El ‘Aquí no hay quien viva’ de Iker Casillas: sus vecinos no quieren hacer obras para evitar desprendimientos y el Ayuntamiento les obligará

Lo que se está viviendo en la urbanización Jardines del Siglo XXI de Boadilla del Monte se parece mucho a uno de los capítulos de la popular serie Aquí no hay quien viva. Por un lado, vecinos mal avenidos que no se ponen de acuerdo para ejecutar unas obras que son necesarias para evitar desprendimientos de las cornisas. Y por otro, la amenaza del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que si la comunidad de propietarios no cumple con sus obligaciones, hará los trabajos de manera subsidiaria y pasará luego la factura a los residentes. El más ilustre de ellos es el exfutbolista y ahora empresario Iker Casillas, que es dueño de tres viviendas y cinco plazas de garaje en esta zona residencial. Aquí los pisos están por encima de los 700.000 euros.

Todo empezó tras la denuncia de uno de los vecinos, que se dio cuenta de que era necesario apuntalar las terrazas de las viviendas porque se estaban produciendo desprendimientos de las cornisas, con el consiguiente peligro que eso supone. Este vecino en cuestión presentó incluso un informe de un arquitecto para explicar lo que estaba sucediendo. Según ha podido saber Infobae España tras hablar con varios residentes, “hay grietas importantes en el interior de algunos inmuebles” y aunque en principio no todas las casas están afectadas, la derrama por propietario “sale entre 14.000 y 16.000 euros”. Pero no ha habido quorum. Es difícil poner de acuerdo a más de 100 propietarios.

La última reunión de la comunidad de propietarios que se celebró en marzo de 2024 revela que el problema viene de lejos. El administrador de fincas que lleva el día a día de esta urbanización, que no ha podido atender a este diario “porque está de vacaciones”, reconoce en el acta oficial de esta reunión que se había pedido un presupuesto a una empresa de reformas ya en 2023 para realizar parte de las obras, pero que ante la tardanza a la hora de decidirse la compañía en cuestión había renunciado a aceptar el encargo.

En un mail que mandó esta empresa, esta reconoce que “aunque nos hubiesen comunicado la aceptación en el plazo de validez del presupuesto, habríamos renunciado a la ejecución de la obra, debido a que en la junta en la que explicamos dicho presupuesto percibimos un ambiente hostil e intimidatorio entre los vecinos de la comunidad. Como entenderás, por ese motivo preferimos mantenernos al margen de las controversias y conflictos de intereses que hay en esta comunidad”. Y es que no todos los residentes están a favor de pagar esa derrama, explican varias fuentes consultadas.

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El administrador de fincas también informó que después de que el arquitecto contratado por el vecino que denunció cerró su informe de deficiencias constructivas, se han pedido presupuestos a 22 empresas. Un trabajo que ha sido muy complicado”, ya que muchas no disponían de envergadura suficiente para acometer las obras, y las grandes constructoras de Madrid nos comunicaron que no trabajaban para comunidades”. Finalmente, se consiguieron algunos presupuestos, que no han sido aceptados. Incluso se valoró la idea de financiar la obra con un préstamo, algo que no se ejecutó.

“Tras un amplio debate, todos los propietarios manifiestan su voluntad de hacer la obras, la diferencia es que unos quieren hacerlas todas de golpe y otros quieren ir haciéndolas por fases. También se informa de que hay tres propietarios que ya han designado un abogado y que están en contacto continuo con la administración. Han manifestado que si no se aprueban las obras, procederán a demandar a la comunidad”, reza el acta de la reunión. En marzo hubo votación para intentar aprobar la obra. Y aunque se había dejado por escrito que todos los propietarios estaban a favor de los trabajos, estos se rechazaron con 45 votos. Solo 36 vecinos votaron a favor. No sabemos qué voto Casillas, como propietario de ocho inmuebles entre pisos y plazas de garaje.

El Área de Urbanismo, Vivienda y Mantenimiento y Limpieza de Edificios del Ayuntamiento de Boadilla ha tenido que intervenir después de que en abril de 2024 un vecino, harto de la situación, solicitara “la apertura de un expediente de inspección urbanística sobre la finca referenciada”. En Consistorio concluyó que “hay ciertas patologías que se consideran graves al deberse a una debilidad estructural, por lo que se considera necesario que la comunidad de propietarios realice el Informe de Evaluación de Edificios (IEE)”. La urbanización debía realizar este informe “de manera inmediata, debiendo presentarlo en el Ayuntamiento en el plazo de tres meses”.

Es decir, antes de que acabara julio. La conclusión es que “deben acometerse las obras que dicho informe estime convenientes para que el mismo obtenga un resultado favorable, asegurando el correcto mantenimiento del edificio en condiciones de seguridad”.

Los técnicos municipales señalaron que las terrazas de las viviendas vuelan sobre los espacios privativos e incluso sobre las zonas comunes de la comunidad, y que la caída de una albardilla [remate o tejadillo en la parte superior de un muro] sobre un transeúnte podría ocasionar daños. Por eso, “a fin de evitarlos y velando por la seguridad de las personas”, los vecinos deben contratar a un especialista que “inspeccione de nuevo el inmueble y emita un informe técnico sobre la necesidad o no de adoptar medidas urgentes, tales como retiradas de elementos susceptibles de caer”. Un portavoz del Ayuntamiento explica a Infobae España que lo que hizo el Ayuntamiento tras realizar una inspección fue requerir a la urbanización “un informe de evaluación más completo donde se determine la patología y defectos y que tomen las medidas necesarias para evitar daños a los vecinos que habitan en la comunidad”. Pero que por el momento “no han presentado nada”. Si no lo hacen (los plazos están a punto de finalizar), el Ayuntamiento “procederá a la ejecución subsidiaria, repercutiendo después los costes que se generen”. Es decir, el Consistorio tendrá que encargar el informe y ejecutar lo que dictamine, pasando la factura de las obras a los propietarios.