Sánchez se reúne por fin con el presidente canario para intentar atajar una crisis migratoria que desborda las islas y sin acuerdo con el reparto de menores

Pedro Sánchez se verá este viernes en Las Palmas por fin con el presidente canario, Fernando Clavijo, que llevaba tiempo demandando esta reunión para tratar la crisis migratoria que vive el archipiélago. La saturación de los centros de acogida y la falta de un acuerdo político para el reparto de los menores no acompañados serán los puntos claves de una cita en la que el Gobierno central acude sin una hoja de ruta clara que satisfaga las aspiraciones del Ejecutivo canario, que se encuentra desbordado por la situación. Y es que los datos son tozudos. Hasta el 15 de agosto habían llegado a las islas 22.304 personas en 340 embarcaciones, un 126% más que en el mismo periodo de 2023. Además, actualmente 5.200 menores migrantes viven bajo la tutela del gobierno regional, que ha tenido que multiplicar casi por tres (de 36 a 81) las instalaciones con los que cuenta para atender a estos jóvenes.

Clavijo, que gobierna en coalición con el PP, sabe que cualquier solución para reducir esa presión migratoria pasa por alcanzar un consenso con las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, algunas de ellas muy críticas con un reparto solidario. El presidente canario ha reclamado un “pacto de país” que incluya una reforma legislativa para que las distintas regiones tengan que asumir parte de esos menores cuando los servicios de atención estén desbordados en una de ellas. Un objetivo que ya fracasó cuando el Gobierno de Sánchez intentó tramitar en el Congreso a finales de julio una modificación de la ley de extranjería que establecía una distribución vinculante de los menores no acompañados, un proyecto que finalmente no contó con el apoyo de los populares ni de Junts.

Mientras en España no hay acuerdo y la crisis migratoria sirve de caldo de cultivo para que proliferen también los discursos más extremistas y xenófobos, Sánchez iniciará este próximo lunes una gira africana a tres de los principales puntos de inicio de la ruta atlántica: Mauritania, Senegal y Gambia, los tres países desde donde más migrantes parten a Canarias, junto con Marruecos. En febrero de este año, España y la UE prometieron inversiones por valor de 510 millones solo en Mauritania, un país con más de 700 kilómetros de costa casi imposibles de controlar. Desde ahí salen el 80% de los cayucos y pateras, desvelan a Infobae España fuentes de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), que transportan a migrantes procedentes de toda África en busca del sueño europeo. Se desconoce la nacionalidad del 62% de los que llegan a España, según los datos que maneja Frontex.

No parece que Clavijo vaya a sacar este viernes algún tipo de pacto que alivie la dramática situación de las islas. Hace un par de días el propio Clavijo clamó por alcanzar un acuerdo, ya que la capacidad del archipiélago para atender a estos chicos como dictan los tratados internacionales está sobrepasada y Canarias no quiere “almacenar” niños en carpas “como si fuesen botellas o naranjas”. “¿Qué respuesta queremos dar?, ¿queremos ser cómplices desde la vulneración de los derechos de los menores o queremos dar la respuesta que legalmente tenemos que dar y que cívicamente tenemos que hacer?”, se preguntó el presidente insular. El Gobierno central descarta por el momento aprobar por decreto el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades y baraja habilitar más instalaciones del ministerio de Defensa.

En este contexto, el PP acaba de presentar en el Congreso de los Diputados un plan migratorio con forma de proposición no de ley para su debate. En él se integran trece medidas que buscan desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería que ya se tumbó el mes pasado. Una propuesta que, debido a la urgencia y a la presión del Gobierno canario, tomaría forma de real decreto ley. Los populares reclaman “mejorar el control y protección de las fronteras españolas; aumentar el personal administrativo para la tramitación de los expedientes en las oficinas de asilo y solicitar el despliegue de Frontex”.

La propuesta también exige declarar la emergencia migratoria en toda España o que las comunidades autónomas cuenten con un fondo de contingencia que les permita atender a los menores no acompañados hasta su emancipación, costeando la acogida de quienes ya están en sus centros y de los que llegarán. También habilitar a las Comunidades “las infraestructuras que el Estado tiene en desuso y cerradas, con los recursos necesarios para su adecuación, al objeto de poder alojar y atender a los inmigrantes que lleguen a por vías irregulares a España”. Del reparto de menores, no se concreta nada. Una cuestión urgente que, de momento, tendrá que esperar. Y las previsiones no son nada halagüeñas, ya que se prevé un repunte de las llegadas a partir de noviembre, con la llegada de aguas más calmadas a esta ruta del Atlántico.