Solo medio centenar de policías y guardias civiles españoles para frenar la salida de cayucos desde Mauritania: “Somos un parche, esperan miles”

Pedro Sánchez inicia este martes una breve gira africana de tres días que le llevará a Mauritania, Senegal y Gambia en plena crisis migratoria que ‘castiga’ con dureza las costas canarias. El Gobierno sabe que tiene que hacer algo (la inmigración irregular se sitúa hoy para los españoles como el sexto problema en importancia, según el CIS) y el presidente busca que estos tres países (dos de ellos, Mauritania y Senegal, son punto de origen de la ruta atlántica) se pongan las pilas e intensifiquen políticas y medidas que persigan con resultados a los traficantes de personas y frenen la salida de pateras y cayucos. ¿Cómo? Con la fórmula de siempre: dinero.

Aunque no se esperan nuevos anuncios, Sánchez recordará que se han aprobado recientes y cuantiosas ayudas económicas. En febrero de este año, por ejemplo, España y la UE anunciaron 500 millones de euros para que Mauritania pueda combatir la inmigración irregular y para que uno de los países más pobres del mundo se convierta en una emergente potencia energética gracias a las renovables. En el caso de Senegal, España destinará 180 millones de euros en los próximos cuatro años para priorizar salidas laborales a la juventud senegalesa. La cuestión es si esta visita tendrá los efectos deseados.

De momento, el control del flujo migratorio no está funcionando. El jueves pasado, la ONU actualizó las cifras a 18 de agosto y ya habían llegado a las islas canarias 22.684 personas por vía marítima (el Ministerio del Interior cuantificaba 22.304 inmigrantes irregulares a 15 de agosto). En todo 2023 fueron 39.827. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado saben que actualmente el 80% de las pateras salen de Mauritania (con 700 kilómetros de costa), país en el que España tiene desplegados a policías nacionales y guardias civiles desde hace años. “Ahora somos medio centenar de agentes entre los dos cuerpos. Somos un parche. Hacemos lo que podemos. Es difícil luchar contra las mafias y contra la corrupción, porque no nos engañemos, colaboramos con la Gendarmería local que muchas veces no es de fiar”, explican a Infobae España fuentes que han participado en este operativo.

Los acuerdos de cooperación bilaterales entre España y Mauritania han permitido poner en marcha equipos conjuntos con la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Benemérita, por ejemplo, suele operar con dos patrulleras, un helicóptero BO-105 y periódicamente con un buque oceánico. Ocasionalmente también se suma un avión de patrulla marítima CN-235 en las labores de apoyo. Además, en mayo de 2014 comenzaron a ponerse en marcha patrullas terrestres conjuntas con la Gendarmería para la vigilancia de fronteras. “La lucha contra la inmigración ilegal en Mauritania ha sido considerada modélica por la UE”, señalan desde el ministerio de Asuntos Exteriores. “La eficacia es ahora cero”, señala a este diario un alto mando de la Agencia Europa de Fronteras (Frontex), que en uno de sus últimos informes refleja que “la escalada de violencia en la región del Sahel ya está empujando a muchos migrantes a cruzar desde Mali hacia Mauritania, alimentando la presión migratoria hacia las islas Canarias”.

Y es que a Mauritania y Senegal están llegando miles de personas procedentes de Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Burkina Faso, Malí, Niger, Nigeria y Chad. Desde el ministerio del Interior aseguran que el año pasado se evitó la llegada de más de 8.000 personas desde Mauritania. “Pero eso solo engorda una estadística. Los que son rechazados una vez lo vuelven a intentar y tarde temprano lo consiguen. Ahora hay miles de migrantes esperando una plaza en un cayuco”, aseguran las fuentes antes consultadas. Y eso que los datos demuestran que si hay compromiso es posible hacer un buen trabajo.

La cooperación bilateral en materia de lucha contra la inmigración ilegal puede ser buena, algo que se demostró tras la crisis de los cayucos en 2006, cuando 31.678 personas llegaron a Canarias. Entonces comenzó un buen trabajo (aderezado con importantes ayudas económicas) que redujeron la cifra drásticamente a 450 en 2017. No obstante, a partir del año 2018 se invirtió la tendencia y comenzaron a incrementarse las llegadas de inmigrantes a Canarias, con 1.291 en 2018; 2.702 en 2019; 23.420 en 2020; 22.853 en 202; 15.682 en 2022 y 39.827 en 2023. “Los países punto de origen relajan los controles periódicamente cuando quieren dar un toque a Europa para reclamar más dinero. Es así de crudo”, explican fuentes policiales sobre el terreno.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunieron el viernes pasado para abordar la crisis migratoria. El canario demanda al Ejecutivo central que impulse desde el Consejo de Ministros un real decreto ley para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que obligue al reparto solidario de menores extranjeros no acompañados cuando una comunidad supere el 150% de ocupación, como es la situación actual de Canarias, que ya acoge a más de 5.000 menores. Sánchez no lo hará si no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados de manera previa. El último intento de modificar la ley terminó con un sonoro fracaso después de que PP, Junts y Vox no apoyaran la iniciativa. Lo único que sacó Clavijo de esa reunión fue un compromiso por parte de Sánchez de aprobar una dotación extra de 50 millones de euros como inversión para que el archipiélago pueda seguir afrontando la coyuntura migratoria.

Atender a estos menores cuesta 14 millones de euros al mes. Clavijo insistió tras reunión con Sánchez que el problema de la inmigración “es un drama humanitario y no se trata de un problema político o territorial, se trata de un problema de país, por lo que tenemos que dar, todas las instituciones españolas, una respuesta unánime y coordinada para evitar que Canarias afronte en solitario el haberse convertido en la puerta de entrada hacia Europa”. Clavijo gobierna Canarias en coalición con los populares.