Si hubiera que hacer un ranking de las regiones que más catástrofes medioambientales han sufrido en España, Galicia ocuparía sin duda uno de los primeros puestos. El derrame de petróleo del Prestige, un accidente mal gestionado por el entonces gobierno del PP que afectó al 70% de sus playas y cuyas consecuencias perduran 22 años después, los incendios forestales que tantas veces han arrasado miles de hectáreas o el vertido de pellets de plástico que el pasado mes de enero invadió parte de su costa son algunos ejemplos de esos desastres ecológicos, episodios que, por otro lado, también han contribuido al despertar de una conciencia ambiental y social entre su población.
De ese activismo ambiental ha sido testigo en los últimos meses la comarca gallega de A Ulloa, en Lugo, una zona de alto valor ecológico donde la multinacional portuguesa Altri quiere construir una macroplanta de celulosa, por lo que miles de vecinos, además de ecologistas, investigadores, agricultores y ganaderos, han salido a la calle a mostrar su rechazo e intentar frenar este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Xunta que lidera el popular Alfonso Rueda. La fábrica, que se instalaría en el municipio de Palas de Rei, de unos 3.500 habitantes, prevé producir cerca de 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de fibra lyocell al año, además de biomasa y yeso, para lo que la compañía lusa necesitaría extraer 46 millones de litros de agua diarios de la presa de Portodemouros sobre el río Ulla, según denuncian las organizaciones sociales.
De esos 46 millones de litros de agua, que equivalen al consumo de toda la provincia de Lugo, Altri “devolvería 30 millones de litros de agua tratada con sus químicos y a una temperatura de 27 grados centígrados”, indica a Infobae España Patricia Villarino, miembro de la plataforma Ulloa Viva, que integra varias asociaciones contrarias a esta megafábrica, al tiempo que explica que no solo consumirá una gran cantidad de agua, sino que contaminará la zona, poniendo en peligro el marisqueo en la ría de Arousa y a los municipios de la zona por los que discurre el Camino de Santiago. De esta forma, tres espacios de la Red Natura 2000 se verían afectados (ZEC Serra do Careón, ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza y ZEC Sobreirais do Arnego), e incluso el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.
Se trata de un proyecto que “ya no solo atenta contra nuestro modo de vida, nuestro modelo socioeconómico, sino que atenta también contra nuestra salud, porque esa planta va a emitir gases perjudiciales para la salud”, asegura la activista indignada. Además, añade, en esta zona de Lugo, a la que llaman el corazón de Galicia, registra menos desempleo que la media de la región, por lo que “no necesita una macro industria” de estas características.
En esa misma línea se pronuncian desde Greenpeace, que recuerdan que Altri “ha tratado de vender esta zona como un área empobrecida, cuando es precisamente todo lo contrario”. “El sector primario en la comarca de A Ulloa es muy boyante y además con proyectos innovadores, sostenibles y ecológicos que dan empleo al 22% de su población, una cifra muy por encima de la media gallega, que está en el 6,3%”, con lo que también atraen a población de otras zonas rurales con explotaciones tanto agrícolas como ganaderas, añade por su parte María José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace.
“La Xunta permite que se lleven nuestros recursos”
Esos alimentos “de calidad y ecológicos” se verían afectados por las emisiones que la propia empresa ha reconocido en la memoria de impacto ambiental que presentó hace unos meses a la Xunta, apunta Villarino. En dicho informe, la empresa admitió que emitiría a la atmósfera 0,1 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por cada tonelada de lyocell producida, “50 veces menos que en la producción de algodón y 120 veces menos que en el poliéster”, según especificó el consejero delegado de Altri, José Soares de Pina. Cifras que, sin embargo, siguen sin convencer a los vecinos.
“Hemos dejado bien claro a la empresa que ni les queremos ni les necesitamos. Aquí vivimos muy bien”, añade la activista, que también critica la postura de la Xunta: “El Gobierno gallego está permitiendo que nuestro territorio se llene de industrias que chupan nuestros recursos naturales, se llevan los beneficios fuera y provocan daños medioambientales”.
Asimismo recuerda que Altri necesitará unos 2,4 millones de toneladas de eucalipto al año para fabricar su pasta de celulosa soluble, con lo que aumentaría la demanda de este monocultivo que “tanto daño está haciendo a la biodiversidad de Galicia”, pues es una de las especies que más riesgos plantea en un gran incendio al favorecer la rápida propagación del fuego.
Cabe recordar que el proyecto de Altri en Palas de Rei supone una inversión de 1.000 millones de euros, de los cuales un 25% procede de capital privado, otro 50% de deuda y el 25% restante, un total de 250 millones, de los fondos europeos Next Generation. Sin ese dinero público, la megafábrica no sería viable.
De momento, la oposición al proyecto en la zona no ha dejado de crecer y ya se han presentado más de 23.000 alegaciones en su contra. La última manifestación multitudinaria tuvo lugar el pasado 30 de junio, cuando miles de personas rodearon la sede de la Xunta en Santiago de Compostela y ahí anunciaron que las protestas se volverán a reanudar en otoño.