Sin cobrar y sin poder pedir el paro: trabajadoras de una escuela infantil de Madrid denuncian el “abandono” del Gobierno de Ayuso

La empresa Atreyu Blota Carto, que gestiona varias escuelas en la región y entró en concurso de acreedores el pasado mes de mayo, lleva medio año sin pagar las nóminas de muchas empleadas. CCOO ha pedido a la Consejería de Educación que “garantice la subrogación de las plantillas”

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La escuela infantil Don Gato se ubica en el  barrio madrileño de Valdebernardo.
La escuela infantil Don Gato se ubica en el barrio madrileño de Valdebernardo.

Las trabajadoras de la escuela infantil El Señor Don Gato, ubicada en el distrito madrileño de Vicálvaro, están viviendo un auténtico calvario. Desde que la empresa que gestiona el centro educativo, Atreyu Blota Carto, anunció en 2023 un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), su situación solo ha ido a peor: después de sufrir retrasos en el pago de sus nóminas, a partir de marzo dejaron de cobrar, asumiendo además una mayor carga de trabajo al cubrir las bajas médicas de otras compañeras. En julio, debido al “deplorable estado de las instalaciones y la falta de aprovisionamiento de medios por parte de la empresa para poder prestar un servicio adecuado”, las familias decidieron dejar de llevar a la escuela a sus hijos e hijas, con todo lo que implica para la conciliación en pleno periodo vacacional. Pese a todo, las trabajadoras siguieron acudiendo a su puesto de trabajo.

Debido al “nulo mantenimiento de las instalaciones”, la caldera acumuló óxido y el agua comenzó a salir turbia, mientras que el frigorífico no enfriaba de forma adecuada los alimentos y el sistema de aire acondicionado tampoco funcionaba, lo que suponía un riesgo para su salud de trabajadoras y alumnos. Aunque la gestión de la escuela ha salido a concurso público, ninguna empresa se ha mostrado interesada y, a día de hoy, después de que Atreyu Blota Carto comunicara a sus empleadas, vía email, su intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), permanecen a la espera de que la Comunidad de Madrid se pronuncie al respecto. De momento, la Consejería de Educación solo les ha comunicado que a partir del 1 de septiembre ya no tendrán que acudir a su puesto de trabajo porque ahí termina la relación contractual con la empresa.

“Pese a la situación de estrés laboral continuado a la que hemos estado sometidas, siempre hemos cumplido con nuestro trabajo, atendiendo a nuestros alumnos y familias, y ahora nos encontramos con que el 1 de septiembre estamos en la calle”, explica a Infobae España una de las trabajadoras de la plantilla, formada principalmente por mujeres con familias a su cargo, al tiempo que se pregunta cómo va a pagar la empresa sus finiquitos si se encuentra en concurso de acreedores y ya llevan medio año sin cobrar. La Comunidad de Madrid, que de momento se encargará de la gestión de esta escuela infantil, también les comunicó que no podían ser subrogadas a la empresa que vaya a prestar el servicio el próximo curso, pese a que esa subrogación laboral “está establecida en su convenio”.

“A pesar de que somos personal subrogable, la Comunidad de Madrid solo nos ha dicho que es Atreyu la que debería encargarse de esa recolocación, así que ahora estamos sin cobrar y sin poder pedir el paro”, añade la educadora. “Para nosotras es una situación muy difícil, porque ni siquiera sabemos qué va pasar con el ERE”, dice angustiada.

Empleadas de la escuela en una de las protestas que han realizado. (Cedida)
Empleadas de la escuela en una de las protestas que han realizado. (Cedida)

Desde la Consejería de Educación que dirige Emilio Viciana se limitan a decir que este departamento “garantizará la escolarización en las instalaciones de este centro a todos los alumnos matriculados en él para el próximo curso”, aunque no especifican cómo pese a las preguntas de este periódico. Las trabajadoras, por su parte, dudan de que se puedan arreglar a tiempo todos los problemas que arrastra la escuela y, en ese sentido, aseguran sentirse “abandonadas” por el Gobierno regional que lidera Isabel Díaz Ayuso.

“Aunque la gestión de la escuela haya estado cargo de una empresa privada, al final se trata de un centro público, y la Comunidad de Madrid siempre nos ha dado largas. Tenemos claro que Atreyu intentará echarnos de la manera que le suponga menos dinero, dado que no nos paga desde abril, pero la Comunidad también se ha desentendido totalmente de nosotras. Estamos desesperadas”, aseguran las trabajadoras.

Otras escuelas sufren una situación similar

Fue en 2021 cuando Atreyu Blota Carto se hizo cargo de la gestión indirecta de la escuela infantil El Señor Don Gato, si bien la empresa gestiona otros ocho centros en la región y prácticamente en todos sus trabajadores han sufrido retrasos en el pago de sus nóminas y falta de personal. De hecho, la escuela infantil Tesoros en Arganda del Rey también tuvo que paralizar sus servicios en julio debido a las precarias condiciones en las que se encontraba el centro, con el consiguiente perjuicio para las familias de los menores.

Uno de los carteles que las trabajadoras colgaron en la escuela meses atrás para exigir a la empresa Atreyu Blota Carto que pague sus salarios.
Uno de los carteles que las trabajadoras colgaron en la escuela meses atrás para exigir a la empresa Atreyu Blota Carto que pague sus salarios.

Por todo ello, el sindicato CCOO ha pedido a la Consejería de Educación que “cumpla la legislación laboral y garantice la subrogación de las plantillas completas, tanto de El Señor Don Gato como de Tesoros, así como el cobro de los salarios pendientes. El sindicato recuerda que la subrogación convencional está regulada en el Artículo 31 del XII Convenio Colectivo de centros de Educación Infantil, de forma que se podrá producir “cuando tenga lugar un cambio de contratista o de subcontratista, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del mencionado convenio en cualquier tipo de cliente, ya sea público o privado”.

CCOO también ha denunciado “la falta de negociación y de transparencia” por parte de la Consejería, así como “la ausencia de petición de responsabilidades a la empresa”.

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