El gasto en la educación concertada crece un 28% en diez años y uno de cada tres centros está sobrefinanciado

El recién elegido lehendakari, Imanol Pradales (PNV), ya ha llevado a cabo su primera medida como máximo dirigente del Gobierno del País Vasco. Concretamente, se trata de una modificación exprés de los presupuestos de 2024 que aprobó su predecesor, Íñigo Urkullu, que permita la equiparación de los salarios del personal docente de los colegios privados con el de los funcionarios de Educación. Para ello, financiará unos 68 millones de euros adicionales a la red de escuelas concertadas vascas, tras pactar con las patronales tanto de los colegios privados religiosos como con las ikastolas.

Euskadi es, actualmente, la comunidad de España en la que este modelo educativo tiene más peso, al representar cerca del 50% del alumnado. Recientemente, el Ministerio de Educación ha publicado el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, donde se evidencia el incremento generalizado en el gasto en conciertos educativos desde 2014. En los últimos tiempos, el gasto de las administraciones educativas en enseñanza ha crecido un 28,4%. En 2011, la financiación de este tipo de escuelas era de 5.779 millones de euros. Una década después, en 2021, este gasto ascendía hasta los 7.426 millones.

En el curso 2021-2022, último año con datos actualizados, el 19,1% de los centros no universitarios tuvieron concertadas todas o parte de las enseñanzas impartidas y escolarizan al 24,8% del alumnado, frente al 67% del estudiantado en los públicos y el 8% en los privados no concertados.

Los centros educativos concertados en España reciben financiación pública para cubrir una parte significativa de sus gastos operativos, aunque no en su totalidad. El modelo de financiación se basa en la firma de conciertos educativos entre la administración pública (a nivel autonómico) y los centros privados. Estos conciertos establecen las condiciones y la cantidad de fondos que los centros recibirán a cambio de ofrecer educación gratuita en las etapas obligatorias.

La dotación pública está diseñada para cubrir el pago de los salarios de los profesores y del personal administrativo, a cuentas de contratar al personal docente bajo las mismas condiciones laborales que los centros públicos, lo que incluye retribuciones similares. Aunque la enseñanza en los centros concertados es gratuita en las etapas obligatorias, muchos centros solicitan a las familias cuotas voluntarias para cubrir otros gastos no contemplados en la dotación pública, como actividades extraescolares, proyectos educativos específicos, o mejoras en infraestructuras. Estas cuotas han sido objeto de controversia, ya que, en algunos casos, se perciben como obligatorias, lo que genera críticas sobre el acceso igualitario a la educación.

El pago de cuotas en las etapas de la educación obligatoria (Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO) se realiza de forma casi generalizada, con porcentajes que oscilan entre el 81% y el 95%. Según el informe ‘El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas’, la razón principal para que se realicen estos cobros, que a priori son voluntarios, es una regulación laxa de sus servicios.

Según el mencionado informe, la cuota media por alumno se encuentra entre los 680 y los 860 euros anuales, y existen importantes diferencias de pago dependiendo de las rentas de las familias: el 20% de renta más baja paga una media de 310€ anuales de cuota, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000€. La cuota media por alumno al año (solo de las familias que pagan) es de 1.696€ en Cataluña, 1.156€ en la Comunidad de Madrid, 959€ en el País Vasco, 597€ en la Comunidad Valenciana y 453€ en Andalucía.

Del análisis, que parte de los datos de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), se aprecia que la financiación de estos centros es extremadamente desigual, con un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo e inferior a los 300 euros por alumno al año y un 30% que tienen una clara situación de sobre-financiación. Pese a ello, estos centros tienen mayores probabilidades de cobrar cuotas. Por tanto, existen diferentes tipos de escuelas concertadas dirigidas a los diferentes segmentos de renta familiar. Existen importantes diferencias de pago de cuota por renta: el 20% de renta más baja paga una media de 310€ anuales de cuota, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000€.

En España, la financiación de los centros concertados varía significativamente entre comunidades autónomas, afectando la cantidad de cuotas que deben pagar las familias. Cataluña se destaca como la comunidad con mayor desigualdad de financiación entre estos centros, obligando a aproximadamente la mitad de ellos a cobrar cuotas para compensar la falta de fondos públicos. En contraste, entre un 25% y un 33% de los centros en la región cobran estas cuotas, aunque persiguen niveles de distinción educativa o beneficios económicos específicos.

En la Comunidad de Madrid, la situación es diferente. Existe una relación directa entre la financiación recibida y las cuotas cobradas; los centros mejor financiados son los más propensos a cobrar cuotas, y estas suelen ser elevadas, oscilando entre 460 y 560 euros por alumno. Además, son pocos los centros que sufren de infrafinanciación. El tamaño de los centros también es relevante en esta comunidad.

La Comunidad Valenciana muestra un escenario intermedio. Aunque la mayoría de sus centros tienen una financiación intermedia de unos 200 euros por alumno, los centros mejor financiados tienden a cobrar más a las familias, una tendencia que disminuye en los cursos de la ESO. En el País Vasco, se observa una combinación de buena financiación con altos gastos no concertados. A pesar de recibir fondos públicos considerables, las cuotas son habituales y superiores a la media.

Por otro lado, Andalucía se posiciona en el extremo opuesto, con una financiación baja en comparación con la media nacional y reducidos gastos no concertados, lo que resulta en las cuotas más bajas entre todas las comunidades analizadas.

Las críticas al sistema concertado se centran en varios puntos clave. En primer lugar, la situación ha sido criticada por considerarse una forma de privatización encubierta, donde fondos públicos se utilizan para sostener instituciones que operan con una lógica de mercado. Además, se puede generar un conflicto de intereses a la hora de gestionar estos centros, ya que pueden priorizar la rentabilidad económica sobre la calidad educativa o la equidad en la admisión de estudiantes.