Poco después de que el domingo se produjera el crimen de Mateo, el niño de 11 años que fue apuñalado en Mocejón (Toledo) mientras jugaba al fútbol con sus amigos, comenzaron a surgir los primeros bulos racistas en redes sociales, que apuntaban a que el presunto asesino era de “nacionalidad magrebí” e incluso insinuaban que podría tratarse de alguno de los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias que se encuentran alojados en un hotel de este pueblo en el que viven unas 5.000 personas. Apenas había datos sobre lo que había ocurrido, pero la desinformación xenófoba ya se expandía rápidamente, agitada sobre todo por sectores de ultraderecha, incluso a pesar de los esfuerzos de la propia familia del menor, que llamó a la calma y desde el inicio pidió que no se criminalizara a nadie “por la etnia, por la raza, por el color o por su creencia”.
A los mensajes racistas de dirigentes de los partidos de ultraderecha como Vox o Se Acabó la Fiesta, se han sumado también los de algunos políticos como el popular Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que han vuelto a vincular la inmigración con la delincuencia, como ya lo han hecho en otras ocasiones otros líderes del PP. Albiol arremetió en su perfil de la red social X contra supuestos ciudadanos marroquíes que se encontraban en el mismo ferry donde él viajaba, asegurando que “España se convertirá en Francia”, unas palabras que han provocado numerosas críticas, entre ellas la de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que se ha mostrado su preocupación por que el PP “siga el camino” de la extrema derecha. La dirección nacional del partido, por su parte, no ha desautorizado las palabras de Albiol.
Lejos de ser un episodio aislado, este tipo de mensajes de odio contra la población migrante que reside en España son cada vez más frecuentes. De hecho, el racismo ya se ha convertido en una de las principales causas de los mensajes de odio en redes sociales, según un reciente estudio de la ONG Accem, insultos que se centran sobre todo en las personas negras, marroquíes y de etnia gitana, y que calan principalmente entre los jóvenes. Pero en esta ocasión, teniendo en cuenta la reciente ola de violencia que ha vivido Reino Unido como consecuencia de la desinformación impulsada por agitadores de extrema derecha tras el asesinato de tres niñas en una escuela, los mensajes xenófobos son especialmente preocupantes, tal y como denuncian desde Amnistía Internacional. Incluso el portavoz de la familia de Mateo, Asell Sánchez, recibió numerosos insultos y amenazas por parte de perfiles anónimos por pedir que no se criminalizara a nadie.
En Reino Unido, apenas unas horas después del crimen múltiple del pasado 29 de julio, los esparcidores de bulos aprovecharon el vacío de información para acusar a un inmigrante musulmán y la desinformación circuló rápidamente por las redes sociales, si bien la policía identificó poco después a un joven británico nacido en Cardiff, Gales, como el autor de los hechos. En el caso de Mocejón ocurrió algo similar: los bulos aparecieron enseguida, aumentando la incertidumbre e instalando la duda, hasta que finalmente el lunes la Guardia Civil detuvo como presunto autor del asesinato de Mateo a un joven español de 20 años que pasaba unos días de vacaciones en el pueblo junto a sus familiares.
“Lo que ha ocurrido en Reino Unido no es algo que nace de manera espontánea, sino que durante años ha habido personas con responsabilidad política, periodistas y comentaristas que tienen cierto poder de movilización que han utilizado a determinados grupos como chivos expiatorios y, por tanto, es una irresponsabilidad grave”, dice a Infobae España Virginia Álvarez, responsable de investigación en la sección española de Amnistía Internacional. En España, añade, también se deberían tomar medidas ante los “constantes mensajes de señalamiento de determinados grupos o incluso la deshumanización de ciertos colectivos” como las personas migrantes, en especial de los menores no acompañados, precisa la experta. “Es necesario que las autoridades se tomen esto con responsabilidad y que realmente haya estrategias para combatir todos estos bulos que pueden terminar constituyendo una incitación al odio”.
Desde el colectivo Afroféminas, donde aseguran que el objetivo de los bulos racistas es crear un clima de odio en la opinión pública, sostienen que personas como el agitador ultra Alvise Pérez, también eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, “buscan desatar un programa antiinmigrante”, publicando incluso ubicaciones de centros de menores, mezquitas y sedes de asociaciones “insinuando una relación inexistente con el crimen” del menor de 11 años, “dando un objetivo claro si salta la chispa”.
