¿Cotizar sin cobrar? El impacto en el mercado laboral de la nueva regulación de cotizaciones de becarios a la Seguridad Social

Desde el pasado 1 de enero se encuentra en vigor la nueva regulación de la Seguridad Social para alumnos realizando prácticas formativas o académicas externas, recogidas en el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, correspondiente a la reforma de las pensiones pactada entre 2021 y 2023. Con esta medida, todos los becarios tienen la obligación de cotizar al sistema público, una medida que se retrasó por las reticencias que presentaban las universidades al precisar de más tiempo para adaptarse.

Según los datos de la Seguridad Social que recogía La Información, entre enero y julio de este año hubo 693.581 estudiantes dados de alta que no obtenían remuneración alguna por su periodo de prácticas. Suponen la gran mayoría de los becarios, ya que únicamente 196.648 estudiantes de prácticas sí que cobraban por sus prácticas, según los datos del ministerio que dirige Elma Saiz. Para las universidades y centros educativos, la normativa ha supuesto un nuevo problema. Estos centros han tenido que ajustar sus mecanismos administrativos y presupuestarios para cumplir con la normativa, incremento que en última instancia puede trasladarse a los costos educativos y afectar tanto a las instituciones como a los estudiantes.

Los estudiantes que realizan prácticas sin remuneración se enfrentan ahora a la paradoja de estar cotizando a la Seguridad Social sin recibir un salario, lo que ha desencadenado quejas sobre la justicia y equidad de la medida. Para muchos, la obligación de cotizar sin percibir ingresos supone una carga adicional que no solo afecta a su situación financiera personal, sino que también distorsiona los datos macroeconómicos.

La incorporación de cientos de miles de estudiantes en el sistema de Seguridad Social sin que estos perciban un salario podría estar inflando los números de cotizantes, lo que ofrecería una imagen distorsionada del mercado laboral. Mientras que el número de cotizantes aumenta, la falta de ingresos de estos nuevos cotizantes no se traducirá en un mayor consumo ni en una mejora directa de la economía a corto plazo. Este fenómeno podría afectar a las estadísticas oficiales y a la interpretación de los datos macroeconómicos. Por ejemplo, un aumento en el número de cotizantes sin un correlativo incremento en los ingresos laborales podría dar una falsa impresión de mejoría en el empleo juvenil o, a gran escala, de recuperación económica.

La nueva normativa reconoce como cotizados los periodos de prácticas de alumnos universitarios, alumnos de formación profesional y alumnos de enseñanzas artísticas superiores y deportivas. También aplica a graduados universitarios que hayan participado en programas de formación investigadora a través del doctorado. Continuará vigente hasta el 1 de junio de 2026 y permitirá recuperar hasta un máximo de cinco años. De esta forma, las personas que hayan realizado prácticas con anterioridad podrán convertir esos periodos no cotizados en periodos de cotización. No obstante, no es gratis, ni económico.

Para suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, se deberán abonar cotizaciones que pueden superar los 17.000 euros por el total del periodo máximo de cinco años. Según la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), este importe es “claramente desproporcionado”, en comparación con lo que se paga normalmente con un contrato laboral.

La medida ha sido tachada de “disparatada” por el CSIF y de “broma de mal gusto” por Comisiones Obreras. Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, opina que la medida legitima la compra de años cotizados, mientras que Antonio Martínez Ruiz, portavoz de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), considera que la medida es más mercado que justicia social, según recogía Civio. Otros expertos sugieren que la administración pública podría asumir parte de las cotizaciones, especialmente en el caso del personal investigador, pero ven esto como poco realista.

El Gobierno y los agentes sociales han acordado una rebaja en los costes para que los estudiantes en prácticas que deseen recuperar la cotización de sus periodos becados puedan beneficiarse de mejores condiciones. Estas mejoras, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluyen la posibilidad de aplicar la base mínima de cotización del grupo 7 del régimen general vigente en el momento de las prácticas, en lugar de la base de 2024, así como la opción de fraccionar el pago en hasta 84 mensualidades.

La normativa, que entrará en vigor el viernes, permitirá a los antiguos estudiantes en prácticas o en programas de formación investigadora solicitar el rescate de la cotización de esos periodos mediante un convenio especial. Además, los beneficiarios podrán recuperar hasta cinco años adicionales a los que ya se hubieran rescatado con la normativa de 2011, con un plazo para solicitarlo hasta el 31 de diciembre de 2028. Aquellos que ya hayan solicitado el rescate podrán acogerse a este sistema más ventajoso.