El fiscal contra los delitos de odio propone identificar a usuarios de redes y prohibir el acceso en casos graves

El asesinato de Mateo, el niño de 11 años que fue apuñalado en Mocejón, Toledo, ha vuelto a sacar a la luz el problema con los bulos racistas y los delitos de odio en las redes sociales. Tan solo tuvieron que pasar unas pocas horas para que se comenzaran a difundir mensajes que apuntaban a que el presunto asesino era de “nacionalidad magrebí” o insinuando que podría tratarse de alguno de los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias que se encuentran alojados en un hotel de este pueblo en el que viven unas 5.000 personas.

Tanto ha sido la magnitud de estos mensajes, que el portavoz de la familia del menor fallecido tuvo que salir a decir que no se usará este crimen para difundir odio, con lo que algunas personas respondieron atacándole a él personalmente. Esto ha hecho que el problema llegue hasta la Fiscalía, que ya ha anunciado que lo están investigando.

El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha concedido una entrevista en el programa de la SER, Hoy por Hoy’, en el que ha dado dos posibles soluciones para luchar contra esta lacra: que los usuarios de redes sociales tengan que identificarse y la prohibición de su uso en caso de haber cometido un delito grave.

Aguilar explica que al final para acciones como coger un coche o una moto hay que estar plenamente identificado, por lo que “sería interesante” pedir lo mismo al entrar en redes. “Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar, porque desconocemos quién es el autor”, relata y añade que primero ha que estudiarla, porque “tampoco quiere decir que sea la medida”.

Sobre la idea de prohibir el acudir a entornos digitales, el fiscal explica que actualmente está previsto para algunos delitos, como el de la integridad moral, pero se podría ampliar al delito de lesión contra la integridad moral. Este “castiga a quienes lesionan la dignidad mediante acciones que entrañan humillación, menosprecio o descrédito” y se debería aplicar a los insultos racistas y homófobos.

El fiscal ha querido mostrarse cauto en el caso de calificar los mensajes alrededor del asesinato como delitos de odio, ya que “es necesario que tengan cierta entidad y cierta gravedad”. “Eso significa investigar y ver cada uno de esos perfiles, qué contenidos se han difundido y qué entidad y gravedad han tenido los mismos. Hay que ver también la persona que los ha dicho, la capacidad de liderazgo que puedan tener ese tipo de de personas y entender también el contexto”, agrega.

“Hay que analizar cada caso concreto. Esto requiere una investigación muy rigurosa por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y recopilar todo tipo de datos. Yo siempre digo que no hay texto sin contexto y por tanto es muy importante esa recopilación de datos y después valorar el factor, por supuesto de de una persona que tenga capacidad de liderazgo es un factor a tener en cuenta, pero no es el único. Una vez que tengamos todas las piezas del puzle es cuando se puede hacer una valoración de si esos hechos tienen trascendencia jurídico penal”, zanja.