La Policía Nacional ha detenido a seis personas, un hombre y cinco mujeres, que hicieron un simpa en un restaurante de Ibiza, negándose a pagar la cuenta de 12.291 euros de la cena que habían consumido, según ha informado Efe.
Los detenidos son un hombre británico de 77 años y cinco mujeres de entre 24 y 39 años, dos argentinas, una griega y dos polacas, y están acusados de un presunto delito de estafa.
La séptima persona
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un restaurante en Ibiza, donde las seis personas tuvieron una copiosa cena, acompañada de bebidas alcohólicas. Tras terminar, recibieron la factura en la que se indicaba que debían pagar 12.291 euros por todo lo que habían consumido, pero se negaron a abonarla.
Los empleados del restaurante decidieron entonces avisar a la Policía Nacional, que se personó en el local. Allí los agentes se entrevistaron con los trabajadores que les indicaron que los seis clientes se negaban a hacerse cargo de la cuenta, aludiendo a una supuesta invitación de una séptima persona que se había marchado del restaurante hacía escasos diez minutos.
Según los detenidos, esta persona les había reservado la mesa y les había invitado a cenar, por lo que se negaban a pagar la cuenta, sin dar más explicaciones, “siendo supuesta argucia evasiva” utilizada en ocasiones para eludir abonar la factura. Los agentes, al ver todo lo sucedido y una vez practicadas las gestiones, procedieron a la detención de las seis personas por un presunto delito de estafa.
Delito de no pagar en un restaurante
Salir de un restaurante sin pagar, comúnmente conocido como hacer ‘un simpa’ constituye un delito de estafa y no existe normativa alguna que contemple este derecho para el consumidor.
El acto de abandonar un establecimiento de servicio sin cumplir con el pago de lo consumido, aunque pueda parecer una opción ante situaciones específicas de descontento, conlleva serias consecuencias legales. Según la ley vigente, no abonar la cuenta es considerado un delito de estafa, por lo que los clientes tienen una responsabilidad legal de pagar por los servicios y productos recibidos.
Al no abonar la cuenta en un restaurante, el comensal incurre en una falta contra el patrimonio del establecimiento, pudiendo afrontar tanto responsabilidades penales como civiles.
Irse de un restaurante sin pagar podría calificarse como un delito de hurto o estafa, dependiendo del Código Penal aplicable en la jurisdicción. La tipicidad de la conducta, la antijuridicidad material y la culpabilidad son elementos clave para establecer la responsabilidad. En casos donde el monto del hurto es significativo, la policía podría intervenir y se podría presentar una denuncia ante juzgados cívicos o penales.
Las sanciones penales pueden incluir prisión en casos extremos y siempre dependiendo de loa legislación local, pero lo normal es que se quede en una multa, calculada en proporción al valor hurtado.
En la esfera civil, el gerente o personal del establecimiento tiene derecho a reclamar el importe adeudado. Esta reclamación puede conllevar el pago de daños y perjuicios y, en ocasiones, la firma de un pagaré como compromiso de pago.
Últimas Noticias
“Durante más de un siglo, esta tienda ha sido parte de la vida de muchas familias”: la juguetería Bazar Arribas dice adiós
El negocio familiar cierra sus puertas tras más de 100 años en la Plaza Mayor de Madrid
Los precios de las torrijas precocinadas esta Semana Santa en Mercadona, El Corte Inglés, Día y Alcampo
La OCU ha analizado todas las torrijas preparadas de los supermercados españoles, buscando las ganadoras en sabor y también en relación calidad-precio
La moderna casa de Jordi Cruz en Barcelona: dos cocinas, estética minimalista y tonos cálidos
El cocinero, que consiguió su primera estrella Michelín con 26 años, ha creado un hogar junto a su mujer y sus dos hijos
Felipe de Edimburgo tuvo cáncer de páncreas los ocho años anteriores a su muerte
La biografía de Hugo Vickers desvela que el duque habría sido diagnosticado en 2013, un hecho que nunca se hizo público
El Supremo marca jurisprudencia y avala que un periodo de incapacidad temporal cuenta para poder renovar el permiso de residencia y trabajo
El caso gira en torno a una ciudadana extranjera que trabajaba como limpiadora en Asturias y que las autoridades le negaron este permiso por “falta de actividad laboral suficiente”
