“El banco me engañó, avalé a mi hija con un 20% y también terminé sin casa”: la incansable lucha de Matilde por el derecho a la vivienda

Por mucho que Matilde Márquez trata de no darle muchas vueltas a la cabeza, sabe que más pronto que tarde acabará recibiendo una orden de desahucio. Ha pasado los últimos 13 años luchando para no perder la casa en la que lleva viviendo más de cuatro décadas en el barrio madrileño de Carabanchel, pero de momento ve difícil negociar con el fondo de inversión que la compró después de que su banco, Deutsche Bank, la subastara. En este tiempo su salud, tanto mental como física, ha sufrido un importante deterioro: “Esto te mata en vida”, asegura.

Matilde, de 64 años de edad, en realidad nunca ha tenido las cosas fáciles. Comenzó a trabajar en un taller de costura cuando apenas era una adolescente y años más tarde, cuando el negocio cerró, se dedicó al sector de la limpieza. Toda una vida de trabajo que ahora se refleja en sus manos desgastadas. Con mucho esfuerzo, relata a Infobae España, pudo comprar una casa y pagar la hipoteca en unos diez años, por lo que nunca imaginó que podría perderla. Sin embargo, en 2006, en plena burbuja inmobiliaria, avaló un 20% de la vivienda que compró su hija, ya que esa era la única manera en la que Deutsche Bank le concedería el crédito hipotecario. Ella entonces, asegura, “no sabía que se trataba de un engaño”.

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“En el banco me decían que estuviera tranquila, que lo primero que se pagaba del préstamo era lo que yo había avalado, pero no fue así, a pesar de que mi hija estuvo pagando siete años de hipoteca, hasta 2013″, explica. “Me sentí engañada y aún me siento así a día de hoy, porque nadie me dijo que me convertía en copropietaria de la vivienda de mi hija. Tratamos de pagar lo que faltaba de mi parte, de ese 20%, pero el banco se negó”, dice con angustia, al tiempo que recuerda que otras muchas familias han sufrido la misma situación. “Es sangrante”.

Al principio las cuotas hipotecarias eran de 700 euros mensuales, pero las continuas subidas del Euríbor tras el estallido de la crisis económica en 2008, en apenas tres años esas mensualidades alcanzaron los 1.600 euros, una cantidad que su hija no pudo afrontar con el paso del tiempo, menos aún al quedarse sin trabajo. Aunque ambas “hicieron lo imposible” para pagar las cuotas -ella daba parte del salario a su hija, la familia les prestó dinero y alquilaron la vivienda-, finalmente en 2013 Deutsche Bank subastó ambas casas. Tres años más tarde y después de varios juicios, el banco les informó en una carta que sus casas habían sido adquiridas por el fondo de inversión Menorca Debt Holdings Dac, por lo que sus posibilidades para negociar un alquiler social u otras alternativas prácticamente desaparecieron.

“Es muy difícil negociar con un fondo buitre y la orden de desahucio no tardará mucho en llegar. Solo quieren dinero, dinero y dinero. Quieren que paguemos por el valor de las dos casas, casi 400.000 euros, una locura”, lamenta Matilde, a quien todo este proceso le ha dejado una profunda huella, pues le provocó una depresión que se ha convertido en crónica y tuvo que prejubilarse a los 58 años. “Ahora me están saliendo calvas y, aunque no quiero pensar, sé que ya viene el final y no sé cómo va a acabar. Es horroroso”, añade, aunque pese a todo, aún mantiene una mínima esperanza.

Matilde, al igual que otros muchas personas que tuvieron dificultades para pagar su hipoteca tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y perdieron sus casas, forma parte del movimiento por una vivienda digna. Pertenece, en concreto, al sindicato de vivienda de Carabanchel y, aunque asegura que es aquí donde ha envejecido estos últimos años, también es el lugar donde “le han dado ánimo para seguir en esta lucha”. “He conocido a gente maravillosa, sobre todo mujeres, porque la mayoría en las asambleas somos mujeres, y es lo que te saca adelante, porque de lo contrario yo no sé si estaría aquí”, sostiene, aunque recuerda que son muchas las personas que se han suicidado en España a consecuencia de los desahucios.

De momento, tanto Matilde como su hija siguen viviendo en las casas que compraron con miedo de que llegue esa orden de desahucio que las pueda dejar finalmente en la calle, pues a pesar de que el Gobierno aprobó el pasado mes de junio la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028, los desalojos en hogares sin alternativa habitacional se siguen produciendo a diario, tal y como han denunciado los sindicatos de vivienda. Esto se debe a que los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todas las personas afectadas pueden cumplirlos. A ello se suma, además, que el proceso de desahucio no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de 2024, se produjeron un total de 5.443 lanzamientos o desahucios practicados por impago de alquiler, lo que supone un 12% más que en el mismo trimestre de 2023. Con esta subida, este tipo de desahucios representa ya un 73% de los procedimientos. Por otro lado, los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron un 10,7% hasta 1.448, el 19,5% del total, mientras que los 533 restantes obedecieron a otras causas.

Lo único que tiene claro Matilde es que no piensa marcharse de la casa que pagó con tanto esfuerzo, el hogar en el que ha pasado casi toda su vida.