La vida de Zohra tras ser desahuciada en Madrid: “Tenemos que dejar el centro de acogida y nadie nos alquila una habitación con un hijo”

Cuando Zohra decidió dejar Marruecos en 2001 para emigrar a España en busca de un mejor futuro, sabía que sería un camino complicado, pero nunca imaginó que después de tanto esfuerzo y años trabajados limpiando casas se quedaría en la calle junto a su marido y su hijo menor de edad. A sus 60 años, en lugar de estar planeando su jubilación, la angustia ocupa toda su mente porque no sabe dónde van a vivir cuando el próximo 24 de agosto tengan que abandonar el centro de acogida de emergencia en el que están alojados desde que hace un par de semanas les desalojaron de la casa en la que llevaban viviendo más de una década en el barrio madrileño de Lavapiés. A pesar de que el Real Decreto vigente les protege, Zohra y su familia no tienen dónde ir.

Su situación es especialmente compleja. Zohra, operada de ambas rodillas, y su marido, que tiene una discapacidad de más del 50%, carecen de empleo y apenas cuentan con 850 euros mensuales de la pensión y una pequeña cantidad del Ingreso Mínimo Vital. Un presupuesto que no solo es insuficiente para alquilar un piso en Madrid -aparte de que no cumplen con unos requisitos cada vez más exigentes por parte de caseros y agencias- sino que encontrar habitación también les está resultando misión imposible.

“He visto habitaciones por 400 euros, pero todos me dicen que no porque no quieren niños, solo parejas. Nadie nos alquila una habitación con un hijo”, dice Zohra a Infobae España mientras entrelaza sus manos pintadas de henna y explica que desde 2018 ha tratado, sin éxito, de acceder a una vivienda social. Es mediodía y el sol cae a plomo en un parque con escasos árboles y ni rastro de césped cercano al Centro de Emergencia Temporal Las Caracolas, en Villa de Vallecas, un recurso que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid en 2020 -y que, en principio, funcionará hasta finales de 2026- para alojar a personas o familias en situación de emergencia social y a solicitantes de asilo y donde la familia de Zohra se encuentra desde que el pasado 24 de julio fue desahuciada, si bien solo puede quedarse durante un mes como máximo.

Se trata de un complejo con 300 plazas distribuidas en 32 construcciones prefabricadas donde los usuarios, lamenta, no pueden recibir visitas. “Mi hijo me dice que esto parece una cárcel. Estamos tres familias en una misma casa -cada una en una habitación- y aquí no puede jugar. Echa mucho de menos a sus amigos y vecinos porque en nuestro bloque vivía más gente de Marruecos y hacía vida con ellos”, explica angustiada aunque con una voz serena. Además, en apenas un mes dará comienzo el curso escolar y Zohra aún no sabe cómo se las apañarán para que el niño vaya al colegio al que siempre ha acudido en Lavapiés. Solo tienen claro que a finales de agosto se quedan en la calle. “En unos días no tendremos dónde ir”.

A pesar de que Zohra tiene dos hermanas viviendo en España, una en Madrid y otra en Baleares, tampoco pueden ofrecerle un lugar donde quedarse, porque ellas también tienen sus propios problemas, asegura, y tratan de sacar adelante a sus respectivas familias.

El piso en el que Zohra vivió durante más de 10 años en “condiciones deplorables”, pues la casa tenía infestaciones de cucarachas y problemas estructurales graves como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua, pertenece a un propietario que posee otras 27 viviendas, tal y como denunció el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, pero un juez ordenó el desahucio tras argumentar que no se pudo demostrar que el arrendador tuviera esas propiedades. Es más, Zohra asegura que en ese mismo bloque había viviendas vacías, pero el dueño nunca estuvo dispuesto a alquilarlas. “Solo quería echarnos a todos”, resume.

Su caso evidencia que los desalojos de personas vulnerables se siguen produciendo en España a pesar de que el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia y está en vigor hasta diciembre de este año, incluye la suspensión de desahucios precisamente para la población con menos recursos.

“En España se producen más de 80 desahucios al día, la gran mayoría debido a las subidas del precio del alquiler, porque ya no nos podemos permitir pagar nuestras casas”, señala a este periódico Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. A esta cifra, además, hay que añadirle los llamados “desahucios invisibles”, aquellos en los que los inquilinos se acaban yendo “porque ya no aguantan más en sus casas debido a las pésimas condiciones, como era el caso de Zohra, o porque no quieren renovarte el contrato de alquiler para poder convertir el piso en una vivienda turística”, añade.

Esto ocurre, sostiene, porque “el rentismo y la especulación inmobiliaria se han normalizado, de forma que el casero tiene todo el poder sobre tu vivienda”. “Al final vemos que las leyes están hechas de tal manera que siguen permitiendo que la especulación gane y que los jueces tienen esa capacidad de retorcer la ley de mil formas para justificar no aceptar informes de vulnerabilidad. De hecho, tenemos claro que el desahucio de Zohra fue ilegal, pero ahí la comisión judicial tenía claro que tenía que defender al casero, como lo tenía claro el juez y la policía”, asegura la portavoz de este sindicato que defiende el derecho a tener una vivienda digna.

En ese sentido, Racu también critica el reciente acuerdo al que han llegado la organización de ultraderecha Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para dar formación en defensa personal a 30.000 agentes, pues, a su juicio, demuestra cómo este grupo y las fuerzas de seguridad del Estado tienen la misma visión hacia la vivienda de que “no tenemos derecho a quedarnos en nuestras casas”. Por su parte, el Ministerio del Interior está considerando la posibilidad de abrir un expediente e impugnar dicho acuerdo.

Mientras tanto, a Zohra y su familia se les acaba el tiempo y solo tienen presente una misma pregunta: “¿Dónde vamos a vivir?”.