El coste del absentismo laboral ya supera los 12.245 millones de euros para las empresas

El absentismo laboral es un problema creciente en nuestro país. Cada día, 1,4 millones de personas de media no asisten a su puesto de trabajo, según el último informe de absentismo elaborado por Randstad Research. Y esto conlleva efectos económicos negativos para las empresas. Concretamente, el coste del absentismo laboral para las compañías españolas superó en 2023 los 12.245 millones de euros, lo que supone casi un 20% más que en el año anterior y un aumento de más del 74% en los últimos cinco años.

Así lo asegura el último estudio elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, que advierte que a esa cantidad habría que sumar los costes indirectos que deben afrontar las compañías, como el pago de una persona sustituta (lo que supone otros 49.753 millones) y los bienes o servicios que dejan de producir por la baja del trabajador (109.860 millones más).

El informe, que estudia la evolución del coste estimado del absentismo derivado de la Incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) -que son las que se producen por enfermedades usuales o accidentes del trabajador fuera de su ámbito del trabajo-, explica que la población media que estuvo de baja por contingencia común se incrementó en un 2,78%, respecto a la de 2022, superando los 19 millones de trabajadores.

Y como consecuencia de la tendencia ascendente en el número de los procesos de ITCC, también aumentó el coste de las prestaciones que otorga la Seguridad Social por ello en el año 2023 en un 16,18%, ascendiendo a 13 millones de euros.

Por tanto, sumando ambos costes (el de las prestaciones de la Seguridad Social y el coste directo para las empresas), el gasto total del absentismo laboral por ITCC en 2023 ha supuesto un total de 25.326 millones de euros, lo que implica un incremento del 17,65% respecto al ejercicio 2022 y un aumento del 149,61% respecto a 2015.

El organismo considera que el impacto del absentismo laboral por ITCC “es inmenso, afectando significativamente a la competitividad de las empresas, que se ven afectadas en el ejercicio de su actividad económica, y menguando las cuentas del sistema de la Seguridad Social”.

Esta tendencia, identificada hace más de un año por sindicatos y patronales, fue abordada en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). A pesar de esto, todavía no se han introducido los cambios legislativos necesarios para mitigar su aumento, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones.

Los sindicatos han solicitado al Ministerio de Seguridad Social acuerdos con las mutuas colaboradoras para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos con el fin de reducir la duración de las bajas por origen traumatológico. Sin embargo, destacan la importancia de mantener las competencias de los servicios públicos de salud y permitir al trabajador elegir el lugar de tratamiento.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, reconoció el incremento de la duración de las bajas por IT, atribuyéndolo a problemas en los servicios públicos de salud. Según UGT, las negociaciones continúan con desacuerdos significativos. Mientras que los sindicatos buscan limitar la intervención de las mutuas a casos traumatológicos específicos, estas empresas proponen extender su papel a más situaciones.

De hecho, para “recuperar lo antes y lo mejor posible la salud de los trabajadores, evitar el uso indebido de esta prestación y salvar el laberinto burocrático”, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo propone permitir a las mutuas brindar asistencia sanitaria integral y emitir altas médicas en casos de patologías traumatológicas y osteoarticulares; evitar o reducir los complementos a la prestación por incapacidad temporal (ITCC) en convenios colectivos; y disminuir el porcentaje aplicado a la base reguladora para calcular la prestación, ajustándolo según la gravedad y evolución del trabajador.