Abortar sigue siendo difícil un año después de la reforma de la ley: continúa el acoso en las clínicas y hay que recurrir a centros privados

Más de un año después de la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, este derecho sigue sin estar garantizado en la mayoría de comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad aún no ha elaborado el protocolo que regula los registros de objetores de conciencia, mientras que se mantiene el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas, según ha publicado Efe este jueves.

En España, miles de mujeres se ven obligadas a trasladarse a otra provincia para ejercer este derecho, ya que en sus hospitales públicos de referencia no practican abortos. Es más, la mayoría de los que se practican en el país se realizan en clínicas privadas o concertadas, mientras que los registros de médicos objetores brillan por su ausencia.

El pasado mes de marzo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que llevaría “próximamente” al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el protocolo con el que se gestionarán los registros de objetores, que garantizarán un acceso equitativo para que las mujeres elijan dónde interrumpir su embarazo.

El protocolo orientará a las comunidades sobre cómo articular el registro de los profesionales objetores de conciencia, pero de momento este documento está pendiente de elaboración y fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que todavía se encuentran trabajando en él.

En el caso de Madrid, en 2024 18.983 operaciones se hicieron en clínicas privadas, el 99,69% del total. Tan solo se han registrado 59 operaciones de aborto en cuatro hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud. Sin embargo, la financiación pública alcanzó el 70,8% de las IVE, por lo que la presencia de clínicas privadas tiene que ver con un sistema de externalización diseñado por los gobiernos del Partido Popular.

El pasado mes de marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo que blindó el derecho al aborto en su Constitución. No es que la interrupción voluntaria del embarazo fuera una práctica amenazada en el país, donde es legal desde 1975, pero sí lo está en muchos otros lugares del mundo y, desde que en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó este derecho permitiendo a cada estado introducir restricciones o prohibiciones, el parlamento francés optó por protegerlo en su Carta Magna.

La iniciativa fue apoyada tanto por los partidos políticos de izquierda como por la derecha y la extrema derecha en su mayoría, una postura que, a diferencia de lo que ocurre en España, se debe a que la laicidad está arraigada en el país galo desde hace mucho tiempo.

En nuestro país, los de Santiago Abascal llevaron la reforma de la ley del aborto ante el Constitucional al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.

Fue en febrero de 2023 cuando el Congreso aprobó definitivamente la reforma que supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, un aspecto sobre el que el TC no se pronunció en 2023 al resolver el recurso del PP contra la ley del 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.

La reforma también eliminó los tres días de reflexión y blindó el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León.

En declaraciones a EFE, el presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC), José María Domínguez, mantiene que la creación de estos registros obedece no sólo a una necesidad ética, sino también legal.

“La ley señala que se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, pero todavía no se ha puesto en marcha y eso limita los derechos de los médicos a poder manifestarse como objetores de conciencia”, denuncia.

Mientras tanto, y ante la ausencia de registros, Domínguez explica que los médicos objetores comunican a su inmediato superior su postura y los directivos de las áreas sanitarias, conociendo quiénes son los médicos objetores, pueden establecer el modelo organizativo apropiado.

“Mientras no exista el registro oficial, sí es posible a nivel organizativo que aquellos médicos que quieran manifestar su objeción lo comuniquen por escrito a su inmediato superior. De esta manera, se cumplen todos los derechos: el de la paciente a la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho del médico que no quiera participar por razón de objeción de conciencia”.

Por su parte, son varias las comunidades autónomas que han puesto en marcha su propio registro.

La última en hacerlo ha sido Cataluña, que el pasado 11 de junio aprobó un decreto para la creación del registro confidencial de profesionales sanitarios que se declaren objetores de conciencia en la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

A este registro, que no tendrá carácter público, podrán acceder, en el ámbito de sus competencias, los responsables de las direcciones o gerencias de los centros sanitarios autorizados para la realización de interrupciones voluntarias, a fin de gestionar correctamente estas intervenciones.

Canarias lo hizo en marzo con el objetivo de facilitar al Servicio Canario de la Salud la información necesaria para garantizar la adecuada gestión de esta prestación sanitaria, ya que permitirá adecuar los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo.

Las trabas al ejercicio del derecho al aborto se manifiestan también en forma de concentraciones frente a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo que, a pesar de que hace más de dos años se aprobara una ley que penaliza estas actuaciones, siguen sufriendo el hostigamiento de grupos ultracatólicos.

El asesor jurídico de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, relata a EFE el día a día de muchos de estos centros, como algunos situados en Madrid, Córdoba o Albacete, donde la presencia de estos grupos frente a sus puertas es permanente.

“Tenemos un periodo fuerte que son las campañas de los 40 días por la vida y la campaña de Cuaresma, y luego suele venir un pequeño decaimiento conforme va avanzando la primavera y entrando el verano, para incrementarse de nuevo en otoño”, explica.

Desde ACAI reclaman que se establezca un perímetro de seguridad entorno a las clínicas, pues consideran que es la única medida que puede resultar eficaz para acabar con el acoso.

(Noticia elaborada con información de EFE)