Orden de desahucio para una madre y sus dos hijas menores que viven en una vivienda social en Orcasitas (Madrid)

Una orden de desalojo obliga a Anaís y sus dos hijas, una de ellas con apenas 2 años, a abandonar la vivienda en la que llevan viviendo toda su vida. La abuela, la titular del contrato de alquiler social, murió, dejando a las tres sin la protección que tenían con la casa que la dio la Agencia de Vivienda Social (AVS). Tras la muerte de la abuela, Anaís ha intentado regularizar su situación por medio de la subrogación al alquiler social en numerosas ocasiones. Sin embargo, la AVS se ha negado constantemente a ayudar sin dejar ninguna alternativa habitacional para la madre y sus dos hijas, más que dejarlas en la calle.

La Plataforma de Afectado por la Hipoteca un Stop-Desahucio ha pedido unir fuerzas este viernes 9 de agosto, a las 8:30 en el barrio de Orcasitas. El objetivo es parar el desahucio de esta familia en situación de dependencia total de la ya fallecida abuela de las menores. Desde 1992, Anaís ha nacido y vivido toda su vida en esta vivienda pública. Sus hijas, también han nacido y vivido durante su corta vida allí.

Por tanto, para mantener su derecho a techo y que sus hijas no se vean aún más perjudicadas, desde PAH Leganés han convocado este viernes 9 de agosto del 2024 a las 8:30 en Avenida Orcasur, 67, en Madrid.

Según detalla la página web de la Comunidad de Madrid para alquilar una vivienda de la Agencia de Vivienda Social, la normativa establece que, en situaciones de especial necesidad o emergencia social, se deben tomar medidas excepcionales para garantizar que las familias vulnerables no queden desamparadas.

En 2023, el total de pisos vacíos en nuestro país llegaba a los 4 millones, casi un 14% del total. En 2024, entre enero y marzo el número total fue 7.424 desahucios, lo que supone un 12,8% más que el trimestre pasado.

El Instituto Nacional de Estadística califica como vivienda vacía aquella que no dispone de contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo total registrado en el año anterior ha sido menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año. Cataluña, con 1.870, es la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos durante el primer trimestre, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunidad Valenciana, con 1.037, y Madrid, con 725.

Han sido numerosos los casos que hemos vivido de desahucio, algunos especialmente graves, como la gente que arriesga todo en busca de una vida mejor o avariciosos que no dejan vivir en sus casas si se retrasa el pago del alquiler, a pesar de tener un bloque entero de viviendas a su nombre.

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid ha sido objeto de críticas por sus políticas de desalojo, especialmente en casos que involucran a familias vulnerables. La AVS es la entidad responsable de la gestión de viviendas públicas en la región, encargada de adjudicar y supervisar los contratos de alquiler social. Sin embargo, diversas organizaciones y afectados han denunciado que sus prácticas no siempre protegen adecuadamente a los más necesitados.

Los requisitos para conseguir una adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social por Emergencia Social son los siguientes: personas en grave dificultad en las que concurra alguna situación de emergencia social en los términos previstos en la Orden de 24 de octubre de 2016, y en el Decreto 52/2016, de 31 de mayo.

Se consideran situaciones de emergencia social los desahucios por consecuencia de la pérdida sobrevenida de ingresos con fecha de lanzamiento inminente, o bien cuando se haya producido en los tres meses anteriores. También cuando se resida en infraviviendas, cuando concurran situaciones de dependencia o problemas de salud graves. Y por último, en acontecimientos extraordinarios tales como atentados terroristas, derrumbe de edificios, etc.

Siguiendo con los requisitos que debemos cumplir, estos son los que detalla la Comunidad de Madrid: ser mayor de edad o menor emancipado, contar en la unidad familiar con ingresos familiares anuales máximos de 1,5 veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, no ser titular, ni el interesado ni ninguno de los miembros de la unidad familiar, del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional En los casos de desahucio, disponer de título legal de ocupación de la vivienda y para terminar, Manifestar el compromiso de adherirse al programa de acompañamiento o inserción social y/o laboral.