“Gitanos o traficantes de ganado”: el término de esta ley aprobada en 1905 que el Defensor del Pueblo le pide ahora al Gobierno retirar

El Reglamento sobre el régimen de las reses mostrencas o extraviadas fue aprobado mediante un real decreto en 1905 y sigue en vigor. El Defensor del Pueblo pide ahora al Gobierno que retire términos discriminatorios de un texto que habla de los animales incautados por la Guardia Civil a “gitanos o traficantes de ganado”.

El actual alto comisionado, Ángel Gabilondo, ha dirigido esta recomendación al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tras recibir una queja por la redacción del artículo 2 del reglamento.

El texto, se señala en el mensaje, realiza una equiparación de las personas de etnia gitana con los traficantes de ganado, lo que contraviene el artículo 14 de la Constitución española, y resulta incompatible con el objeto de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Frente a quienes puedan argumentar que el citado artículo está desfasado o no se aplica por ser discriminatorio, el autor de la queja alertó de que debe reproducirse en edictos y pregones municipales cuando se encuentran reses mostrencas en un término municipal, lo que perpetúa esa visión negativa sobre los gitanos.

Según el citado reglamento, “son reses mostrencas las cabezas de ganado caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, cabrío o de cerda, que en cualquier número y sin dueño conocido se encuentren en el campo, en las poblaciones, en las vías pecuarias o en otro sitio público abandonadas”.

El polémico artículo 2 establece que “las reses cogidas por la Guardia civil o las autoridades, en cumplimiento de la Real orden de 8 de septiembre de 1818, a los gitanos y traficantes de ganado en las ferias y mercados, sin documento que acredite la legítima posesión y sin que sea conocido su verdadero dueño, se considerarán mostrencas y se regirán por este reglamento”.

El Defensor se dirigió primero al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y este departamento le respondió que, sí, que “el tenor literal de la disposición” era discriminatorio y que debería derogarse, pero le proponía trasladar la cuestión a Justicia para que estudiara el caso.

Procedió entonces a informar del caso a la Secretaría de Estado de Justicia, que también estuvo de acuerdo, pero le indicó que no ostentaba competencias para proponer la derogación de un artículo sobre ese tema.

Tras revisar la normativa que regula la estructura y las competencias del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor ha decidido dirigir su recomendación final a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, encargada de coordinar los asuntos de relevancia constitucional y el programa legislativo del Gobierno.

En relación con este esfuerzo por evitar la histórica discriminación al pueblo gitano, el pasado mes de julio se celebró en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la conmemoración del Samudaripen, un memorial con el que se rinde homenaje a las más de medio millón de personas de etnia gitana que fueron perseguidas, confinadas y asesinadas durante el Holocausto de la II Guerra Mundial.

El titular de la cartera, Pablo Bustinduy, defendió que “debemos tomar partido en las demandas del pueblo gitano” y, por ello, ha recordado y se ha sumado a una petición histórica de los colectivos gitanos: cambiar el nombre de la calle Marqués de la Ensenada en Madrid.

El Marqués de la Ensenada fue el artífice de “La Gran Redada” de 1749 y que fue un intento de exterminio del pueblo gitano en España, a través de la persecución y el encarcelamiento de más de 9.000 personas del pueblo romaní. Muchos de ellos murieron debido a las terribles condiciones de las prisiones y a los trabajos que se veían obligados a hacer de manera forzosa.

El ministro ha expresado que “es incomprensible que una calle honre al responsable de lo que hoy se puede considerar como crímenes contra la humanidad”. Bustinduy ha reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, seguir el ejemplo de ciudades como Lleida o Cádiz, que ya retiraron de su callejero este nombre.