Qué debe hacer la Guardia Civil ante la llegada de inmigrantes irregulares: así es el protocolo de actuación

Cada año, las costas españolas son testigo de la llegada de miles de inmigrantes irregulares que intentan acceder al país a través de rutas marítimas peligrosas. En total, a 15 de agosto de 2024 han llegado a España de forma irregular 31.155 personas este año, un 66,2 % más que en el mismo periodo del año pasado, cuando lo habían hecho 18.745. Solo a través de la ruta canaria, considerada la más peligrosa del mundo, y en el mismo periodo, han llegado 22.304 personas, frente a las 9.864 personas que llegaron en 2023. Por este motivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancando el curso político, primero, el pasado 23 de agosto con una reunión con el presidente canario, Fernando Clavijo, y ahora, desde el 27 de agosto hasta el jueves 29, con una gira africana que tiene como punto objetivo hacer frente a la crisis migratoria que desborda las Islas Canarias.

El protocolo establece que, una vez que las autoridades interceptan a personas extranjeras intentando ingresar ilegalmente a España por mar, debe iniciarse un procedimiento de devolución. Este proceso, regulado por el artículo 58 de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) y el artículo 23 del Real Decreto 557/2011, implica la repatriación de los inmigrantes al país desde el cual intentaron acceder. La finalidad de esta medida es restablecer la legalidad vulnerada al tratar de entrar sin cumplir los requisitos establecidos.

Desde el momento de la detención, los inmigrantes tienen derecho a una asistencia letrada. La Guardia Civil debe facilitar un espacio adecuado para que se lleve a cabo una entrevista individual entre el inmigrante y su abogado, en condiciones que respeten la confidencialidad y los derechos fundamentales. Esta entrevista permite al abogado verificar el país de origen del inmigrante, identificar posibles solicitantes de protección internacional y asegurar que no se cometan errores que puedan derivar en decisiones incorrectas o injustas. Asimismo, deberá comprobarse si las personas son posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual y en ese caso, notificar a las autoridades policiales. Además, el abogado debe facilitar a los extranjeros una tarjeta con sus datos profesionales: nombre y apellidos, número de colegiado, dirección, teléfono y correo electrónico.

Si durante la entrevista, el inmigrante expresa su intención de solicitar protección internacional o asilo, el protocolo ordena la suspensión inmediata del proceso de devolución. En tal caso, se debe notificar a la Oficina de Asilo y Refugio para que se inicie el procedimiento de asilo. Mientras se decide sobre la admisión de la solicitud, el inmigrante debe permanecer en un lugar seguro y adecuado.

El protocolo también contempla la protección de menores extranjeros no acompañados (MENAS), mujeres embarazadas, personas enfermas y posibles víctimas de trata. En estos casos, la Guardia Civil debe activar los protocolos específicos que aseguren la atención adecuada y la suspensión de la devolución, hasta que se garantice la seguridad y los derechos de estas personas vulnerables. Por ejemplo, si se sospecha que un inmigrante es menor de edad, se debe proceder a una evaluación cuidadosa para determinar su edad y evitar su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Tras esto, se verifica que el plazo máximo de detención (72 horas) no ha sido excedido. De ser así, podría solicitarse un procedimiento de “habeas corpus”, recurso legal que protege el derecho fundamental de toda persona a no ser detenida o privada de su libertad de manera arbitraria. Este mecanismo permite que una persona que se encuentra detenida solicite a un juez que revise la legalidad de su detención.

El abogado debe dejar constancia de todos los aspectos relevantes derivados de la entrevista y asegurarse de que se activen los protocolos de protección correspondientes. Es crucial que no se firme la notificación del acuerdo de devolución antes de realizar la entrevista individualizada y que se planteen las salvedades necesarias en caso de irregularidades.