¿Cuál el salario del puesto que nadie quiere en las prisiones españolas? Solo hay 169 médicos en activo cuando debería haber 517

Instituciones Penitenciarias tiene un grave problema. No logra cubrir uno de los empleos más importantes en las prisiones españolas: el de médico. Hace diez años, en 2014, la plantilla estaba compuesta por 371 facultativos. Teniendo en cuenta que la población reclusa era de 55.726 internos, el ratio era de 6,66 médicos por cada 1.000 presos. La radiografía de 2024 es muy distinta. La reducción de profesionales ha sido notoria, hay un 119% menos. La plantilla actual (datos de junio de 2024) es de solo 169 profesionales para una población reclusa de 48.763 personas (una ratio de 3,46).

Son cifras del último informe presentado por el sindicato ACAIP-UGT, que asegura que el déficit de puestos sin cubrir es alarmante. Debería haber 517 médicos en todas las prisiones, cuando realmente solo hay 169. “La primera consecuencia lógica es el aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior, las cuales consumen gran cantidad de recursos porque para realizarlas es necesaria la coordinación de la prisión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios sanitarios, de manera que se asegure, tanto el traslado, como el tiempo de permanencia en el hospital asignado”, explican desde ACAIP-UGT.

Porque la ecuación es sencilla. Si no hay médicos, el interno debe ser atendido en un centro sanitario del exterior. Y eso que los facultativos de las prisiones funcionan como un servicio de atención primaria. Si la dolencia es más grave, al interno siempre le ve un especialista de fuera. La reducción de médicos ha incrementado el número de salidas. En 2014 la tasa se situaba en 842,44 salidas por cada 1.000 presos. Ahora en 2023 (último año del que hay datos oficiales) esa tasa se ha elevado a 1001,08 salidas por cada 1.000 reclusos.

Pero ¿por qué faltan médicos? “Sobre todo es una cuestión económica”, señala José Joaquín Antón Basanta, facultativo en la prisión de Albolote (Granada) y presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. El salario de un médico penitenciario varía entre los 3.000 y 3.000 euros brutos anuales, dependiendo del sueldo, el complemento específico y el complemento de destino. Luego las horas extras se pagan a 15 euros. Laboralmente, los facultativos siguen perteneciendo al ministerio del Interior, cuando desde hace años estos puestos deberían estar transferidos a las comunidades. “Eso supone que cobramos entre 800 y 1.000 euros menos al mes que un médico de familia de un centro de salud, nuestro equivalente autonómico”, explica Antón.

Todo esto ocurre porque hace más de 21 años que se aprobó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), en cuya disposición adicional sexta, se reflejaba que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias deberían ser transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios de salud. Sin embargo, esto solo ha ocurrido en Cataluña, País Vasco y Navarra. En estas tres comunidades el déficit es menor porque la retribución se asemeja a lo que gana un médico en un centro de salud y en algunas pagan un plus por trabajar en una prisión.

La ley de 2003 daba 18 meses para ese traspaso. Sin embargo, han pasado más de 20 años y la mayoría de las Comunidades Autónomas no han asumido estas transferencias. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias (dependiente del ministerio del Interior) asegura a Infobae España que para el Gobierno central es una prioridad seguir trabajando “para poder ejecutar esas transferencias”. Mientras tanto, llegan los parches. En 2022 se ofertaron 80 plazas, en 2023 la cifra subió a 106, aunque en 2024 la oferta de empleo público ha bajado a 15. También se han producido dos convocatorias de interinos para reforzar la plantilla con 60 plazas.

La falta de recursos obliga a que en algunos centros penitenciarios ya se esté recurriendo a la telemedicina, es decir, la exploración clínica a distancia de reclusos internados en aquellas prisiones que carecen de suficientes médicos. En teoría, la calidad asistencial en las prisiones debería de ser la misma que la proporcionada a la población general. Pero las prestaciones médicas que se reciben en una prisión cuando un recluso cae enfermo son las básicas. La atención especializada (consultas externas, pruebas diagnósticas y hospitalización) se presta en los hospitales de la red sanitaria pública. Y eso que algunas especialidades de alta demanda pasan consulta en el interior de las prisiones, sobre todo odontología, y ginecología y psiquiatría. También se tratan muchas patologías crónicas, como VIH, hepatitis, adicciones y problemas mentales.

En definitiva, los sueldos no son muy altos y no hay carrera profesional. Sin olvidar que trabajar en una cárcel no es muy atractivo. El relevo generacional no se está produciendo y las plantillas menguan año tras año. “En un entorno en el que más del 30% de los internos tienen medicación psiquiátrica y un alto porcentaje tiene patologías diversas como hepatitis, VIH, diabetes y un largo etcétera, no se puede dejar caer el sistema”, denuncian desde ACAIP-UGT. “La ausencia de médicos impide la detección precoz de enfermedades mentales que muchas veces se manifiestan tras la agresión a un trabajador o a otro interno. Esta carencia de servicios sanitarios también provoca alteración del orden regimental porque muchos presos no ven atendidas sus necesidades”. Los datos reflejan que las agresiones a trabajadores han aumentado en un 53,49% desde 2016 y las agresiones entre presos un 26,27%.