La Fiscalía estudia si hay delito de odio
De momento, la Fiscalía ha confirmado que ya están estudiando “la trascendencia jurídico penal de determinados mensajes difundidos en los últimos días, fundamentalmente a través de redes sociales, en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras difundiendo mensajes falsos”. El Ministerio Público ha indicado que esos mensajes van dirigidos especialmente contra menores sin referentes familiares en España, “con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación contra los mismos”.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha arremetido “contra los sembradores de odio que han aprovechado una desgracia humana, como es la muerte de un niño de 11 años, para soltar todos su odio en redes sociales”. “El detenido, si se demuestra que es culpable, tendrá que rendir cuentas ante la justicia por el daño causado. Un daño que ha hecho todavía más doloroso a quienes han sembrado las redes, esos bulos señalando sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o incluso atacando al portavoz de la familia. ¿Se puede ser más cruel o más miserable?”, se preguntaba este martes ante la prensa la representante del Gobierno central en la región. “Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales, porque sus bulos pueden provocar ira a gente inocente. No se puede aprovechar una desgracia para generar otra. Es cruel”, añadía.
Si esos mensajes de odio contra la población migrante en España siguen proliferando en las redes sociales, desde Amnistía Internacional no descartan que pueda llegar a haber altercados similares a los de Reino Unido. En ese sentido, Álvarez recuerda que una investigación de la ONU reveló que Facebook (ahora Meta) contribuyó sustancialmente a las atrocidades perpetradas por el ejército de Myanmar contra la minoría musulmana de los rohingyas en 2017 al difundir contenido de odio, de forma que miles de personas fueron víctimas de homicidio, tortura, violación y desplazamiento. Por eso insiste en que las autoridades “deben tomar este asunto en serio”.
“Tiene que haber una responsabilidad por parte de las autoridades públicas, de los medios de comunicación en cuanto a cómo informan y para que no fomenten este tipo de mensajes y puedan contrarrestarlo con información veraz. Y, por supuesto, también las empresas de redes sociales [como Meta o X] deben ser responsables en cuanto a las noticias falsas y no contrastadas”, insiste. No hay que olvidar que, según el informe anual del Instituto Reuters, las redes sociales son la principal fuente de noticias para los menores de 35 años.
“Políticas coherentes”
La activista también precisa que las políticas públicas sobre migración “deben ser coherentes en todos los sentidos”, pues de nada sirve que, por una parte, los responsables políticos denuncien los discursos de odio contra las personas migrantes cuando “las medidas que llevan a cabo van en dirección contraria”. A veces, por ejemplo, “se termina hablando de una supuesta invasión de personas migrantes” cuando en realidad, según los últimos datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2024 llegaron a España por vía marítima y terrestre un total de 31.155 personas migrantes, una cifra que no es desorbitada teniendo en cuenta que España es un país de casi 49 millones de habitantes con un alto índice de envejecimiento, por lo que necesita población migrante para sostener el Estado de bienestar. Y además de contribuir al crecimiento de la economía, las personas migrantes también enriquecen los ámbitos políticos, sociales y culturales de la sociedad.
En el caso del reparto de los cerca de 400 menores migrantes no acompañados entre las diferentes autonomías, Álvarez asegura que “no se puede hablar de una verdadera crisis”, pues se trata de “un número bastante asumible para las regiones”.
Precisamente este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirán en La Palma para abordar, entre otras cuestiones, la situación migratoria que atraviesa, cuyo sistema está saturado. Un encuentro que se produce tras la insistencia del presidente canario y que llega un mes después de que el Congreso tumbara la reforma de la ley de extranjería, que pretendía establecer un reparto de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas.
Por último, Álvarez recuerda que las soluciones existen cuando realmente hay voluntad política por parte de las instituciones, tal y como se demostró con la acogida de miles de personas ucranianas que han recibido protección temporal en España tras la invasión rusa, a diferencia del “sesgo racista” cuando se trata de personas procedentes de África, “porque todo son problemas y se habla de emergencias, lo cual termina generando un imaginario que les perjudica gravemente, convirtiendo a estas personas en objetivos más vulnerables aún si cabe”.