El sistema de asilo y Extranjería se atasca en Barajas: abogados con “condiciones indignas” y falta de “garantías básicas”

Rocío llega al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a primera hora. La letrada sigue los consejos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y se ha reservado el día entero para realizar una guardia de protección internacional. Lo hace en transporte público para ahorrarse el aparcamiento, pues la última vez terminó pagando 32 euros. Pese a que los abogados deben tener dos plazas libres en el parking de la Policía, en la práctica esto no se cumple. Por suerte, ella vive en el centro.

Tras pasar varios controles, llega a la Terminal 1, donde se encuentran la mayoría de las salas de asilo. Y espera. Una hora, dos, tres, hasta que los funcionarios han realizado los protocolos pertinentes y puede reunirse con su primer cliente de un total de cinco. Sin introducciones previas, sin privacidad alguna, empieza la entrevista que determinará la vida de la persona que tiene delante. Dos horas en las que, con suerte, contará con un intérprete que les atenderá de forma telefónica (siempre usando el móvil particular del abogado). “No nos entrevistamos con ellos antes de hacer la solicitud. Tú llegas allí, se sienta el funcionario y se sienta tu cliente. Lo acabas de conocer”, cuenta a Infobae España la abogada, que utiliza un nombre falso para evitar ser reconocida. “Me parece irrisorio. Yo tengo que conocer cómo va a contar su historia el cliente y tengo que saber cómo defenderle”.

Los solicitantes a los que atiende, cuenta Rocío, “suelen ser personas que vienen con mucho miedo”, en muchos casos con historias aprendidas de las mafias organizadas que les han permitido llegar a España. “Tú haces cinco asistencias y son las mismas palabras, cuando son personas que, probablemente, si cuentan su historia real, se les concedería la protección”. Lo ideal sería, expresa Rocío, tener intimidad con el solicitante para poder explicarle el proceso y aconsejarle, pero ese espacio no existe en Barajas. “No podemos ni imprimir un documento relevante para su solicitud que nos hayan enviado y aportarlo, porque no tenemos cómo”, denuncia.

Esta falta de medios ha motivado las quejas del ICAM, que ha remitido por carta la “grave situación” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para expresar su “profunda preocupación”. “Es inaceptable que nuestros abogados se vean obligados a desempeñar sus funciones en condiciones indignas, utilizando sus propios teléfonos para comunicarse con los solicitantes y trabajando en espacios inadecuados, sin mesas ni equipamiento mínimo necesario”, ha declarado Eugenio Ribón, decano del ICAM.

Gran parte del problema está en la falta de personal funcionario, según la experiencia de Rocío, lo que hace que no se cumplan las garantías del proceso de protección internacional. “Estas personas están indefensas”, critica la abogada, que incluso ha tenido que suspender algunas solicitudes por el estado de salud del cliente. “He tenido que levantarme y pedirle a Cruz Roja que lleven a esta persona con un médico”.

Una experiencia similar ha tenido Juan Manuel Batuecas, que lleva dos años inscrito en el turno de oficio de protección internacional. “Las condiciones son penosas. Los solicitantes de asilo muchas veces reciben peor trato que los detenidos”, asegura, mientras recuerda las denuncias que se realizaron el pasado mes de enero.

El proceso de defensa, cuenta el abogado, está lleno de trabas. “Normalmente, te dan cinco (casos) y tú tienes que hacerlo rápido, uno detrás de otro”. Tras seis, siete o diez horas de trabajo intenso, se presentan las solicitudes de asilo y solo queda esperar la respuesta de la administración. Si es afirmativa o negativa muchas veces no lo saben, porque a ellos no se les notifica. “Tienes que estar constantemente llamando a la Policía, a Cruz Roja, a todo el mundo para que te digan qué ha pasado”.

“Yo he llegado a pedir el reexamen [de la solicitud] de un señor marroquí que, después de haberlo presentado, me dijeron que ya estaba en su país”, recuerda Batuecas. En otros casos, ni siquiera le informaron de la denegación de asilo a su cliente, lo que ha impedido presentar un recurso ante los juzgados para detener la deportación. “Es un constante entorpecimiento de nuestro trabajo. Es frustrante, sentimos que se ríen de nosotros”.

Esta situación hace que muchos compañeros terminen por rechazar las guardias de asilo, lo que genera una falta de abogados en el servicio. “Los compañeros están desmoralizados con esas guardias, son muy duras porque nos ponen obstáculos por todos los sitios”, expresa.

“Nosotros no estamos teniendo las respuestas correctas para que estas personas tengan garantizada la asistencia”, añade Rocío, que insiste en que hay “una falta de garantías básicas” para dar “una defensa correcta” a estas personas. “La solicitud de asilo es un asunto pendiente que tiene el Estado español”.

En su carta al ministro del Interior, el decano del ICAM ha solicitado la implementación “urgente” de una serie de medidas que garanticen recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas de asilo y Extranjería: intérpretes capacitados, formularios adecuados, espacios de trabajo dignos... Igualmente, ha recordado la necesidad de asegurar condiciones económicas justas para los abogados, “asegurando que no tengan que asumir gastos adicionales, como el parking o la comida, de su propio bolsillo”.

“Los abogados que participan en el sistema de asistencia jurídica gratuita lo hacen con una entrega y profesionalidad que merecen ser respetadas y apoyadas. Sin embargo, no podemos permitir que el sistema de asilo en España continúe funcionando bajo estas condiciones. Es imperativo que se garantice la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas”, ha señalado Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM responsable de la Abogacía de Oficio.