¿Le ha salido competidor al Imserso? Los programas de turismo social de las comunidades autónomas inquietan a las agencias de viajes

A los españoles nos encanta viajar. De hecho, nuestra mayor partida presupuestaria anual se la llevan los viajes. Tanto los conocidos como baby boomers (mayores de 60 años), como la Generación X (entre 45 y 59 años) y los Millennials (de 30 a 44 años) destinaron más del 28% de su presupuesto a viajar en 2023, mientras que la Generación Z (entre 18 y 29 años) invirtió el 22,42%. Así lo asegura el último informe sobre Hábitos de gasto en Europa por generaciones de 2023, elaborado por el banco online N26.

Para ello, los pensionistas (concretamente, los jubilados), históricamente han recurrido al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), institución que les ofrece la oportunidad de acceder a viajes a precios reducidos, con una parte del coste financiada por el Estado. Estos viajes, que se realizan principalmente dentro de España y en algunas ocasiones a otros países durante la temporada baja, brindan una excelente oportunidad para que los mayores puedan disfrutar de ocio y turismo a un precio menor.

En este contexto, son las agencias de viajes las que actúan como enlace principal entre los clientes y el organismo de mayores. En estos establecimientos, los usuarios obtienen información, eligen, y compran los paquetes turísticos, aunque estas empresas actúan únicamente como intermediarias, recibiendo una comisión por su labor. Para la temporada 2024-2025, el Imserso ha abierto casi 900.000 plazas. Sin embargo, parece que le ha salido un competidor: los programas de turismo social impulsados por las comunidades autónomas.

Estos programas comparten el mismo propósito que el organismo nacional: promover actividades culturales y recreativas a través de viajes para personas mayores. Por ejemplo, este 2024, la Comunidad de Madrid ofertó, a través del programa Rutas culturales para personas mayores 2024, más de 1.200 desplazamientos repartidos en escapadas, viajes nacionales peninsulares, rutas a Baleares, Canarias, Portugal y a grandes ciudades internacionales, así como 40 cruceros. Estos viajes se desarrollaron mediante un convenio con la Unión de Agencias de Viajes (UNAV).

Cada comunidad, aprovechando su autonomía, adapta y diseña estos programas de turismo social según lo que consideran más apropiado para sus necesidades específicas, y para ello, no cuentan con subvenciones estatales y no llevan a cabo concursos públicos con los que contratar proveedores del mercado. En otras palabras, no utilizan fondos públicos para financiar la participación de diferentes actores en sus programas, lo que, según la Confederación Española de Agencia de Viajes (CEAV) podría poner en riesgo la rentabilidad de las agencias al no cubrir el exceso del precio que debería ser destinado a beneficios para los usuarios -lo que significa que las empresas de viajes deben asumir ese coste adicional-.

Por ello, la CEAV reclama que se revisen y clarifiquen los criterios de definición de los programas de turismo social que les imponen las diferentes comunidades autónomas para participar en esos programas de turismo social. En un comunicado del pasado mes de julio, la asociación explicaba que “esta participación de las Administraciones Públicas se debe plasmar en la aportación de fondos públicos y no debe conllevar la merma de la rentabilidad de las agencias de viajes”.

Concretamente, el vicepresidente de la confederación, José Manuel Lastra, ha denunciado en declaraciones a EFE que esos programas de turismo social están interviniendo directamente en el mercado: “Sin haber aportación económica por parte de dicho organismo (las comunidades autónomas), se condiciona al mercado de una manera directa, porque se imponen una serie de condiciones, lo cual, evidentemente, limita de alguna forma la libre competencia”, ha explicado Lastra y añade que “hay programas de turismo social” que indican cuáles deben ser los precios “mínimos y máximos”, y todos son costes que están por debajo de los del mercado.

Sin embargo, el presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), César Gutiérrez, ha afirmado a EFE que no ve “ninguna injerencia en la libre competencia” por parte de esos programas autonómicos, y ha explicado que un programa subvencionado trae consigo requisitos adicionales que limitan aún más la participación de las agencias de viajes: “Con las subvenciones siempre tienes que cumplir unos requerimientos ya muchísimo mayores”, ha argumentado.

Sobre una denuncia hecha por la Federación Castellano Leonesa de Agencias de Viajes (Feclav), en la que declaran que el programa del Club de los 60 de Castilla y León tiene una serie de requerimientos, como “un aval desmesurado”, que solo el 3 % de las agencias pueden cumplir, sin permitirle la competencia a la abismal mayoría, el presidente de Fetave ha puesto en duda que solo puedan participar el 3 % de las agencias en este plan de Castilla y León y, aunque ha reconocido que estos avales son la mayor limitación para las agencias, también entiende este requerimiento de la Comunidad Autónoma como una búsqueda de protección para que el programa se realice sin problemas.

Además, ha aprovechado para destacar que las diferencias entre Feclav y la Administración “se podrían solucionar de otra forma”.

*Elaborado con información de Efe