron recientemente estas instalaciones para tomar una decisión informada y fundamentada
El Ejecutivo sostiene que esta decisión de veto se basa en “la normativa española vigente sobre el control de inversiones extranjeras” y se hace con “pleno respeto al Derecho comunitario y a las competencias de la Unión Europea en materia de inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y libre circulación de capitales”.