‘La pela es la pela’: la nueva financiación para Cataluña prende la mecha en el PSOE que no ardió con la amnistía

Con la financiación autonómica hemos topado. El preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha prendido la mecha en el PSOE. Más allá de las habituales voces críticas, lideradas por Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), distintas federaciones territoriales del partido de la rosa han alzado la voz en los últimos días contra el acuerdo que permite que Cataluña tenga un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común y con una cuota de solidaridad interterritorial.

Frente al silencio decretado en el PSOE, en el PSC y en Moncloa para no desestabilizar la consulta vinculante de la militancia republicana de este viernes (las bases de ERC deciden si hacen presidente a Illa), las reacciones en el seno del partido socialista amenazan con abrir una brecha sin precedentes desde que Sánchez retomara las riendas de la Secretaría General en 2017.

Los avances en “soberanía fiscal” solo están plasmados por ahora en un texto difundido por el partido independentista. Y, aunque ni en Ferraz ni en Moncloa han dado explicaciones, sí han reconocido el acuerdo y lo han avalado y celebrado. El propio Sánchez mostró su satisfacción y defendió que es “un paso en la federalización” del Estado. Esto es “incuestionable” y supone “una muy buena noticia para el sistema político español”, destacó en una comparecencia de prensa para hacer balance del curso político antes de las vacaciones de verano.

A pesar de los intentos del Gobierno de restar importancia y reducir las críticas a las discrepancias habituales expresadas por Page y Lambán –“la noticia sería que Page hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno”, dijo Sánchez–, esta cuestión amaga con abrir un frente en el partido, algo que no llegó a ocurrir con otras polémicas decisiones adoptadas por Ferraz a lo largo de los últimos años. Ni los pactos con EH Bildu ni con los independentistas catalanes, especialmente tras los indultos a los líderes del procés y la amnistía, habían hecho rugir de esta manera a las organizaciones territoriales del partido.

A propósito de la nueva financiación para Cataluña, los barones socialistas no solo se han limitado a criticar o poner en duda el pacto, que ya supone un paso frente al silencio impuesto en otras ocasiones. Y es que después de que el líder castellanomanchego dijera este miércoles que “hasta aquí”, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, pidió a Sánchez que reúna al Consejo de Política Federal del PSOE para que todos los responsables autonómicos del partido dialoguen y definan la postura ante la financiación autonómica. Dicha propuesta, cuya decisión le compete a Sánchez, fue apoyada por Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid.

Además, varias federaciones han amagado con la posibilidad de que sus representantes en el Congreso lleguen a avalar las medidas para Cataluña incluidas en el preacuerdo si llegara a la Cámara Baja en estos términos, un debate que ni siquiera se abrió con la amnistía, los indultos o la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Así lo indicó este jueves el Gobierno asturiano de Adrián Barbón (PSOE).

En concreto, su portavoz y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, advirtió de que tomará las “acciones necesarias” para defender que el modelo de “multilateralidad” y “régimen común” sea el que sirva para reformar el sistema de financiación. Para el Gobierno de Asturias, “este preacuerdo incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña” y, por tanto, la respuesta del Ejecutivo asturiano debe ser “en coherencia” de rechazo a que cualquier comunidad abandone el régimen común a través de un concierto fiscal.

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró que no va “a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses” de su comunidad. “No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro”, añadió en unas declaraciones recogidas por EFE.

Otros barones, aunque de manera más contenida y prudente, han planteado dudas sobre el acuerdo y han hecho valer su posición. El secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, aunque consideró que el acuerdo catalán respeta los principios de “igualdad y solidaridad”, recordó que su comunidad también “está reclamando desde hace muchos años una financiación singular”.

Asimismo, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, subrayó que este pacto “no es el ideal” y defendió un modelo de “cohesión, proyecto común y de igualdad” acorde con “los valores socialistas”. Por su parte, el líder del PSOE andaluz y portavoz del partido en el Senado, Juan Espadas, exigió que su comunidad tenga en este nuevo escenario “las mismas condiciones que pueda tener Cataluña”.

Solo han defendido el preacuerdo la líder del PSOE de la Comunidad Valenciana y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el secretario general del PSOE canario y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, además del líder del partido en Murcia, José Vélez. La presidenta de Navarra, María Chivite, cuya comunidad ya goza de un concierto propio, también ha mostrado su “absoluto respeto” al preacuerdo.

En cualquier caso, la oposición a la nueva financiación para Cataluña trasciende las siglas del partido de la rosa. Al margen del habitual rechazo del PP y sus comunidades autónomas, el pacto entre el PSC y ERC tampoco ha sido plato de buen gusto en la izquierda. Teniendo en cuenta que los puntos del acuerdo relacionados con la financiación estarían supeditados a cambios en normas estatales como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), varios aliados parlamentarios del Gobierno han amenazado con tumbar eventuales reformas que no incluyan las propuestas de otras regiones.

Es el caso de Izquierda Unida, Compromís y la Chunta Aragonesista, formaciones integradas en el grupo parlamentario de Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Su rechazo eleva el riesgo de que las medidas incluidas en el pacto puedan recibir finalmente luz verde.

Sobre la base de este acuerdo, cuyas medidas aún están pendientes de explicarse y concretarse en un texto legislativo, más de 8.500 militantes de ERC deciden este viernes en una consulta si los veinte diputados republicanos en el Parlament avalan al socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Los militantes tienen entre sus manos la posibilidad de adoptar una decisión histórica que cambiaría el rumbo de Cataluña, ya que supondría otorgar la confianza al líder de un partido no independentista, pero con repercusión en el resto del Estado.