Todo lo que falla en el sistema de acogida en Canarias: “Los menores migrantes tienen el discurso de odio en la nuca”

Son muchas las causas que explican la emigración, desde cuestiones de seguridad hasta violaciones de los derechos humanos, hambre, pobreza o cambio climático. Pero el propósito siempre es el mismo: lograr una vida mejor. Por ello, cada vez son más las personas que deciden subirse a una embarcación precaria y arriesgar su vida para alcanzar Europa. A España, en concreto, entre el 1 de enero y hasta el 15 de agosto de este año, han llegado un total de 29.512 migrantes en 340 embarcaciones, lo que supone un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando arribaron por vía marítima 9.864. La gran mayoría, 22.304, ha llegado a las islas Canarias, cuyo sistema de acogida con estructuras frágiles se ha visto sobrepasado, lo cual pone especialmente en riesgo a los menores migrantes no acompañados.

El Ejecutivo canario, que asume la tutela de esos niños y adolescentes migrantes, acoge actualmente a cerca de 5.600 en 81 centros, cuando tiene capacidad para albergar a unos 2.000. De ahí que su presidente, Fernando Clavijo (PP), haya apelado a la solidaridad del resto de comunidades autónomas para su reparto y haya insistido en reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro que tuvo finalmente lugar este viernes en La Palma. Allí el Gobierno anunció una inversión de 50 millones de euros para ayudar al archipiélago en la gestión migratoria y se comprometió a seguir negociando para que el PP se sume a la reforma de la Ley de Extranjería para derivar a los menores no acompañados, si bien esta iniciativa fue rechazada en el Congreso tanto por el PP como Vox y Junts el pasado mes de julio.

Pero ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan estos menores que llegan a Canarias sin su familia? ¿Qué falla en el sistema de acogida? ¿Por qué crecen los bulos racistas en torno a esta población? Desde Infobae España hemos consultado a la abogada y defensora de los derechos humanos Loueila Mint El Mamy, experta en materia de migración, para entender qué está ocurriendo mejor en el archipiélago.

Cuando un menor migrante no acompañado entra en España y las autoridades consideran que existen dudas razonables sobre su edad, ya sea porque carecen de documentación u otros motivos, se aplica un protocolo para determinarla. Para ello, se les realiza unas pruebas médicas, radiografías que determinan el grado de maduración óseo o dental, pero estos exámenes, sin embargo, acumulan numerosas críticas tanto del Defensor del Pueblo como de organizaciones humanitarias por su amplio margen de error. Además, como los forenses encargados de practicar las pruebas no dan abasto para certificar si son o no menores de edad, muchos migrantes deben esperar los resultados durante meses, por lo que en ese tiempo no pueden ser escolarizados ni trabajar, en el caso de quienes llegan con 16 años.

“No deberían quedarse en ese limbo. Si el adolescente sigue insistiendo en que es menor de edad pese a que las pruebas óseas indiquen lo contrario, se deberían solicitar otro tipo de pruebas, pruebas periciales que se pueden pedir incluso al centro de acogida al que ha sido derivado como adulto para que su familia pueda enviarle toda la documentación que tenga, ya sea un certificado de nacimiento o de vacunación para luego hacer la correspondiente legalización de esos documentos. Hay, por tanto, medios menos lesivos que las pruebas óseas y mucho más determinantes”, explica Mint El Mamy.

La abogada aclara que también hay menores que pese a contar con una partida de nacimiento que acredita su minoría de edad, no disponen de recursos económicos para apostillarla o traducirla. “Aún portando consigo esa documentación, siempre se presupone que es falsa por el hecho de ser extranjeros, a pesar de que España tiene acuerdos bilaterales con muchos países, entre ellos Senegal, Mauritania y Marruecos. Esto complica mucho más el proceso para poder determinar la veracidad de esa documentación”.

A diferencia de lo que ocurre con las personas migrantes adultas que llegan a Canarias, los menores no acompañados no pueden ser trasladados a diferentes centros y puntos de acogida de la península, “ni ser devueltos o repatriados a su país”, y es el Ejecutivo autonómico quien debe hacerse cargo. El problema, apunta la abogada, es que ese gobierno no puede asumir la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han arribado a sus costas en el último tiempo y en los centros de acogida falta supervisión.

