Los movimientos migratorios son una constante histórica, un fenómeno universal. Hay personas que se desplazan en busca de trabajo y nuevas oportunidades económicas o que deciden reunirse con sus familias, mientras que otras se ven obligadas a huir de conflictos y persecuciones o como consecuencia del cambio climático. Y es una mezcla de todas esas razones por las que en muchas ocasiones emigra la población africana hacia países europeos como España, más concretamente a Canarias, donde entre el 1 de enero y el de agosto de este año han llegado 22.304 personas en 340 embarcaciones, 9.864 más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior.
Una parte importante de las embarcaciones que han arribado en este último tiempo a las costas canarias proceden de Mauritania, Gambia y Senegal, lo que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a viajar esta semana hasta estos países de para suscribir con sus respectivas autoridades nuevos acuerdos de migración circular, proyectos por lo que se contrata a personas en origen para trabajar temporalmente en España y al término de esa labor regresan a su país. Con el objetivo también de reducir los flujos migratorios, otro de los aspectos que el Gobierno pretende reforzar es la cooperación policial y económica, pues en los próximos meses se espera un repunte de llegadas debido a que el mar está más calmado y la navegabilidad mejora.
En ese sentido, el investigador en migraciones Boubacar Seye, presidente de la ONG Horizontes Sin Fronteras, considera fundamental que se llegue a acuerdos con los países de origen para frenar la migración ilegal, pero también pide a España que “no cometa los mismos errores que otros países europeos” como financiar directamente a los Estados “sin supervisión”. “El problema es profundo y requiere romper con los enfoques del pasado para implementar una nueva estrategia, una mucho más efectiva”, dice a Infobae España al tiempo que destaca la necesidad de actuar de manera “más específica y coordinada”.
Por ello, el investigador hace un llamamiento a los Estados a crear “una comisión independiente o delegación es dedicada exclusivamente a esta cuestión” para que junto a los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Interior y de las Fuerzas Armadas “se garantice un seguimiento riguroso de sus actuaciones”. “Es necesaria una financiación integrada que tenga en cuenta todos los aspectos”, insiste.
Los españoles también emigraron en el pasado
Si bien Dagauh Komenan, doctor en Historia Contemporánea especializado en cuestiones migratorias, también comparte la idea de que es necesario supervisar esa financiación, cree las políticas de contención migratoria “no son la solución” para frenar las salidas de las personas migrantes, tal y como ya ha ocurrido en Marruecos. Para el experto lo más importante es ir a la raíz del problema, “entender por qué las personas africanas emigran”, al igual que lo hicieron los españoles, recuerda, desde mediados del siglo XIX y hasta finales de la dictadura.
“Creo que más allá de financiar proyectos o poner a estos países bajo tutela, sería más interesante observar las razones que empujan a la gente a dejar su casa para así ayudarles a desarrollar esas mismas condiciones que permitieron a los españoles dejar de emigrar tras la dictadura para poder quedarse en su país, pues cuando las causas son las mismas, se pueden obtener resultados similares”, indica Komenan. Aunque cada país tiene su especificidad, gran parte de la población joven de Mauritania, Gambia y Senegal comparte un denominador común y es “la falta de perspectiva de futuro”.
Las dificultades de cada país
Pero ¿qué está ocurriendo en cada uno de estos países de África occidental para que buena parte de su población decida arriesgar su vida en el mar para alcanzar territorio europeo? En el caso de Senegal, donde un 75% de sus habitantes es menor de 35 años, la inestabilidad política y social, además de la precariedad laboral, ha llevado a muchos jóvenes a marcharse. De hecho, gran parte de quienes han llegado a Canarias en este último tiempo son pescadores que perdieron su trabajo a consecuencia de la sobrepesca industrial.
Después de tres años de agitación y crisis política, Senegal logró volver a la senda democrática a finales del pasado mes de marzo, tras la celebración de unas elecciones libres y transparentes en las que ganó el líder opositor Bassirou Diomaye Faye, si bien los cambios impulsados por el Gobierno “aún son poco visibles”, explica a este periódico Augustin Ndour Ndong, activista senegalés y político que lleva viviendo en España más de dos décadas. “Hay muchos jóvenes que habían puesto todas sus esperanzas en este nuevo gobierno, pero los cambios llevan tiempo y no van a encontrar un empleo de forma inmediata, por lo que muchos siguen retomando los cayucos”, señala, aunque asegura que el país ha recuperado la calma.
Son precisamente la juventud y la mejora de sus expectativas los pilares fundamentales del nuevo Ejecutivo de Diomaye Faye, además de la soberanía alimentaria, la lucha contra la corrupción y reconducir la explotación de los recursos naturales del país en favor del sector privado nacional, según prometió al asumir su cargo.
En ese sentido, el investigador Boubacar Seye confía en que los acuerdos entre España y Senegal contribuyan a solucionar tanto la falta de trabajo como el acceso a la sanidad o el abandono escolar temprano, además de que ayuden a “simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de visados y a mejorar las condiciones de acogida en el consulado español en Senegal”, con más recursos tanto materiales como humanos.
En el caso de Mauritania, el país se enfrenta a una situación delicada debido a la crisis alimentaria y a la ola de refugiados procedentes de Mali, que vive un conflicto armado desde 2012 que se ha recrudecido con la presencia cada vez más intensa de grupos yihadistas. Amnistía Internacional también alertó en su informe anual sobre la pervivencia de prácticas como la esclavitud heredada por filiación, la ablación y el matrimonio infantil en Mauritania, a la vez que denunció la persecución y asesinato de activistas. Según la organización, también persisten delitos de opinión, como el que castiga con pena de muerte las ofensas al profeta Mahoma, por el cual llegó a ser acusada una estudiante de bachillerato.
Todos esos problemas han empujado, sin duda, a muchas personas jóvenes a dejar Mauritania rumbo a Canarias en busca de nuevas oportunidades.
En Gambia, un país de apenas 2,7 millones de personas y uno de los lugares más pobres del mundo, también son muchos los jóvenes pescadores que deciden arriesgar su vida al subir a una precaria embarcación y poner rumbo a Canarias para tener oportunidades de futuro. En este país, cuya economía depende en gran medida de las remesas, el turismo y la agricultura, el Gobierno ha implementado “políticas de corte neoliberal como son las privatizaciones”, concluye Komenan, de forma que los trabajadores de la economía informal se han visto perjudicados.
La llamada Ruta Canaria cumple este 28 de agosto tres décadas desde que llegó la primera patera y se ha convertido en la más mortífera de Europa y una de las peligrosas del mundo. En estos 30 años han llegado a través de ellas unas 232.000 personas.