La odisea de una empresa española para vender dos patrulleras a Uruguay: entre el rifirrafe político y las presiones de China

Cuando, en diciembre de 2023, el astillero gallego Cardama firmó un contrato con el Gobierno de Uruguay, nunca imaginó los problemas en los que se estaba metiendo. El acuerdo suscrito, valorado en 82.372.000 euros, implicaba el suministro por parte de la empresa española de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) para la Armada Nacional uruguaya, pero ocho meses más tarde los trabajos de construcción aún no han comenzado. A lo largo de todo este tiempo, Cardama se ha visto inmerso en el fango político del país sudamericano: la oposición uruguaya, con la vista puesta en las elecciones generales de octubre, ha aprovechado los retrasos en el desarrollo de los buques para abrir un nuevo frente de batalla con el que desgastar al gobierno de Luis Lacalle Pou y la compañía española se ha convertido en un daño colateral.

Días atrás, el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, quien asumió el cargo el pasado marzo y no estuvo involucrado en las negociaciones iniciales con Cardama, salió al cruce de las críticas achacando las demoras a que la empresa gallega todavía no había presentado garantías financieras por cuatro millones de dólares, requisito indispensable para Uruguay para dar comienzo al desarrollo de las embarcaciones. Si bien en un principio estas garantías debían presentarse mediante un aval bancario, finalmente, las partes acordaron que se realizaría mediante un depósito en efectivo en una cuenta del Ministerio de Defensa, algo que, no obstante, también despertó cuestionamientos por parte de la oposición.

“Descontamos que en los próximos días esto va a concretarse y vamos a poder venir a informar que comenzó el proceso de construcción de las OPV”, tranquilizó Castaingdebat. En este sentido, según ha podido saber Infobae España, este desembolso se producirá en las próximas dos semanas, después de que una entidad bancaria uruguaya haya otorgado un préstamo a la empresa española.

De esta manera, una vez depositado el dinero, los trabajos de construcción de las patrulleras oceánicas podrían dar comienzo a finales de septiembre. Según lo acordado entre el Gobierno uruguayo y Cardama, la Armada Nacional recibirá la primera embarcación 18 meses después de su construcción, es decir, en el primer cuatrimestre de 2026, y la segunda un año después.

Uruguay ha prolongado y demorado la adquisición de patrulleros oceánicos durante más de diez años. Durante los gobiernos de Pepe Mujica (2010-2015) y Tabaré Vázquez (2015-2020) se llevaron a cabo dos licitaciones, en la que se habían seleccionado los buques de la empresa alemana Lurssen -por 210 millones de dólares-, pero la adquisición nunca se concretó.

En 2021, ya con el Partido Nacional de Lacalle Pou en el poder, se realizó una nueva convocatorias de ofertas en el mercado internacional a la que se presentaron empresas de Francia, China, y Países Bajos. Finalmente, en un principio Uruguay se inclinó por la oferta de la industria china, a la que un grupo de expertos del Ministerio de Defensa señaló como la opción que más se amoldaba a las necesidades de la Armada Nacional. Pese a obtener la mayor calificación en la licitación, el Gobierno uruguayo desestimó -Estados Unidos mediante- la oferta china, algo que no cayó nada bien al gigante asiático.

Pocos meses después, surgió la posibilidad de comprar buques a la Armada de Noruega, pero estos fueron rápidamente descartados tras evaluarse el estado de los mismos. De esta manera, en un nuevo proceso licitatorio más abreviado, en el que se analizaron ocho ofertas distintas, fue seleccionada la propuesta de Cardama. Sin embargo, China, el principal destino de las exportaciones uruguayas, nunca ha dejado de presionar al Gobierno para que reconsidere su decisión y, al igual que la oposición, ha aprovechado estos meses de retrasos para hacer naufragar, por el momento sin éxito, el negocio de la compañía española.

Los patrulleros escogidos por Uruguay desplazan unas 1.700 toneladas, a una velocidad máxima de 24 nudos, y poseen una eslora de 86,75 metros, una manga de 12,20 m y un calados de 3,60 m. Además, cada barco cuenta, en popa, con una rampa para lanzar dos lanchas de intercepción rápida que navegan por encima de los 35 nudos. De igual manera, tienen capacidad para albergar hasta 80 personas y la tripulación necesaria para operarlos oscila entre los 50 y 60 individuos. Los navíos estarán equipados con armamento de la firma española Escribano y sistemas de radares y comunicaciones de la empresa danesa Terma.

El jefe de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson, detalló en su momento que cada embarcación “tiene la posibilidad de emplear un helicóptero embarcado, con lo cual amplía su radio de detección mediante el empleo del radar de búsqueda de superficie que tiene la aeronave más allá del que tiene el buque”. Los helicópteros que la fuerza tiene previsto emplear desde los buques son sus Augusta Bell 412 SP, adquiridos a la firma Leonardo y que anteriormente eran desplegados por la Guardia Costera de Italia.