72 euros por día en servicios de acogida: qué ayudas da el Gobierno a las personas migrantes irregulares que llegan a España

La reforma de la Ley de Extranjería es uno de los últimos pulsos que se está produciendo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición, liderada por el Partido Popular. Ante la reforma, que pretende agilizar los trámites para empresas contratantes y aumentar la seguridad jurídica de las personas migrantes, así como facilitar la regularización de aquellos y aquellas que estén en una situación más vulnerable, se han encontrado la reticencia de los populares, tanto a nivel nacional como autonómico.

No obstante, otro de los principales recursos del Estado para atender y socorrer a estas personas es el Programa de Atención Humanitaria, destinado a “atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad” que llegan a España a través de “las costas españolas o acceden a nuestro país vía terrestre, por las ciudades de Ceuta y Melilla”.

Para ello, se establecen diferentes servicios, gestionados por la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración y financiados directamente con los Presupuestos Generales del Estado. Dichos servicios son el de acogida, el de traslados, el de atención a grandes ciudades, el de atención a costas o por vía terrestre y el de atención sociosanitaria en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes. A esto habría que añadir otros contemplados en situaciones en los que la cantidad de llegadas creciera de manera extraordinaria.

Además, a las cantidades fijadas para cada uno de estos ámbitos habría que añadir un ingreso extra contemplado para personas con ciertos criterios especiales de vulnerabilidad, tales como tener menores a su cargo, sufrir alguna discapacidad o trastorno físico, estar embarazada o ser víctima de trata de seres humanos o violencia de género, entre otros.

“En los últimos años, el número de llegadas de personas migrantes con necesidad de ser atendidas por el programa se ha incrementado de forma constante”, explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es por ello que se ha buscado con los años nuevas fórmulas para una atención más eficaz.

En esa misma línea se aprobó el Real Decreto 220/2022, con el que se regulaba el “sistema de acogida en materia de protección internacional”. Una legislación a la que acompañó otra resolución en noviembre de 2022 en la que se establecieron las formas en las que, a las entidades acreditadas -13 en total en la actualidad- se les darían las prestaciones para que prestaran los servicios humanitarios, como la Cruz Roja o la Red Acoge.

Cada una de estas entidades recibirá una retribución máxima por cada plaza de acogida que ocupen. Una cantidad que puede ir desde los 24 euros por plaza y día -en el caso de las acogidas de emergencias, que solo se dan en casos de sobreocupación- a los 72, en caso de que se trate de víctimas de trata de seres humanos.

Los más numerosos, sin embargo, son aquellos que reciben un servicio de Acogida Integral (AI), donde se “cubre las necesidades básicas de alojamiento y manutención” y se “dota de unas mínimas herramientas sociales a los beneficiarios”. Para ello, se ofrece una retribución de 42 euros al día por cada plaza.

Una vez calculadas estas cantidades, se explica en la resolución de noviembre de 2022, “hay que considerar los periodos medios de estancia de las personas beneficiarias en los recursos”. Un periodo de tiempo muy variable en los últimos años, pues si a principios de 2020 era de 64 días -2.688 euros en un servicio de AI- para aquellos que llegaban a través del Mediterráneo, esta cifra bajó a los 35 -1.470 euros en AI- en el primer semestre de 2022.

En el caso de la ruta atlántica, “ha oscilando entre 99 días en el primer semestre de 2020 hasta 60 días actualmente , de los que 18 son en Península y el resto en Canarias”. El caso más longevo es el de los solicitantes de asilo, un 25% de los beneficiarios totales. En su caso, “al no existir plazas disponibles en protección internacional para su derivación”, pueden permanecer en los recursos “hasta 18 meses”.

Para el Programa de Atención Humanitaria, se resolvió un gasto total de más de 372 millones de euros entre los años 2022 y 2026. La mitad de este dinero se irá en los servicios de acogida integral, casi el doble de lo que se ha calculado para el servicio especializado en personas vulnerables y ocho veces más de lo que se ha previsto para la acogida de víctimas de trata.

Respecto a gastos extraordinarios, la atención en costas y la atención sociosanitaria en Centros de Estancia Temporal son aquellos extras puntuales con un mayor peso en la planificación, con unos 5 y 6 millones al año en gastos a los que habría que añadir lo que costaran los traslados y la atención en grandes ciudades.

En cualquier caso, es importante recalcar que tales cantidades no son subvenciones directas que reciban las personas migrantes irregulares, sino que son retribuciones que gestionadas por las entidades asociadas, las cuales se encargan de ofrecer servicios tan básicos como el alojamiento, la comida, la asesoría jurídica, la atención sanitaria y psicológica o el uso de un traductor.