Un abogado lleva al Poder Judicial su lucha “contra un ‘lawfare’ de manual: “Una jueza ocultó varios meses un informe que me permitía poder ver a mis tres hijos”

Pablo, leonés de 49 años, es un abogado de prestigio. Tiene tres hijos de 14, 11 y 9 años que, asegura, “están sufriendo muchísimo” tras un complicado divorcio. Complicado, pero también con un tortuoso recorrido jurídico que está dejando “atónito” a este letrado y que le ha obligado a preparar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por “las irregularidades reiteradas que se están cometiendo por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid”.

Y es que aunque su matrimonio ha sido ya anulado en mayo de este año por el Tribunal Eclesiástico de Valladolid, la custodia de sus hijos se está dirimiendo extrañamente no en un juzgado de familia, sino en este juzgado de violencia. La última anomalía, de la que se enteró por casualidad hace unos días y que ha colmado el vaso de su paciencia, es que la magistrada ha ocultado durante cinco meses un informe de la Fiscalía que recomendaba que Pablo podía ver a sus hijos fuera del punto de intermediación.

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En primer lugar, Pablo reitera que no es lógico que un juzgado de violencia siga asumiendo las competencias sobre la custodia de sus hijos. “Nos separamos en 2018 y empezaron los problemas. Yo la había denunciado por amenazas y agresión, y ella me denunció por unos supuestos gritos que proferí. El divorcio pasó, por tanto, a un juzgado de violencia por estas denuncias, pero en ambos procedimientos, ella y yo, fuimos absueltos. Eso es lo extraño, que después de todo esto el divorcio siguiera en el juzgado de violencia y no pasara a uno de familia”, explica Pablo. Por entonces, el titular de ese juzgado era Emilio Vega, que además era el decano de los magistrados vallisoletanos (en enero fue trasladado a León). “Estaba claro que Vega no quería soltar el procedimiento. ¿Por qué?”, se pregunta Pablo.

En esos momentos los dos padres tenían la custodia compartida de los niños. Pero todo cambió en marzo de 2022, cuando el juez Vega decidió que a partir de entonces Pablo solo podría estar en compañía de los menores la tarde de los martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas y en fines de semana alternos, sábados y domingos, de 11 a 13 horas, visitas que se llevarían a cabo en los locales de la Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores (APROME), bajo la supervisión de sus técnicos. “Tampoco entendí esa situación. Había informes que decían que mi ex mujer tenía problemas psiquiátricos, que maltrataba a mis hijos y que había intentado inducirles para que confesaran que yo abusaba de ellos”. Pero Pablo cumplió con lo dictado y en estos dos años ha realizado más de 400 visitas al APROME para poder estar con sus hijos. “Aunque trabajo en Madrid, me he tenido que ir a vivir a Valladolid”.

Pero todo cambia de nuevo el 26 de febrero de 2024. Ese día el punto de encuentro remite un informe al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer para cambiar la dinámica de visitas porque ya habían pasado dos años desde el inicio de la intervención de este servicio. El documento, al que ha tenido acceso Infobae España, recomendaba que Pablo podría ver a sus hijos fuera del centro. En esos momentos el magistrado Vega ya se ha ido y el tribunal está en manos de una jueza. Esta traslada a las partes y al fiscal el informe. La madre, obviamente, se opone. El ministerio público, en un escrito fechado el 18 de marzo, avala que finalice el calvario de Pablo. Apoya que recoja y entregue a sus hijos en el punto de intermediación, pero que en el tiempo del régimen de visitas establecido pueda salir con ellos e ir donde quiera, por ejemplo, al cine. Se acabó lo de ver a sus hijos delante de unos técnicos.

Tan desesperado ha estado Pablo en estos dos años que en abril de 2024 tuvo que recurrir a otro juzgado, el de Primera Instancia número 10 de Valladolid, para que le permitiera estar presente en la comunión de sus dos hijas pequeñas, que se celebraba en mayo. La madre se opuso con un recurso, pero la justicia le dio la razón. El problema es que el informe del fiscal que avalaba el cambio de régimen de visitas ha estado oculto en el cajón de la magistrada desde marzo. Nunca se lo comunicaron a Pablo. Y eso que en abril y en mayo APROME recordó al juzgado en nuevos informes que su intervención tenía que finalizar. Silencio por parte de la magistrada. “El 31 de julio me entero de que existe el informe del fiscal porque alguien tiene la decencia de contárnoslo. Nos metemos en el expediente electrónico del caso y allí estaba”.

Este jueves 8 de agosto ha sido el primer día en el que Pablo ha podido ir al punto de encuentro a buscar a sus hijos e irse con ellos a la piscina. Un logro importante. Pero ha habido más sorpresas desagradables. El juzgado ha decidido unilateralmente reducir el número de visitas. “He pasado de verles doce días al mes a seis. No lo entiendo. Ha tomado esta decisión sin ningún informe que lo avale”. ¿Por qué este juzgado, con distintos magistrados, ha tomado siempre decisiones en contra de Pablo y ha ocultado incluso un informe muy relevante de la Fiscalía?, se pregunta su abogada. “Creemos que el juzgado quiere dar tiempo a la madre para que pueda adoctrinar a los niños en contra de su padre. Y para que la verbalización del relato, que la madre quiere que predomine, los niños puedan hacerla de una forma que parezca autónoma y consistente”, señala la defensa de Pablo. “El juez Vega está detrás de todo esto. Me consta que tenía una buena relación de amistad con mi ex mujer. Esto es un caso de ‘lawfare’ de manual”, sentencia Pablo.

Todo esto le ha conducido a ultimar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por “la gravedad de los hechos y las irregularidades reiteradas que se están cometiendo en el Juzgado de Violencia número 1 de Valladolid. Se trata de una denuncia por omisión del deber de perseguir el delito, ya que los niños están sufriendo maltrato físico y psíquico por parte de su madre, y por desprotección judicial de los menores”, señala el equipo jurídico que defiende a Pablo. “Vamos a aportar incluso fotografías de las agresiones que están sufriendo los pequeños por parte de su madre”.

Pablo asegura que no puede quedarse de brazos cruzados con lo que está pasando. “Quiero que mis hijos estén bien y que se pueda normalizar su relación con sus padres, con ambos si es posible”. El pasado 26 de abril también denunció ante la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León el abandono institucional en el que se encuentran los menores y la desprotección que tienen por la falta de idoneidad de la madre debido a su patología psiquiátrica “que el Juzgado de Violencia oculta y se niega a valorar”. Parece ser que Pablo no está solo. APROME también ha denunciado la situación ante la Consejería, que ha abierto un expediente informativo. Este caso tiene más derivadas judiciales.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid está investigando si la declaración del hijo mayor de Pablo fue manipulada cuando fue grabada. El juzgado ha encontrado indicios de delito y ha acabado investigando a Aitor Cubo, Director General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia. Esta posible manipulación se dirime en Madrid porque los videos y audios de todas las declaraciones y juicios que se celebran por toda la geografía nacional se graban, almacenan y conservan en los servidores ubicados geográficamente en la capital, concretamente en la sede de esa dirección general. “En este caso de divorcio están pasando cosas realmente muy extrañas”, se lamenta Pablo.