Interior no encuentra ninguna empresa que le traslade para su destrucción las veloces y peligrosas narcolanchas decomisadas en el mar

La adjudicación se ha quedado desierta. Es decir, ninguna empresa se ha querido presentar. El Ministerio del Interior empezó a licitar en junio un contrato para que firmas privadas especializadas le ayudaran a transportar las peligrosas y veloces embarcaciones que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado decomisan a los traficantes de droga, las conocidas como narcolanchas. El contrato, valorado en 130.600 euros con las posibles prórrogas, estaba dividido en dos lotes. Uno para las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, las zonas más calientes del narcotráfico. Y otro para las provincias de Málaga, Granada y Almería. Pero no ha habido suerte.

Es habitual que cuando Policía Nacional, Guardia Civil o Vigilancia Aduanera realizan actuaciones contra el crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas y personas, las bandas se sirvan de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, consideradas ilegales desde octubre de 2018 (no se pueden construir en España). “Las mismas suponen un problema añadido a la labor policial”, reconocen desde Interior, ya que conllevan un riesgo para la seguridad de los agentes. De hecho, una de estas embarcaciones acabó en febrero de este año con la vida de dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz, cuando la lancha les pasó por encima a gran velocidad.

“Actualmente, el depósito de las mencionadas embarcaciones intervenidas supone un grave problema de condiciones de seguridad, por lo que es necesario trasladarlas a instalaciones adecuadas o depósitos habilitados a tal efecto por la correspondiente Autoridad Judicial”, reza la memoria justificativa del contrato, hasta obtener los permisos necesarios “para su destrucción durante ese periodo de espera”. El problema es que la Secretaría de Estado de Seguridad “no cuenta con medios materiales ni personal cualificado para realizar este tipo de servicios relacionados con el movimiento de embarcaciones utilizadas en actividades ilícitas, por lo que es necesario contratarlo con empresas especializadas y que cuenten con todas las autorizaciones administrativas que requiere la prestación del servicio de recogida, traslado, rescate o reflote”. Hay que destacar, recalcan desde Interior, que “en ocasiones estas embarcaciones se encuentran en lugares de difícil acceso o en el agua” y su traslado “requiere de medios especializados para realizarlo”.

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El servicio puede incluir el desmontaje de los motores, ya que la mayoría de estas embarcaciones llevan varios, explican desde Interior. La verdad es que el ministerio solicitaba un servicio bastante complicado: la recogida y traslado de las narcolanchas intervenidas desde el lugar de su incautación hasta la su transporte a un depósito autorizado. En ocasiones las embarcaciones se incautan en playas y zonas costeras de difícil acceso, por lo que es necesario utilizar retroexcavadoras. Otras están en el mar, ya sea atracada o hundida, por lo que se requiere de máquinas que ayuden a su reflote con grúas autopropulsadas. Sin olvidar que también hay que gestionar el combustible que porta la embarcación para evitar problemas medioambientales provocados por un posible vertido del mismo al agua.

¿Y cuánto estaba dispuesto a pagar Interior por este servicio? Los precios fijados en el pliego de condiciones técnicas revelan que el servicio de traslado está valorado en 300 euros, a los que había que sumar dos euros por kilómetro recorrido. Por el servicio de rescate (sacar la embarcación, por ejemplo, de una playa) se iba a abonar 1.200 euros, y 1.000 euros por el de reflote. ¿Cómo son estas potentes narcolanchas? Expertos consultados de la Brigada Central de Estupefacientes de la UDYCO Central de la Policía Nacional señalan que casi siempre son “embarcaciones neumáticas semirrígidas, en su mayoría de entre 12 y 16 metros de eslora por 2,5 metros de manga”. Los motores –hasta cuatro– que llevan pueden estar entre los 250 y los 450 cv de potencia cada uno, con un consumo medio de entre 50 y 60 litros de combustible a la hora, “por lo que con frecuencia portan en sus travesías con numerosos bidones de combustible o incluso se les realizan modificaciones en el casco para albergar mayores depósitos de gasolina de hasta 5.000 litros”. Cada uno de esos motores tiene un valor aproximado por encima de los 30.000 euros. “Y permiten alcanzar velocidades superiores a los 60 nudos (más de 111 km por hora)”, explican desde la Brigada Central. La capacidad de carga de estas narcolanchas suele estar en torno a las tres toneladas.

Andalucía se ha convertido en la frontera sur de Europa por donde entran miles de kilos de hachís y cocaína cada año. Por eso, en julio de 2018 se puso en marcha el I Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar –circunscrito solo a esa comarca gaditana–, más refuerzos policiales y medios para perseguir a los narcos que habían convertido el Estrecho en su territorio. En julio de 2020, Interior decidió prorrogar el plan especial del Estrecho y amplió los territorios de aplicación a la totalidad de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Los narcos, muy perseguidos en la zona del Campo de Gibraltar, ampliaron sus rutas de tráfico. En marzo de 2022 se puso en marcha el III Plan, que volvió a ampliar las zonas de operaciones a Almería, Sevilla y Granada. En diciembre se aprobó el IV Plan, que durará hasta diciembre de 2025.

Desde julio de 2018 y hasta diciembre de 2023 (últimos datos disponibles), Policía Nacional y Guardia Civil han incautado 1.668 toneladas de droga: de las que 1.452 fueron de hachís; 106,7 toneladas de cocaína; y 109,7 toneladas de marihuana u otras drogas. A estas cifras hay que añadir los 1,07 millones de plantas de marihuana decomisadas. Además, la presión policial ha permitido confiscar 9,58 millones de cajetillas de tabaco y 97,2 millones de euros en metálico. En el marco de esas actuaciones, 19.907 personas han sido detenidas o investigadas por delitos de narcotráfico o contrabando. Además, se han intervenido 7.190 medios de transporte: 5.760 vehículos terrestres, 1.421 marítimos (muchas de ellas narcolanchas) y 11 aeronaves.