El Supremo apunta a posibles delitos en las cúpulas de Interior y Mossos por no ejecutar la orden de detención de Puigdemont

Casi siete años después, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, dio por hecho que Carles Puigdemont comparecería ante él, tanto que estaba preparado para hacer un paréntesis en sus vacaciones. Lo ha hecho, pero no para ese cometido. El magistrado quiere depurar las responsabilidades penales de los implicados en la nueva fuga del expresident de la Generalitat, tanto en el Ministerio del Interior como en los Mossos d’Esquadra, según informan fuentes jurídicas.

Llarena dio el primer paso este viernes con dos providencias en las que ordenaba al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y al cuerpo autonómico identificar a “los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y aquellos a los que se encomendó su ejecución o despliegue operativo”.

Desde el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han tirado balones fuera. “Todo el operativo policial corría a cargo de los Mossos”, remarcó el Ejecutivo. Sin embargo, Puigdemont entró en algún momento y por algún punto fronterizo -se desconoce por el momento- a territorio español y ningún cuerpo policial cumplió la orden nacional de detención emitida por el magistrado del Tribunal Supremo.

Tampoco lo hicieron los Mossos d’Esquadra, que habían desplegado un dispositivo con centenares de agentes para, en palabras del comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, practicar la detención “en el momento idóneo”. Ese momento era la aproximación de Puigdemont al Parlament, que finalmente no ocurrió porque el expresident tenía otros planes. La cúpula de los Mossos reconoció en rueda de prensa que no tenían información del paradero de Puigdemont hasta que apareció junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, por la calle Trafalgar antes de subir al estrado desde el que pronunció su breve discurso.

“No teníamos información de inteligencia”, señaló el mando policial de los Mossos Eduard Sallent, de lo que se desprende que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no siguió los pasos del prófugo. Por ese motivo, el PP exigió el cese de Margarita Robles como ministra de Defensa, así como el de Grande-Marlaska.

La investigación interna de los Mossos d’Esquadra ya está en marcha y, por el momento, se ha saldado con dos agentes detenidos por colaborar con Puigdemont. Pero el juez Llarena apunta más alto por el “fracaso” del operativo. Era la oportunidad de que el líder del procés rindiera cuentas con la justicia después de que el propio instructor rechazara aplicarle la ley de amnistía, concretamente al considerar que bajo su paraguas no está el delito de malversación por el que lo investiga.

El único paso que ha dado el instructor del procés es solicitar sendos informes a Interior y los Mossos sobre el diseño, si existiera, del dispositivo desplegado para cumplir con la orden de detención de Puigdemont. Pero distintas fuentes adelantan que el hecho de no haber cumplimentado la labor judicial podría acarrear responsabilidades penales (delitos) para los máximos responsables del operativo.

El portavoz nacional del sindicato policial Jupol, Ibón Domínguez, subraya que los Mossos d’Esquadra “no tomaron las medidas necesarias para intentar detener en un primer momento a una persona prófuga de la justicia”, ya que el propio mando policial de los Mossos, Eduard Sallent, reconoció que lo harían tras pronunciar el discurso en Arc de Triomf. “Lo tendrá que valorar Llarena”, pero a su juicio existen “responsabilidades penales” en la cúpula del cuerpo autonómico.

Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), detalla que, aunque los hechos “deben ser investigados”, los mandos del operativo podrían haber incurrido en un delito de omisión del deber de perseguir delitos o a sus responsables, así como un posible delito de desobediencia si se demuestra que hubo “dolo” (voluntad) de facilitar la huida en el diseño del despliegue. Y va más allá: pudo existir un delito de revelación de secretos si algún agente facilitó confidencial al entorno de Puigdemont de forma previa.

El portavoz de Conferencia Española de Policía (CEP), David Pola, también opina que “una vez identificados” los responsables del operativo, el juez Llarena “verá qué delitos les puede llegar a imputar”. A su juicio, la actuación de los Mossos demuestra “una completa deslealtad hacia el Estado”.