Un hombre no recibirá la incapacidad absoluta porque puede hacer tareas de poco esfuerzo pese a su enfermedad cardiovascular y un problema de rodilla

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rechazado declarar la incapacidad permanente absoluta de un encargado forestal que padece una patología cardiovascular, discartrosis severa y rotura del menisco interno. El trabajador ya había sido reconocido con incapacidad total para su labor de capataz en una sentencia anterior de un juzgado social de Ciudad Real.

El empleado, quien había estado de baja por un infarto agudo de miocardio, apeló la sentencia de instancia alegando que no se habían considerado todas sus patologías, especialmente la afección en su rodilla derecha, la cual estaba documentada en una resonancia magnética y en el informe de un perito.

Los magistrados de la Sala Social han basado su decisión en la jurisprudencia, que establece que la invalidez absoluta debe declararse cuando existe una inhabilitación completa para cualquier profesión u oficio. Esto implica no solo la incapacidad de desplazarse al lugar de trabajo y permanecer allí toda la jornada, sino también la imposibilidad de realizar cualquier tarea con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia.

En conclusión, la Sala ha determinado que el actor sufre una patología cardíaca que no le impide realizar tareas livianas o sedentarias, y una afección en la rodilla cuya trascendencia invalidante no está probada. Por lo tanto, ha concluido que no hay base para modificar la sentencia anterior, ya que el recurrente no tiene completamente mermada su capacidad laboral.

La incapacidad permanente es un estado reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el que un trabajador recibe una pensión debido a una disminución significativa en su capacidad laboral, como consecuencia de limitaciones anatómicas o funcionales. Este reconocimiento se basa en el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que establece que la incapacidad permanente generalmente sigue a un período de incapacidad temporal en el que se determina que el trabajador no es apto para su profesión o para cualquier tipo de trabajo.

Para tener derecho a una pensión por incapacidad permanente, es necesario cumplir ciertos requisitos. El trabajador debe estar afiliado a la Seguridad Social o en una situación equivalente. Además, debe existir una condición médica con limitaciones que sean definitivas, irreversibles o sin posibilidad de mejora a corto plazo. Dependiendo de la causa de la incapacidad, se exige un tiempo mínimo de cotización, con excepción de los casos que resultan de enfermedades profesionales o accidentes laborales.

La LGSS distingue varios tipos de incapacidad permanente según su gravedad, como se describe en el artículo 194. Entre ellas se cuentan la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez.

La incapacidad permanente parcial refleja una reducción en el rendimiento laboral del 33% o más sin impedir totalmente el desempeño de la profesión habitual. La indemnización en estos casos es equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora.

En la incapacidad permanente total, el trabajador no puede desempeñar su profesión habitual, aunque puede realizar otras actividades laborales. Este tipo de incapacidad da derecho a una pensión que oscila entre el 55% y el 75% de la base reguladora, dependiendo de la edad del trabajador.

La incapacidad permanente absoluta implica la imposibilidad de realizar cualquier tipo de trabajo. En este caso, la pensión es igual al 100% de la base reguladora.

La gran invalidez representa el grado más severo, en el que además de imposibilitar cualquier actividad laboral, el trabajador requiere la asistencia de otras personas para las actividades básicas de la vida diaria. La pensión en estos casos es similar a la de la incapacidad permanente absoluta, pero incluye un complemento adicional. Las situaciones de incapacidad permanente pueden ser revisadas por el tribunal médico, quien decide sobre su continuidad en base a la evolución de la condición del trabajador.