Pocas duchas, una visita y ningún juicio: los 29 meses en prisión de Pablo González, el periodista español acusado de espía ruso

La noticia salió en todos los periódicos este 31 de julio: 882 días después, Pablo González era liberado y enviado a Rusia tras ser encerrado en una prisión polaca desde el 2 de marzo de 2022, como medida preventiva tras su detención.

29 meses -el límite legal en España es de 24- entre rejas, hasta que finalmente fue canjeado -junto con otros prisioneros extranjeros- en un intercambio de presos entre Rusia y Polonia, en lo que parecía el final de una historia que, sin embargo, ha dado un nuevo giro con los cargos por espionaje que la Fiscalía del país eslavo ha presentado contra él.

La acusación fue presentada oficialmente por el fiscal del Departamento contra el Crimen Organizado y la Corrupción de Lublin el 9 de agosto. De nuevo, se le señala como agente del GRU -los servicios de espionaje militar rusos-, partícipe de operaciones con potencial daño para Polonia entre los años 2016 y 2022.

“Las actividades del acusado incluyeron, entre otras: la obtención y transmisión de información, la difusión de desinformación y la realización de reconocimientos”, señalan en un comunicado de la Fiscalía General del Estado. La pena, en caso de ser declarado culpable, sería de tres a quince años.

La veracidad de la imputación ha sido siempre un gran interrogante desde su detención el 28 de febrero de 2022, momento en el que el periodista de padre ruso y madre española se encontraba en Polonia cubriendo, para medios españoles, la situación de los refugiados ucranianos. Las autoridades del país lo detuvieron por espionaje, pero en ningún momento trascendió si existían pruebas de que el reportero freelance estuviera al servicio de Rusia.

“Nuestra posición es clara”, aseguró el presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, Alfonso Bauluz, en un comunicado al conocerse la libertad de Pablo González. “Defendemos la presunción de inocencia para cualquier periodista, exigimos un juicio con todas las garantías y el acuerdo de excarcelación”.

Esta misma organización se manifestó en diversas ocasiones contraria a las prórrogas del encarcelamiento del periodista con doble nacionalidad. Hasta ocho veces fue alargado el periodo de prisión preventiva, cuyo tiempo máximo permitido en Polonia es, a priori, de tres meses.

Sobre la veracidad de las acusaciones, el presidente de la sección española de la organización insistió en que “es su abogado quien tendrá que explicar en qué término se produce (la excarcelación) y el propio Pablo González aclarar su situación cuando esté libre”. Algo que, según el letrado defensor del periodista, se producirá tan pronto como el recién liberado se encuentre en condiciones de atender a los medios.

A pesar de estas declaraciones, acordes al posicionamiento de RSF España desde el primer momento, la sección internacional de esta misma entidad decidió no incluir el caso del periodista en su listado anual de detenciones arbitrarias de periodistas en 2022. Esta exclusión vino motivada por el hecho de que, al no conocerse pruebas ni haberse celebrado un juicio, no se podía saber si el encarcelamiento había sido “arbitrario” o no.

Pero quizá la primera sentencia tras estos 29 meses sea a nivel europeo. Y es que Pablo González denunció frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) las condiciones de su estancia en el sistema penitenciario polaco en septiembre de 2022. Por los cargos que se le inculpaban, fue considerado un preso peligroso, motivo por el cual fue ingresado en una cárcel de máxima seguridad, en aislamiento y esposado en todo momento si salía de su celda.

Una situación aún más precaria si se tienen en cuenta la situación higiénica que denunció, con apenas una ducha a la semana, y la escasa atención sanitaria tras sufrir un problema de piel para el cual la visita de un dermatólogo se demoró durante meses. “Su detención, una medida preventiva especialmente dura, debe terminar cuanto antes. Mientras tanto, las condiciones de su confinamiento deben mejorar significativamente”, escribió entonces el responsable del Área UE-Balcanes de RSF, Pavol Szalai.

Amnistía Internacional (AI) también mostró su preocupación al respecto. Tardó 16 días en tener un abogado, dos meses en que este fuera de libre elección, y casi dos años y medio solo pudo recibir una única visita de su esposa, en noviembre de 2022. El resto del tiempo, en palabras de AI, no se le permitió “tener un contacto regular con su familia, ni siquiera por teléfono o videollamada”.

Además de exponerse a un largo periodo entre rejas con unas condiciones similares, los nuevos cargos contra Pablo González podrían acarrear muchas complicaciones para poder volver a la Unión Europea. Actualmente, se encuentra en Rusia junto a su familia, lugar del que no se sabe si se podrá ir, dado que el proceso podría conllevar exponerse de nuevo a ser detenido y extraditado a Polonia.