¿Dónde están los coches blindados de ‘Oro Direct’? Una empresa absuelta por blanqueo quiere recuperar los vehículos que se quedó el ministro del Interior

Han pasado ya diez años. En febrero de 2014, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria hacían públicos los resultados de una gran operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en negocios de compraventa de oro. Según decía la nota de prensa, una red de 180 empresas de toda España aprovechó el auge de los metales preciosos para emitir facturas falsas por valor de 1.000 millones de euros anuales y blanquear con ello millonarios beneficios. La trama habría cometido también un fraude de nueve millones en el impuesto sobre sociedades y de diez millones en devoluciones del IVA. Hubo 164 detenidos y se decomisaron 6,5 toneladas de oro y plata y 52 vehículos.

Una de las sociedades implicadas era ‘Oro Direct’, una firma mayorista dirigida por un empresario austríaco, que tenía entonces 85 empleados y oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Málaga y Canarias. Con una cuota de mercado del 60%, en 2012, por ejemplo, había llegado a facturar 1.200 millones de euros. Su negocio se basaba en la compra de metales a terceros para fundirlos y revenderlos a Argor Heraeus (una refinería de metales preciosos en Suiza) y al Banco Nacional de Austria. La operación policial conllevó la quiebra de esta compañía, que se declaró en concurso voluntario de acreedores ese mismo año.

En un principio, toda la operación fue liderada por el juzgado de instrucción número 12 de Valencia, que decidió embargar todos los bienes de ‘Oro Direct’ y sus representantes, entre ellos 14 vehículos valorados en 435.000 euros. “Por incautar, se incautaron de los 100 euros que el consejero delegado de ‘Oro Direct’ llevaba en su cartera el día que la Policía realizó las detenciones”, explican fuentes de la defensa de esta empresa. Una semana después de los arrestos, el Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia solicitó al juzgado una autorización para disponer de 11 de los 14 vehículos decomisados a ‘Oro Direct’ con el objetivo de que estos fueran usados por diversos equipos operativos de la Policía. Es costumbre, por ejemplo, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad usen para su trabajo los coches que embargan a narcos y grupos del crimen organizados. Los otros tres coches se reintegraron a la compañía.

Meses después, la policía rechazó el uso de otros cuatro vehículos, por lo que finalmente se quedó para su trabajo operativo con cuatro BMW 550 blindados, un Passat, un Golf y una motocicleta. Pero, al parecer, la Policía a la que el juzgado cedió estos coches no mantuvo la custodia de los mismos. Varias informaciones publicadas en El Mundo y en La Sexta señalaron que los cuatro BMW blindados habían sido destinados al ministerio del Interior para que los usara el ministro de entonces, Jorge Fernández Díaz, que formaba parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El motivo no era otro que ahorrar fondos de las arcas públicas.

Dada la magnitud del caso, el Tribunal Supremo decidió a finales de 2016 que la investigación de lo que ya se conocía como ‘trama del oro’ pasara al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, debido a que había ramificaciones por toda España e incluso en el extranjero. ‘Oro Direct’ estuvo en siete piezas abiertas por la Audiencia. Seis de ella se cerraron entre 2020 y 2022. “Nunca hubo caso contra mis clientes”, señalan fuentes de la defensa de ‘Oro Direct’. “Todas las cuentas eran transparentes y estaban auditadas por KMPG. Y siempre se pagó correctamente a la Agencia Tributaria. Hay informes periciales de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) que describen cómo la compañía fijaba los precios y los márgenes y se relacionaba con sus proveedores en línea con el resto de grandes mayoristas”.

Además, se incorporaron a la causa informes de Ernst & Young, una declaración testifical del director comercial de Argos Heraeus, y dos ‘due dilligences’ de Deloitte solicitadas por el fondo estadounidense JZ International, que sirvieron para valorar la operación de compra del 55% de las participaciones de ‘Oro Direct’ algo más de un año antes de la intervención judicial. “Estos informes contradicen la posición de la Agencia Tributaria. Según Hacienda, ‘Oro Direct’ declaraba un beneficio de entre el 1% y el 3%, cuando debería haber declarado el 22%. Hacienda fijó unos márgenes que nunca existieron”.

La conclusión es que todas las causas contra esta firma se cerraron, menos una pieza que sigue abierta solo contra el ex consejero delegado de la empresa por fraude fiscal. “Creemos que la mantienen abierta, tras muchas prórrogas, porque no les interesa cerrar un caso del que no hay nada. Porque entonces exigiríamos reclamaciones patrimoniales por todo lo que hemos perdido cuando nunca hubo nada. Por ejemplo, ¿dónde están los coches que quitaron a mis clientes?”.

Y, ¿dónde están los coches? Este diario ha preguntado al ministerio del Interior para saber si los sigue utilizando, están en desuso o, por ejemplo, han pasado a formar parte de alguna unidad policial. De momento no hay respuesta. ‘Oro Direct’ ha solicitado la devolución de los vehículos, pero desde que la empresa pasó a manos de un administrador concursal, este no tiene mucho interés en reclamarlos. “Mientras, llevamos diez años sin ellos”, señalan las mismas fuentes. “Estaban en perfectas condiciones y con el uso habrán sufrido una importante depreciación. A pesar de que la empresa ha quedado exenta de cualquier responsabilidad penal, los vehículos no han sido devueltos y no se sabe dónde están”.