La banca no secunda al Gobierno: al 60% de los jóvenes que pueden pedir un aval ICO, los bancos no les dan la hipoteca

La mayoría no pasará el estudio de solvencia financiera exigido por la banca, a pesar de que cumplan los requisitos para recibir estas ayudas que les facilitan dar la entrada a una vivienda

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Una pareja paseando por delante
Una pareja paseando por delante de un bloque de pisos con un cartel de "Se vende" en una nueva zona residencial de Madrid. REUTERS/Paul Hanna

Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) impulsados por el Gobierno para facilitar a los jóvenes menores de 35 años y a las familias con menores a su cargo dar la entrada para comprar su primera vivienda no tendrá los resultados esperados debido a que a más del 60% de las personas que pueden solicitarlos, los bancos les negarán la hipoteca, advierte el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI).

“Los avales ICO son una medida interesante pero, en la mayoría de los casos, no permitirán la compra real de una vivienda, pues muchos de los que reúnen las condiciones para obtener la ayuda pública no cumplirían con los requisitos de las entidades bancarias ni pasaría un futuro estudio de solvencia financiera para la concesión de la hipoteca”, advierten desde el COAPI. Inciden en que acabará siendo “una medida insuficiente para que los más jóvenes puedan acceder al mercado de compra”.

La intención del Gobierno con la aprobación de estos avales era ofrecer a jóvenes y familias la posibilidad de conseguir una hipoteca con una financiación del 100% del precio de compraventa del inmueble: el 80% habitual que financian las entidades bancarias y el 20% restante financiado gracias al aval. El importe de la línea de créditos es de 2.500 millones de euros y con ella se pretendía facilitar la adquisición de 50.000 viviendas.

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Subvenciones de 10.800 euros y avales para la hipoteca: las ayudas que los jóvenes pueden pedir para comprar una vivienda.

Los jóvenes que pueden optar a estos avales tienen que tener unos ingresos inferiores a los 37.800 euros brutos anuales, aunque en caso de comprar en pareja se duplicará este importe máximo hasta los 75.600 euros. No obstante, deben ser solventes y ganar un sueldo suficiente para que el banco les conceda la hipoteca.

Esta medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, el límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM -2.520 euros brutos anuales- por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

La dificultad de la mayoría de jóvenes para acceder a los avales radica en que “la concesión de la hipoteca, con o sin aval, depende siempre de los criterios de riesgo de los bancos”, indica el director de Hipotecas del comparador iAhorro, Simone Colombelli, por lo que “para que una entidad financiera conceda una hipoteca, es muy importante que el cliente o los clientes no superen el ratio de endeudamiento recomendado por el Banco de España, es decir, que no vayan a pagar de cuota de hipoteca más del 30 o 35% de sus ingresos netos mensuales, incluyendo la amortización del préstamo y sus intereses”.

El efecto dominó de limitar el precio del alquiler

En cuanto al alquiler, el consejo de agentes inmobiliarios critica la intención del Gobierno de limitar los precios a nivel nacional, ya que, “como ha ocurrido en Cataluña”, generaría “una reducción de la oferta disponible y un aumento del precio medio de las rentas, es decir, un resultado diametralmente opuesto al que persigue la medida”.

También destaca “el deterioro que sufrirá el parque inmobiliario privado, pues los propietarios dejarán de invertir en el correcto mantenimiento de sus viviendas para seguir obteniendo una mínima rentabilidad por su alquiler”.

Para tratar de paliar los problemas de acceso a la vivienda desde COAPI demandan al Gobierno que “aproveche” los fondos europeos Next Generation: “Para aumentar y modernizar nuestro parque residencial hemos de aprovechar esos recursos destinados implementar ayudas, pero también políticas fiscales que fomenten la inversión inmobiliaria e inviten al capital privado a promover y mejorar un sector que, hasta el momento, lo único que ha recibido son cambios en su regulación y una fiscalización excesiva”.

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