Eliminar el déficit fiscal que exige el independentismo haría que Cataluña esté un 85% mejor financiada que la media

Cataluña tuvo en 2022, último año con datos disponibles, una financiación efectiva a competencias homogéneas de 25.912 millones de euros, según los cálculos de Fedea a partir de los datos de liquidaciones de Hacienda. Esta cantidad se encuentra en la media de las comunidades autónomas del régimen común (con un índice de 100,9) si se compara el dinero al que toca cada región por unidad de necesidad, pero es un importe inferior al que Cataluña aporta al sistema de financiación autonómica (28.000 millones) como consecuencia de su elevada renta per cápita. Al igual que Madrid y las Islas Baleares, Cataluña es una de las regiones que permiten la redistribución de recursos a territorios más pobres.

El independentismo catalán tiene la exigencia histórica de eliminar este supuesto agravio y para ello han calculado las balanzas fiscales con una metodología que aflora un déficit anual de 21.982 millones de euros entre lo que Cataluña aporta al Estado y lo que recibe. En esas balanzas fiscales se incluyen no solo los recursos repartidos por el sistema de financiación autonómica (SFA), sino también otras partidas como la inversión del Estado en las infraestructuras regionales, una cantidad que se fija en los Presupuestos, pero que rara vez se termina ejecutando al completo fuera de Madrid. Al igual que sucede en el SFA, lo esperable es que las comunidades autónomas en las que se concentran más personas ricas tengan déficits en sus balanzas fiscales para compensar a las que están por debajo.

El economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, calcula en un documento publicado este miércoles cuáles serían las implicaciones financieras de eliminar ese supuesto déficit fiscal calculado por el independentismo a través del nuevo sistema pactado entre el PSC y ERC para investir president de la Generalitat a Salvador Illa. Según los cálculos de De la Fuente, eliminar el citado déficit de máximos implicaría que Cataluña pasara a estar un 85% mejor financiada que la media de comunidades autónomas del régimen común, quedando en una situación muy similar a las posiciones relativas de País Vasco y Navarra.

En este escenario de máximos, Cataluña pasaría de tener una financiación efectiva de 25.912 millones anuales a disponer de 47.912 millones. Esta cantidad sería la resultante de restar a los ingresos tributarios de la Generalitat (que pasarían a ser el 100%) la cantidad fijada en el cupo y la cuota de solidaridad que funcionarían como contraprestación al Estado, de manera similar al convenio navarro y el concierto vasco. En concreto, Cataluña pasaría de recaudar 28.000 millones a recaudar 58.357 millones y haría una aportación de 10.445 millones por los servicios del Estado en la región y para la solidaridad interterritorial.

Además de llevarse una financiación superior, Cataluña aportaría menos al Estado. Este dejaría de contar con la contribución neta actual al SFA (2.088 millones) y dejaría de recaudar impuestos en esa comunidad autónoma por un importe de 30.357 millones. Esto suma 32.445 millones, una cantidad muy inferior a la que Cataluña aportaría en el cupo y la cuota de solidaridad (los citados 10.445 millones). En resumen, si se concediera totalmente la reivindicación independentista, Cataluña solo aportaría al sistema común un 32% de lo que aporta actualmente y recibiría un 85% más.

No obstante, Fedea considera que el escenario más factible es uno intermedio, donde la financiación de Cataluña se eleve entre un 25% y un 50%, lo que ya la situaría “claramente por encima” de cualquier otra comunidad no foral. La Rioja, comunidad autónoma mejor financiada actualmente por el SFA, se encuentra un 17,5% por encima de la media. Este escenario intermedio supondría “eliminar” un déficit fiscal de entre 6.600 millones y 13.200 millones en lugar de los casi 22.000 que se reivindican y reduciría la aportación de Cataluña al Estado entre el 80% y el 59% de la cantidad actual.

El documento advierte de que todos estos cálculos son muy preliminares dada la falta de concreción del texto del acuerdo y el estado inicial del mismo. Lo que se evidencia claramente es que “el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación catalana, tendrá que salir de algún sitio”, reflexiona De la Fuente. “Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos”, señala.