Un ayuntamiento madrileño se gastará 600.000 euros en capturar y expulsar a los jabalíes, conejos y cotorras que se cuelan en sus calles y plazas

Majadahonda es un municipio madrileño de 72.500 habitantes ubicado en la zona oeste de la región. Se trata de una de las localidades con la renta per cápita más alta por vecino y con los precios más elevados a la hora de comprar o alquilar una vivienda. Famosa por albergar la Ciudad Deportiva donde entrena el Atlético de Madrid y por contar con muchas urbanizaciones de alto ‘standing’. Y que limita por el este con el Monte del Pilar, por el sur con el Monte de las Encinas, y por el norte con el Monte del Pardo, tres importantes zonas verdes que albergan ecosistemas de gran valor ecológico. Por eso, el Consistorio, gobernado por el PP, acaba de adjudicar un contrato por 604.000 euros para que una empresa privada especializada controle la fauna silvestre que se adentra en sus calles y “suponen un riesgo no solo para la integridad física de las personas, sino también para la seguridad vial y lo que tiene especial importancia, pueden causar problemas de salubridad”.

Es lo que se llama fauna “silvestre sinantrópica”, es decir, aquella que ha sido capaz de colonizar ecosistemas urbanos, adaptándose a las condiciones ambientales creadas o modificadas por la actividad humana. El Ayuntamiento ha identificado principalmente a jabalíes, cotorras argentinas, palomas, conejos silvestres e incluso galápagos que han sido localizados en láminas de agua de los parques y espacios públicos del municipio. “El servicio de control y gestión de estas poblaciones se realizará exclusivamente en zonas de titularidad pública. No se realizarán trabajos en zonas privadas”, matiza el Consistorio en el pliego de condiciones del contrato, que ha sido adjudicado el pasado 8 de agosto a la empresa abulense IberAvex, donde trabajan técnicos cetreros, naturalistas y gestores medioambientales que se dedican al control de animales “perjudiciales para la salud, el bienestar social y las infraestructuras públicas”. La adjudicación es por cuatro años, hasta 2028.

Alejandro Mesa es el gerente de esta empresa y señala a Infobae España que el objetivo de su trabajo se basa en cumplir “fielmente” la legislación estatal, autonómica y local en materia de bienestar animal. “Todo depende de cada especie y de cada escenario, pero siempre buscamos un equilibrio para causar el menor daño posible”, es decir, que la prioridad es capturar al animal y devolverlo a su hábitat natural. Majadahonda se dio cuenta en 2019, por ejemplo, que tenía un serio problema con la población de jabalíes cuando empezó a detectar que estos se adentraban en algunas zonas de la ciudad en busca de comida y agua. El Ayuntamiento hizo público entonces un protocolo de actuación en caso de que algún vecino se encontrara con estos ejemplares, que en época de cría pueden ser peligrosos. El problema ha persistido, aunque los avistamientos se han reducido.

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“Haciendo un análisis de los límites del municipio podemos observar que la mayoría son terrenos apropiados para que habite el jabalí y que presenta extensiones de terreno forestal amplias a su alrededor, por lo que es de esperar que la población que encontramos en los márgenes de la ciudad exista de forma continua. Ambos flancos de la ciudad son un terreno idílico para la población de jabalí, que, como en otros muchos municipios madrileños, está creciendo exponencialmente, provocando que estos animales se adentren en zonas urbanas en busca de comida”, reconoce el Ayuntamiento, que quiere que se realice un censo y un estudio de estimación poblacional “de los ejemplares que entran en el casco urbano y de la población existente en los alrededores susceptible de entrar en la zona urbana”.

Esta empresa reconoce que viene trabajando con el Ayuntamiento majariego desde el año 2019. Una de las técnicas disuasorias que usan para evitar que los jabalíes abandonen sus hábitats naturales y se adentren en las zonas urbanas, produciendo situaciones de riesgo, es utilizar perros de razas especializadas, guiados por adiestradores, que sirven para que estos animales salvajes identifiquen la zona urbana como “no segura”. El Ayuntamiento exige en los pliegos del contrato contar con al menos 10 perros que, por sus características y morfología, han demostrado su eficacia en este tipo de servicio. Serán de las razas pastor belga malinois, pastor lobo cántabro, pastor alemán, pastor holandés y pastor australiano. Estos canes “deberán ser capaces de acosar y guiar a los jabalíes para sacarlos de las zonas urbanas más sensibles como carreteras, calles, zonas ajardinadas públicas y parques, conduciéndolos a los hábitats naturales de los que proceden”. Cuando no sea posible expulsarlos, habrá que capturarlos, ya sea con jaulas especiales o con rifles anestésicos. En casos muy especiales, que requiere un permiso especial, los jabalíes podrán ser abatidos con arcos.

En el caso de las cotorras, estas aves están incluidas en el catálogo de especies invasoras debido a su capacidad para desplazar a otras especies de fauna autóctona. La empresa adjudicataria deberá realizar un estudio del avance de la población en el municipio, alternando técnicas de control poblacional y captura en vivo, “y teniendo en cuenta de que se trata de una especie con gran adaptabilidad y alta tasa de reproducción”. Para ello, deberá contar con un equipo de aves rapaces específicamente adiestradas para este cometido. Con estas aves, como halcones, águilas de Harris, azores y gavilanes, se podrán dispersar poblaciones de cotorra. En determinados casos, “se podrá emplear como método adicional el uso de carabina de aire comprimido”, tras obtener los permisos competentes, para reducir el número de ejemplares.

En cuanto a los conejos, existen aumentos demográficos exponenciales que ya duran varios años. Puede ser un problema de salud pública, “ya que se ha comprobado el importante papel de los conejos y liebres como reservorio del patógeno productor de la leishmaniasis que puede afectar a animales domésticos y personas, así como, en el caso de sus madrigueras, como refugio de los ‘phlebotomos’, los insectos transmisores de la Leishmania”, señala el pliego de condiciones. El programa de control poblacional deberá contar con la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid y priorizará la captura en vivo de ejemplares mediante hurón y capillo.