España necesita 1,2 millones de pisos en alquiler asequible para 2030, un objetivo “casi imposible” de cumplir

España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta 2030, pero la incapacidad de aumentar el ritmo de construcción y la progresiva retirada de viviendas en renta debido a los cambios legales y a la “falta de seguridad jurídica” hace que conseguir este objetivo se convierta en una misión casi imposible, según se desprende del informe Mercado inmobiliario en España, elaborado por OBS Business School.

Otra de las causas que incide en la escasez de viviendas en renta a precios accesibles es que “existe en los gobiernos una tendencia a confundir colaboración con intervencionismo y a establecer sistemas de control de precios que llevan a la reducción de la oferta con efectos perniciosos en el largo plazo”, afirma Carlos Balado, profesor de OBS y director del estudio.

Para paliar parte del problema, la inversión prevista para acometer nuevos desarrollos para alquiler asequible se sitúa en 108.000 millones de euros, de los que el 76% proviene de la inversión privada y un 24% del sector público.

La mayor parte de esta inversión va a las grandes capitales, las que más precisan de este tipo de viviendas en renta. Así, el informe recoge que Cataluña requiere la construcción de 225.000 viviendas para alquiler asequible en los próximos diez años, con un coste de 1.010 millones de euros. Le sigue la Comunidad de Madrid con 174.000 nuevos pisos para los que se requiere una inversión pública de 5.418 millones de euros.

Por su parte, Andalucía precisa 85.000 nuevos inmuebles, con una inversión de 4.529 millones; la Comunidad Valenciana, 85.000 y una inversión de 3.245 millones, y Canarias, 46.000 viviendas y una dotación de 2.486 millones.

La escasez de casas en renta se acentúa por el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en España, una tendencia que podría intensificarse en los próximos 20 años si se mantienen los actuales niveles de construcción de inmuebles nuevos. Se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas al año, un volumen insuficiente para cubrir la proyección de nuevos hogares, que está en torno a las 200.000 familias de media cada año.

Según el informe de OBS, aumentar la oferta hasta unos niveles razonables puede llevar entre 10 y 20 años, ya que habría que multiplicar por cuatro el ritmo actual de construcción. Incrementar el ritmo no es fácil, ya que “los pequeños promotores se encuentran con obstáculos como la financiación más cara, la escasez de suelo en las grandes ciudades, una falta de mano de obra cualificada y una subida generalizada del precio de los materiales”, incide el estudio.

Los autores del estudio concluyen que para paliar el problema se necesitan soluciones parciales temporales como deducciones al alquiler para determinados colectivos, incentivos al ahorro destinado a la compra, modificaciones de las regulaciones que impiden la salida al mercado de viviendas de alquiler y el fomento desde el gobierno de la construcción destinada a alquiler social.

Carlos Balado insiste en que “la inversión para poder desarrollar suelo debería ser anticíclica, mediante una política soportada y avalada por la administración estatal y las autonómicas que permita desarrollar bolsas de suelo para que cada cierto tiempo haya un remanente de suelo en gestión y en transformación”.