“Ya no es solo que Canarias no cuente con las infraestructuras necesarias ni pueda asumir ese número, sino que nadie está fiscalizando a las entidades donde están alojados esos menores y, por tanto, no sabemos si están desprotegidos o no, si están comiendo bien, si están escolarizados o si están sufriendo agresiones físicas o sexuales”, tal y como ya ha ocurrido en algunos centros donde se han denunciado abusos y malos tratos, algunos gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

En muchas ocasiones los centros no cuentan con personal especializado para atender a los chavales y las instalaciones tampoco son las adecuadas. “Los derechos de estos menores en situación de desprotección se violan de forma sistemática y eso lo más peligroso”, añade, si bien aclara que también hay centros de acogida en el archipiélago donde los jóvenes están en buenas condiciones.

En opinión de Mint El Mamy, lo que realmente necesitan los menores migrantes no acompañados “es que dejen de estar estigmatizados, que dejen de tener constantemente el discurso del odio en su nuca, porque eso hace que las personas tengan cierta percepción de ellos”. “Necesitamos garantizar sus derechos”, resume, porque “el problema se genera cuando no permitimos que alguien que ha llegado en una situación vulnerable, que es menor, tenga una serie de recursos que le permitan acceder [a los servicios públicos] al igual que otro menor que vive en Canarias”. Si bien hay menores migrantes que cometen hechos delictivos y que “han aprendido la violencia como mecanismo para sobrevivir en los centros de acogida”, apunta la abogada, “tampoco es justo meter a todos en el mismo saco” e insiste en que se deje de estigmatizar a estos jóvenes.

Esta misma semana las redes sociales se llenaron de bulos racistas y mensajes de odio hacia los menores migrantes tras el crimen del pasado 18 de agosto de Mateo, el niño de 11 años que fue apuñalado en Mocejón (Toledo), ya que además de apuntar a que el presunto asesino era de “nacionalidad magrebí”, insinuaban que podría tratarse de alguno de los jóvenes acogidos en la localidad. Aunque apenas había datos sobre lo que había podido ocurrir, la desinformación xenófoba se expandió rápidamente, agitada sobre todo por sectores de ultraderecha, si bien dirigentes políticos del PP como el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, también aprovecharon para volver a vincular la inmigración con la delincuencia. La Fiscalía ya anunció que está investigando si hay delito de odio en estos mensajes falsos que criminalizan a los menores.

En ese sentido, Mint El Mamy insiste en la importancia de que dejen de propagarse “bulos y noticias falsas que no corresponden con la realidad de los menores migrantes” y de que los gobernantes políticos “asuman su responsabilidad”. “Si no queremos que haya un problema y que la visión sea diferente, necesitamos dar un enfoque diferente”.

El creciente número de llegadas a las islas Canarias, tanto de menores que viajan solos como de personas adultas, se debe al aumento de la inestabilidad política y social en países como Senegal, Mali, Mauritania, Marruecos o Gambia, entre otras naciones africanas. Huyen de la pobreza, la violencia, el hambre y los conflictos, principalmente, y en los próximos meses también podría haber un repunte del flujo migratorio, indican desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya que “el mar está más calmado y la navegabilidad mejora”, si bien la ruta canaria sigue siendo una de las más peligrosas del mundo. Según datos del colectivo Caminando Fronteras, en los primeros cinco meses del año murieron 4.808 personas migrantes tratando de alcanzar estas costas.

Esta realidad “plantea desafíos no solo en el marco de la acogida humanitaria para aquellas personas que esbozan razones socioeconómicas o de vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, sino también con respecto al asilo”, recuerda Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias. En ese sentido, añade, hay evitar dos grandes riesgos. “Por un lado, la cronificación de la emergencia y, por otro, el riesgo de la autocomplacencia, es decir, pensar que lo que estamos haciendo es suficiente”. De ahí que reivindiquen una mejora de los estándares de acogida, “lo cual depende de la voluntad política que se ponga encima de la mesa y un planteamiento mucho más estratégico que incentive vías legales y seguras, que evite que la gente se siga jugando la vida en el mar y que podamos analizar las migraciones con una mirada larga dentro del proceso de inclusión y de corresponsabilidad en el bienestar social de la sociedad de acogida”, concluye.