Un miércoles 7 de agosto pero de 1996, hace 27 años, una enorme tromba de agua arrasó el camping Las Nieves de Biescas, en Huesca, dejando 87 personas fallecidas y decenas de heridos. Bastaron tan solo 8 minutos de tormenta para que caravanas, coches y tiendas de campaña quedaran destrozadas a consecuencia de la enorme ola de fango y piedras que se generó en el barranco de Arás, una tragedia que pudo ser evitada si se hubiera considerado el informe técnico que desaconsejaba construir esas instalaciones turísticas en una zona inundable.
Sergio Murillo, que entonces tenía 16 años, sobrevivió a la riada, pero perdió a sus padres, a su hermana de 11 años y a su hermano de 10. Él tuvo la suerte de quedar encallado entre las ramas de un árbol junto a la orilla del cauce del barranco y una persona le sacó del agua. “Yo no podía salir por mí mismo porque estaba herido, desnudo, apaleado. No sé quién me ayudó, pero al igual que mucha gente, esa persona también estaba buscando a su familia”, cuenta a Infobae España Murillo, quien a pesar de los años tiene “grabado a fuego” ese día en su memoria. “Pasé la noche en el hospital y cuando me desperté a la mañana siguiente, una persona que no conocía me notificó que habían encontrado los cuerpos de mi familia”.
El hecho de ser tan joven y “tener un proyecto de vida” le ayudó a seguir adelante, sobre todo estudiar una carrera que le convirtió en arquitecto, si bien “la rabia y la indignación” también le sirvieron para iniciar un proceso judicial y luchar para que esta tragedia no quedara impune. “Esas han sido las dos piedras angulares de mi energía”, asegura al otro lado del teléfono desde Pamplona, donde reside junto a su mujer y sus tres hijos.
Esa lucha por parte de los afectados tuvo sus frutos casi una década después, cuando la Audiencia Nacional condenó a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Gobierno de Aragón a indemnizar con más de 11 millones de euros a las víctimas de la riada. Sin embargo, esa victoria tuvo un sabor amargo, pues “se condenaba a un ente abstracto” y no a los responsables con nombres y apellidos que propiciaron la tragedia al permitir que se construyera un camping en un lugar que constituía un peligro para quien acampara allí.
“Cuando la condena es a un ente público, lo pagamos entre todos. Los verdaderos culpables han quedado impunes y su culpa se ha disuelto entre todos los contribuyentes. Es un poco la espinita que tenemos clavada”, asegura Murillo. En ese sentido, considera que el primer culpable “fue el promotor del camping”, si bien quedó exonerado al “no haber tenido una intervención causa-efecto” con la tragedia, al igual que ocurrió con el Ayuntamiento de Biescas por no tener competencias esenciales sobre la ubicación y apertura de las instalaciones.
Un funcionario advirtió del riesgo
La Audiencia Nacional también constató en su sentencia que la autorización del camping se concedió a pesar de que el ingeniero Emilio Pérez Bujarrabal había realizado dos informes advirtiendo de que existía un peligro, puesto que se ubicaba en el cono de deyección del torrente de Arás donde se acabaron acumulando los materiales que el agua fue destruyendo. “A pesar de esos informes, la estratagema que utilizaron entonces fue volver a solicitar un permiso nuevo sin que se hiciera un informe técnico y ahí sí se concedió el permiso para hacer el camping”, relata, aunque “esa negligencia no se ha podido probar”.
A pesar de que las administraciones “se posicionaron en contra de los afectados durante todo el proceso judicial”, por otro lado destaca el apoyo que siempre tuvieron de la opinión pública en la prensa y de los colectivos sociales, además de amigos y conocidos. “En ese sentido siempre hemos estado muy arropados”, reconoce.
Cambio en las normas de los campings
Asimismo explica que más que una indemnización económica, “lo que buscaba era un resarcimiento moral” y, aunque eso “no lo ha podido conseguir al 100%” y a día de hoy cree que no se ha hecho justicia, sí ha podido lograr otro objetivo: evitar que la tragedia se repita, pues a raíz de lo ocurrido en Biescas se modificaron las normas del sector del camping en España. “La consecuencia de la especulación tiene unos límites y no son los económicos, sino los que impone la propia naturaleza. Creo que después de esto ningún camping se ha instalado en zonas peligrosas”.
Murillo, que ahora dedica casi todo su tiempo a la crianza de sus hijos y al trabajo, asegura que los 7 de agosto prefiere “estar en familia y desconectar”, aunque reconoce que también tiene sus “momentos de introspección”. Desde 2016 esta localidad del pirineo aragonés cuenta con un Memorial que recuerda a las víctimas que perdieron la vida.