El pasado 8 de agosto de 2022 arrancó el juicio que determinará próximamente los cargos a los que Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, se enfrenta por el asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano. Según las autoridades tailandesas, Sancho ha sido acusado formalmente de los delitos de asesinato premeditado, ocultamiento de un cadáver, y destrucción de pruebas.
Sancho confesó haber “empujado” y desmembrado a Arrieta en un incidente que se habría producido en la isla de Koh Pha Ngan, en Tailandia, pero el chef español ha negado en todo momento que hubiese planificado el asesinato y atribuye la muerte a un forcejeo: “Soy inocente, la muerte de Edwin llega porque me atacó e intentó violarme. Intenté evitar la pelea”, afirmó en su alegato final.
Un antecedente español con pena de muerte
El asesinato premeditado es uno de los cargos más graves, y en Tailandia puede conllevar la pena de muerte o cadena perpetua. En Tailandia había, según cifras oficiales comunicadas a Amnistía Internacional, 195 personas condenadas a muerte al concluir 2022, si bien desde 2018 no se ha ejecutado dicha pena. No obstante, el ocultamiento de un cadáver y la destrucción de pruebas agravan la situación legal de Sancho, ya que son intentos de encubrir el crimen, lo que podría influir en la severidad de la sentencia.
El único antecedente español al que se le habría sentenciado a pena de muerte en Tailandia es Artur Segarra, que a día de hoy cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Bangkok por los delitos de asesinato y descuartizamiento de su compatriota David Bernat en 2016. Segarra fue condenado a la máxima pena en aquel año, pero el monarca de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, le otorgó un perdón real y su pena se vio reducida a cadena perpetua.
La asistencia de Exteriores en los juicios en el extranjero
El ministerio de Asuntos Exteriores explica que el personal consular de las Embajadas y Consulados españoles atiende a los presos españoles “desde el momento de la comunicación de su detención”, procurándoles no sólo información y visitas asiduas, sino también haciendo un seguimiento continuado de su situación.
A aquellos presos que están detenidos en cárceles con condiciones sensiblemente inferiores a las españolas, como es el caso de las cárceles en Tailandia, las Oficinas Consulares les entregan una ayuda económica mensual, para que puedan cubrir sus necesidades básicas.
Es por eso que, de ser declarado culpable, Daniel Sancho podría pedir una ayuda económica de un máximo de 150 euros al mes siempre que su familia o allegados no puedan proporcionarle ayuda. Según datos de la abogacía Española, el número de españolas y españoles presos en países de todo el mundo se sitúa en 756 hombres y 99 mujeres, lo que asciende a un total de 855 personas.
Exteriores recuerda que los españoles residentes e el extranjero o de visita en otro país están sometidos a las leyes del mismo y, si quebrantan sus normas, pueden ser juzgados y condenados a penas de prisión allí.